Estado central y minería(s) informal(es)

En “¿Minando el Estado de derecho? El caso de los mineros informales de oro en el Perú” (“Democracia asaltada”, Rodrigo Barrenechea y Alberto Vergara, eds., Universidad del Pacífico, 2024), la politóloga Zaraí Toledo Orozco llama la atención sobre los grupos extractivistas informales, al mismo tiempo que demanda no tener en mente, al nombrarlos, solo a los “carteles o señores de la guerra”. Pone énfasis en que el poder de los productores informales de oro radica sobre todo “en la capacidad de integrar económicamente a sectores excluidos” (p. 277). A partir de eso, subraya la importancia de que el Estado conozca cómo accionan “sus competidores a nivel subnacional” (p. 278).

Por ejemplo, son sustantivas, explica la autora, las diferencias entre la explotación de oro informal en Madre de Dios y en Ayacucho. En Madre de Dios “hay una minería aluvional (en los ríos) que no requiere una costosa inversión o trabajo en conjunto”. Esta característica ha promovido el desarrollo de “una élite minera que rápidamente pudo concentrar la mayoría de las tierras ricas en oro e incrementar su poder extractivo” (p. 288). La doble concentración de tierras y capital se consolidó con un gran poder de comercialización internacional del oro. El mismo grupo de poder, según Toledo Orozco, ha capturado “puestos políticos subnacionales”. Es una región muy resistente a la formalización y en la que el grupo de poder minero actúa con una elevada impunidad.

En Ayacucho, en cambio, “hay una minería de vetas en rocas subterráneas que requiere un gran nivel de organización para asumir los altos costos de la extracción mineral” (p. 289). Esta particularidad ha alentado la constitución de un alto número de asociaciones locales que cumplen dos objetivos: bloquear los procesos migratorios e impedir que se constituyan actores que “acumulen gran poder, como en Madre de Dios” (p. 289).

Uno de los efectos más importantes y que marcan la diferencia entre una y otra región es que, a pesar de los problemas con la regulación que la autora advierte, en Ayacucho y Puno la formalización ha avanzado –tienen el mayor número de mineros formalizados–, una realidad que ella evalúa como un progreso.

Tomando en cuenta que la minería informal tiene lugar en múltiples y disímiles regiones, urge que el Estado central conozca las particularidades locales y tenga la voluntad política para diseñar una estrategia que promueva con éxito la inclusión social y productiva. No hacerlo es seguir alentando la ilegalidad y promoviendo la violencia.