
Este martes en el Semáforo conoce la postura de “El Comercio” sobre tres temas importantes. Primero, la prórroga arancelaria de Trump hasta el 1 de agosto representa un alivio temporal para la economía internacional. Esta extensión brinda respiro a los mercados y permite continuar negociaciones, evitando impactos negativos mayores. Segundo, El Comercio reveló que productoras cancelan conciertos y no devuelven el dinero a 49 mil personas, afectando gravemente la confianza del público peruano en el entretenimiento. Esta práctica abusiva defrauda a quienes ahorraron dinero. Es urgente que Indecopi intensifique la fiscalización. Finalmente, el 2024 marcó el registro más bajo de detenciones de prófugos más buscados, revelando grietas alarmantes en la inteligencia policial y coordinación judicial. Las autoridades deben priorizar presupuesto, tecnología y trabajo articulado para revertir este retroceso y devolver seguridad a la sociedad.
🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO
🟢SALUDABLE PRÓRROGA
La prórroga arancelaria de Trump hasta el 1 de agosto representa un alivio temporal para la economía internacional. Esta extensión brinda a los mercados un respiro y permite que los países sigan negociando, evitando por ahora impactos negativos mayores. Aunque la incertidumbre persiste, la medida otorga tiempo valioso para buscar acuerdos y ajustar estrategias. Es una noticia positiva, aunque no definitiva, que ayuda a estabilizar el comercio global en un contexto de tensiones y volatilidad.
🔴SIN DEVOLUCIÓN
El Comercio reveló que productoras cancelan conciertos y no devuelven el dinero a unas 49 mil personas tras meses o años, lo que afecta gravemente la confianza del público peruano en el sector entretenimiento. Esta práctica irresponsable y abusiva es profundamente lamentable, pues defrauda a quienes ahorraron dinero esperando disfrutar de sus artistas favoritos. Es urgente que las autoridades competentes, especialmente Indecopi, intensifiquen la fiscalización sobre estas empresas.
🔴AÑO SIN MUCHAS CAPTURAS
Que el 2024 marque el registro más bajo de detenciones de los prófugos más buscados revela grietas alarmantes en la inteligencia policial y en la coordinación judicial. Cada prófugo que permanece libre prolonga la impunidad y erosiona la confianza ciudadana. Resulta inadmisible que las redes criminales se fortalezcan mientras el Estado titubea. Las autoridades deben priorizar presupuesto, tecnología y trabajo articulado para revertir este retroceso y devolver seguridad y credibilidad a la sociedad.










