Las premiaciones son lo de menos

Los hechos son más o menos los siguientes. El 21 de noviembre, el Ministerio de Cultura anunció a los ganadores del Premio Nacional de Literatura 2024, un galardón con el que el Estado reconoce las obras de ciertos autores peruanos en tres categorías: novela, no ficción y “literatura en lenguas indígenas u originarias”. Hay que mencionar, pues esto cobrará sentido en las próximas líneas, que la elección de los ganadores no depende de un funcionario, sino, como dicta el sentido común, de un jurado conformado por cinco expertos, que en la edición del año anterior eligieron a “El camarada Jorge y el dragón”, del escritor Rafael Dumett, como la mejor novela. Hasta ahí, todo está bastante claro. El enredo empieza a aparecer en los meses siguientes.

Las bases del concurso establecen que este concluye con un “acto de premiación”, cuya fecha tiene que ser comunicada por el Ministerio de Cultura y que, de hecho, en los años anteriores se realizó sin ningún inconveniente. El problema esta vez es que la editorial de Dumett, Penguin Random House, ha venido solicitando que le informen sobre el día y el lugar de la ceremonia, por una razón comprensible: Dumett vive en el extranjero y necesita preparar un viaje, por más corto que sea, con algo de antelación. Dicho pedido, sin embargo, ha sido desoído y más de dos meses después aún no existe fecha oficial para la entrega del galardón.

Dumett ha sido crítico con el gobierno de Dina Boluarte, una característica que no importa –o no debería importar– para el tema que nos ocupa, pero que según algunas versiones explicaría el desplante que viene sufriendo (que, cabe recordar, no es solo contra él, sino contra otros dos ganadores: Mario Vargas Vilca y Carlos Huamán Flores). De ser cierto esto, estaríamos ante un acto profundamente mezquino, pero en modo alguno sorpresivo.

Muchos no lo recuerdan ya, pero apenas en octubre pasado la ceremonia en la que se iba a reconocer al historietista Juan Acevedo como ganador del premio que anualmente otorga la Casa de la Literatura, adscrita al Ministerio de Educación, fue “suspendida hasta un próximo anuncio” debido a una supuesta falta de base legal para el reconocimiento. No importó que durante 15 años este se haya entregado sin problemas. De un día para el otro, las autoridades se dieron cuenta de que la condecoración para un artista que le había dedicado algunos trazos nada elogiosos a la mandataria era inviable.

Por supuesto, la calidad de una novela o la trascendencia de un artista no dependen de un premio en particular. Hay escritores que nunca recibieron ni un reconocimiento municipal y que, sin embargo, han dejado un legado imperecedero entre millones de lectores. Y viceversa. Pero ese no es el punto. Aquí ha habido un maltrato a un grupo de autores a los que se les comunicó que habían ganado un premio y luego se les privó del homenaje correspondiente. Y el hecho de que ambos episodios tengan un denominador común –que es además bastante coherente con un gobierno que premia la lealtad y castiga la discrepancia– invita a pensar que hay algo más que meros funcionarios olvidándose de fijar fechas o descubriendo vacíos legales de forma repentina.

No se trata de simples premiaciones. Estas, de hecho, son lo de menos. Lo importante, pienso, es que un gobierno incapaz de honrar un compromiso adquirido con un artista porque le molestan sus opiniones políticas no solo exhibe una falta de respeto a las nociones más básicas de civilidad, sino principalmente una carencia de esa cualidad tan necesaria para la vida en democracia: la de saber encajar las críticas, por más ácidas que sean.