La sospecha no es mala, por Federico Salazar

A pesar de la agitación política y mediática, el gobierno puede y debe respirar tranquilo. No hay ningún tema que ponga en cuestionamiento a los gobernantes.

La oposición fujimorista exige que se investiguen los aportes de los mineros ilegales a la campaña de Ollanta Humala del 2011. Se basa en las declaraciones de un dirigente de esa actividad, Víctor Chanduví.

Se ha pedido que la primera dama, Nadine Heredia, acuda al Congreso para responder sobre el tema. Ella es presidenta del Partido Nacionalista.

Nadine Heredia, sin embargo, no tenía ese cargo en el 2011. Tampoco estuvo a cargo de la administración de los fondos de la campaña. No tiene, pues, desde el punto de vista formal, nada que responder.

Causa confusión, por supuesto, que sea la esposa del presidente y, al mismo tiempo, la presidenta del partido de gobierno. No tiene ninguna obligación, pero sería mejor si ella fuera al Congreso.

Mucho del ruido político en esta gestión gubernamental se debe, precisamente, a la falta de respuesta. A no dar la cara. A creer que solo hay obligaciones legales, y no meramente políticas.

No es distinto el caso en relación a Óscar López Meneses. El presidente de la República no ha querido contestar más sobre el tema. Es una pena, porque él podría desinflar de una vez el globo de la especulación.

Con relación al resguardo policial ilegal e irregular a Óscar López Meneses, hay mucho que aclarar. Nada, sin embargo, lleva al presidente Humala.

La explicación al Congreso y al país corresponde al ministro del Interior. Políticamente es el responsable de la asignación del resguardo policial.

El gobierno tiene que aclarar los entredichos entre el director de la policía y el jefe del Comando Conjunto de entonces. Debieron hacerlo el presidente del Consejo de Ministros o el ministro del Interior. Aun hoy alguien debe hacerlo, y rápido.

La falta de respuestas rápidas y contundentes favorece la especulación, la sospecha y la alharaca política. Tenemos que acostumbrarnos a eso. Es el reflejo que sobrevive a la era montesinista.

Lamentablemente, como lo demuestran casos como el del suspendido alcalde de Chiclayo o el del ex presidente regional de Áncash, la autoridad siempre es sospechosa. Es un prejuicio, pero hay que aprender a convivir con él.

Hay que desvirtuar las teorías conspiracionistas tanto como las denuncias sensacionalistas. “Quieren vacar la presidencia” es tan perjudicial como “Humala recibió aportes ilegales”.

La única forma de recuperar la confianza es afrontando, una y otra vez, las imputaciones. Ninguna autoridad puede hacerse la ofendida por una acusación. Su obligación es responder, no eludir.

En esta cultura de la acusación, hay que exigir, por otro lado, pruebas e indicios. La sospecha no es mala, pero la sospecha prolongada abre grietas en la convivencia política.

Todo ciudadano responsable debe sospechar de la autoridad que lo rige, y toda autoridad legítima, responder.