Las elecciones y el gasto

Además de las elecciones presidenciales, el próximo año también elegiremos a las autoridades de los gobiernos regionales y los municipios provinciales y distritales, los niveles de gobierno en los que, lamentablemente, se concentra gran parte de la ineficiencia e ineficacia del aparato estatal peruano. No hay que olvidar que, aunque un mal presidente puede causar inmediatamente graves daños al país, el efecto acumulado de cientos de autoridades locales sin capacidad y, en muchos casos, sin escrúpulos, puede ir horadando la confianza de la ciudadanía en la democracia y tornarse también perjudicial para la salud de las finanzas públicas.

El Consejo Fiscal (CF) publicó ayer un informe en el que analiza los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre el manejo financiero de los gobiernos regionales y locales. En este, explica que la mayoría de ellos sigue las reglas que limitan sus deudas y sus gastos, pero hay un grupo, pequeño e importante a la vez, que hace oídos sordos desde el 2017 a las limitaciones a sus deudas, específicamente al saldo de deuda total (SDT).

Como detalla el CF, las 26 municipalidades que incumplen esa regla fiscal representan únicamente el 1,4% de los gobiernos locales del país, pero concentran el 20% de todo lo que deben las comunas y los gobiernos regionales.

La reina en esta categoría es la Municipalidad Metropolitana de Lima, que ha más que triplicado su deuda en esta gestión y que acumula un SDT que es casi el cuádruple de sus ingresos, aprovechando que está exenta de esos topes por su calificación crediticia.

Con las presiones para gastar que, como explicó esta semana el Instituto Peruano de Economía, suelen generar las elecciones regionales y locales, con un crédito fiscal cocinándose que seguramente beneficiará a los gobernadores y alcaldes con cercanía al Congreso y con un MEF que ha tirado la toalla en materia fiscal para llegar al 2026, es casi inevitable que el gasto de los gobiernos subnacionales se dispare este y el próximo año.

Según el CF, algo de ese mayor gasto será cubierto con los recursos que la recientemente promulgada Ley 32387 está quitándole a la recaudación del IGV para alimentar el Foncomún. Sin embargo, mirando las cifras nacionales, solo contribuirán a que se sigan deteriorando las finanzas públicas y se horade la fe que aún nos tienen las agencias calificadoras de riesgo y los inversionistas.

Es indispensable que la sostenibilidad fiscal, el manejo responsable de los recursos públicos se convierta en un tema central no solo de las elecciones presidenciales y congresales, sino también de las regionales y locales. Déjenme soñar.