La inevitable ampliación del Reinfo

En la pasada edición dominical de El Comercio, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, sostuvo, ante la consulta sobre la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que esta medida era “inevitable” dado que el proceso de formalización aún no ha concluido y que, en ese universo, conviven pequeños mineros artesanales con operadores ilegales.

¿Son conscientes nuestros padres de la patria de lo que implica seguir ampliando el Reinfo sin establecer límites claros ni mecanismos efectivos de control?

Como he señalado en artículos anteriores, ampliar el Reinfo sin exigir el cumplimiento de condiciones mínimas no solo debilita el Estado de derecho, sino que normaliza prácticas que generan graves impactos laborales, sociales y ambientales.

Cabe preguntarse si el Congreso puede garantizar que se respete la vida y la dignidad de las personas que trabajan en operaciones mineras amparadas por el Reinfo. Del mismo modo, resulta legítimo cuestionar si los legisladores están protegiendo adecuadamente a la población frente a los daños ambientales que afectan ecosistemas enteros y la salud de quienes dependen de fuentes de agua hoy contaminadas por estas actividades.

Existen exigencias básicas que no deberían ser materia de debate. Las operaciones inscritas en el Reinfo deben presentar su instrumento de gestión ambiental para la formalización minera para prevenir y controlar impactos ambientales. Deben contar con RUC activo y cumplir con sus obligaciones tributarias. De igual modo, deben garantizar condiciones mínimas de seguridad laboral y presentar sus declaraciones semestrales de producción. El uso de explosivos debe estar estrictamente regulado con fiscalización real que impida su comercialización indiscriminada, pues terminan en manos de delincuentes. Finalmente, el control de sustancias fiscalizadas como el mercurio y el cianuro no puede seguir siendo laxo, ya que su uso irrestricto genera daños irreversibles al ambiente y a la salud pública.

¿Qué garantías ofrece el Congreso de que estas condiciones mínimas serán fiscalizadas y cumplidas?

Resulta preocupante que, bajo el paraguas del Reinfo, se planteen exoneraciones de responsabilidad penal frente a daños causados a las personas y al ambiente. ¿No contradice ello principios constitucionales fundamentales, como el derecho a la vida, a la salud y a gozar de un ambiente equilibrado?

Más grave aún es que la ampliación del Reinfo termine facilitando la destrucción de la Amazonía, la contaminación y el perjuicio directo a poblaciones que dependen de estos ecosistemas para su supervivencia.

¿Es realmente inevitable este camino? ¿O lo inevitable es asumir el costo político de poner límites claros y dejar de proteger, bajo el discurso de la formalización, a quienes generan daño ambiental y social?

El Congreso no puede seguir trasladando responsabilidades al Ejecutivo. Los parlamentarios deben asumir su rol fiscalizador y legislativo. La formalización minera no debe ser una excusa para perpetuar la impunidad.

Esperemos que los parlamentarios actúen a favor de las personas y el medio ambiente de nuestro país. Eso no es inevitable, es su obligación.