Editorial El Comercio

El nunca se ha caracterizado por su celeridad. En el caso de la eventual candidatura presidencial del condenado por asesinato , sin embargo, su usual demora puede tener consecuencias políticas especialmente serias.

Como reporta hoy este Diario, la Fiscalía de la Nación hizo un pedido de ilegalidad de la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (Antauro) por “conducta antidemocrática” que fue derivado a la Corte Suprema a inicios de agosto. Desde entonces, los procesos no se han movido. No hay fecha de audiencia, no hay solicitud al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de la información relevante para el caso, no hay citación a testigos, no hay, en suma, mayor interés por empujar el asunto antes de que sea demasiado tarde.

Los argumentos que recogió el JNE el año pasado para permitir la inscripción del partido Antauro fueron, por supuesto, absurdos. Se alegó entonces que las siglas no necesariamente guardaban relación con Antauro Humala, quien era solo un militante más de la agrupación. Una infeliz coincidencia apenas, se diría. Y, frente a la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, la defensa legal del partido está siguiendo el mismo razonamiento descarado. La premisa es una burla evidente al sistema de justicia peruano.

El tiempo corre. Según fuentes consultadas por El Comercio, si la demanda contra Antauro no es resuelta en segunda instancia antes del final del proceso electoral, podrá seguir en carrera sin ningún problema. Protecciones constitucionales le permitirían participar incluso con una decisión negativa en primera instancia.

A todas luces, los principios de Humala y sus seguidores los deberían descalificar de los comicios. El hermano del exmandatario Ollanta Humala insiste en fusilar a expresidentes y otros que considere corruptos, en subvertir todo el ordenamiento jurídico y de derechos humanos, en expropiar posesiones de extranjeros y nacionales, y en defender su levantamiento en armas en Andahuaylas que terminó en el asesinato de cuatro policías. En el entorno de su agrupación se hallan también otros participantes del ‘andahuaylazo’. Ni ellos ni el resto de miembros de la organización deslindan, lógicamente, de las ideas y declaraciones de quien lleva el nombre del partido.

La democracia tiene herramientas suficientes para defenderse de grupos violentos con tintes fascistas como este. Si el Estado de derecho no las usa oportunamente, por desidia del Poder Judicial o cualquier otro motivo, estará poniendo en riesgo su propia supervivencia.

Editorial de El Comercio

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