El régimen peruano sobrevive no gracias a su fortaleza institucional, sino pese a su fragilidad. En el fondo, el Perú no sucumbe por la terrible debilidad de todos los actores, incluyendo aquellos que intentan repartirse cuotas de poder. Dentro de esa manera peculiar de hacer política en el Perú, aparecen actores políticos que son conscientes de su impopularidad y que no buscarán ganar una elección, sino conquistar parcelas de poder que les permitan mantener algún tipo de prebenda tras cámaras. El modelo de esta forma de hacer política a escala nacional es César Acuña y Alianza para el Progreso. Son los actores políticos de la supervivencia prebendaria.
Esta manera de hacer política se ha enquistado hace años en la política subnacional. Son cientos los movimientos regionales que no compiten para ganar la elección, sino para colocar algunos regidores y cobrar dinero para permitir a un candidato acceder a la campaña. A los dueños no les interesa ganar: solo hacer caja y colocar funcionarios en la gestión local o regional.
Acuña sabe que no va a ganar la elección, pero sabe que postular y asegurar una buena cuota de poder es mejor que retirarse de la política. Por eso persevera. Quizá hasta el 2021, el fujimorismo estaba convencido de que podía ganar una elección, pero en pleno 2025 ni siquiera los más enfebrecidos fujimoristas serían tan optimistas. Es la primera vez que Keiko Fujimori comenzará a operar bajo la lógica de los políticos de la supervivencia prebendaria.
Vladimir Cerrón, Roberto Sánchez y Guillermo Bermejo son los hombres de la izquierda de la supervivencia prebendaria. El primero lo es desde hace muchos años en el centro del país; el segundo ha acumulado poder gracias a la marca partidaria que manejó en cada elección, mientras que el último apunta a liderar una campaña desde la prisión. Ambos no tienen problema en acomodarse a la circunstancia cotidiana: saben que no tienen opciones de ganar, pero saben que desaprovechar la campaña sería más lesivo. Una demostración de esta política que no apunta a ganar es que muchos administrarán la campaña desde prisión, como lo harán Martín Vizcarra y Pedro Castillo. Sí se puede –como lo hiciera Goyo Santos– con todas las limitaciones que ello supone, los actores saben que no lo hacen para ganar, sino para mantener su cuota de poder.
Desde la década de 1990, con la implosión del sistema partidario tradicional, la política peruana se estructura alrededor de vehículos electorales que no son más que organizaciones personalistas, efímeras y creadas con fines estrictamente electorales y patrimoniales. Estos grupos carecen tanto de integración vertical (capacidad de vincular a los ciudadanos con los líderes) como de coordinación horizontal entre élites. La competencia se centra en marcas personales, no en programas o ideologías. Pero hace unos años todavía estos vehículos competían para ganar; el problema es que la decadencia y degeneración han devenido ahora en que compiten para no perder las prebendas ganadas.
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