Según se colige de informes de observadores electorales como el Centro Carter, el gobierno de Nicolás Maduro y los organismos electorales de Venezuela han gestado un fraude para mantenerse en el poder.
Los gobiernos de Brasil, México y Colombia, que promueven una negociación entre Maduro y la oposición venezolana, encabezada por Edmundo González Urrutia, están invocando al gobierno y al sistema electoral a publicar todas las actas para transparentar los resultados por mesa de votación; esto, a pesar de que –quizás buscando establecer un juego propio– en la Asamblea General de la OEA, ante un pedido muy similar, Brasil y Colombia se abstuvieron y México no asistió a la sesión. El secretario general de la ONU, António Guterres, mientras tanto, ha llamado al gobierno a no usar la fuerza de manera desproporcionada.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le acaba de insistir al Gobierno de Venezuela en que “otorgar independencia al Consejo Nacional Electoral es una medida fundamental para recuperar la confianza de la ciudadanía y de la comunidad internacional en las instituciones públicas del país” (X, 29/7/2024).
El accionar pro-Maduro del Consejo Nacional Electoral evidencia cómo un Estado capturado desde el Ejecutivo, que elimina la independencia de poderes, se convierte en una dictadura. Mirándose en ese espejo, se revelan múltiples preocupaciones relacionadas con el próximo proceso electoral peruano. La primera, que las condiciones no garanticen la transparencia necesaria, lo que afectaría la justa participación de los partidos políticos y, por lo tanto, el derecho a elegir. La voluntad de capturar el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales por parte de la mayoría congresal es evidente.
¿Qué garantías existen de que la mayoría del Congreso peruano, que se ha manifestado tan contraria a los organismos de derechos humanos utilizando como bandera una supuesta defensa de la soberanía nacional, no haga lo mismo que el régimen de Maduro con los veedores internacionales e instituciones multilaterales como la OEA o la ONU?
Viviendo y viendo el presente y el futuro próximo de lo que ocurre en el Perú, la pregunta resulta inevitable: ¿la generalidad de los partidos y la actual mayoría del Congreso serán tan democráticas, en el próximo proceso electoral peruano, como hoy le reclaman al Gobierno Venezolano que sea?