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Editorial: Otro ladrillo en la pared

Con el comportamiento de ayer, el Congreso solo agrava su situación de aislamiento frente a la ciudadanía.

Editorial

Congreso de la República

Congresistas de Fuerza Popular se retiran de la sesión del lunes aduciendo que el presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, no cumplió el reglamento del Congreso. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/El Comercio).

El Comercio

El Parlamento vive un largo proceso de divorcio de las mayorías ciudadanas. La sensación de que constituye una institución conformada por personas que esencialmente buscan procurarse beneficios y solo están atentas a las pugnas de poder entre ellas o con el Ejecutivo viene de tiempo atrás, pero es indudable que la actual representación nacional ha llevado el descrédito gestado por sus antecesoras a un extremo inaudito.

La desaprobación en las encuestas y la grita que, con ánimo preocupantemente antidemocrático, reclama su disolución desde las calles dan periódica noticia de ello, pero, con raras excepciones, los legisladores de toda procedencia parecen haber resuelto protegerse de ese rechazo construyendo un muro a su alrededor.

Los penúltimos ladrillos colocados en esa pared probablemente sean los relacionados con la morosidad para procesar los levantamientos de inmunidad de los parlamentarios Edwin Donayre y Moisés Mamani, así como la indolencia frente a las acusaciones constitucionales que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, tiene pendientes en la respectiva subcomisión. Pero el último de ellos –hasta el momento– es sin duda la situación que se produjo ayer en el hemiciclo y que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ha calificado de “bochornoso espectáculo”. Si bien es cierto, en el episodio tuvieron algún grado de responsabilidad integrantes de varias bancadas, no se puede soslayar que el protagonismo recayó en la fuerza mayoritaria. Ninguno de ellos, sin embargo, ha atinado luego a otra cosa que cruzar acusaciones con sus adversarios políticos sobre lo ocurrido.

El problema se originó por la decisión del grupo parlamentario de Fuerza Popular (FP) de no asistir a la Junta de Portavoces convocada por la presidencia para las 9 de la mañana con el propósito de exonerar de comisiones el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para declarar en emergencia el Ministerio Público. La razón esgrimida por el portavoz de la bancada fujimorista, Carlos Tubino, para la referida inasistencia fue que era imprescindible que previamente se convocase al Consejo Directivo para aprobar la agenda del pleno.

Cabe señalar, sin embargo, que, la semana pasada, el propio Tubino había exigido a nombre de su grupo parlamentario no solo celebrar una Junta de Portavoces, sino llevarla a cabo el jueves 3 con el fin de “adoptar las medidas correspondientes dada la urgencia y relevancia” de la ya mencionada iniciativa. Una premura que ahora da la impresión de haber sido fundamentalmente una forma de golpear a Daniel Salaverry –con quien FP tiene de un tiempo a esta parte un abierto enfrentamiento– porque la semana pasada este se encontraba de vacaciones cuando el fiscal de la Nación dispuso, de manera inesperada, el cese de dos fiscales del equipo especial en vísperas de Año Nuevo.

Sin el fujimorismo, la Junta de Portavoces debió ser levantada por falta de quórum y poco después se dio inicio a una sesión del pleno cuya agenda, a pesar de todo, era, por disposición de la presidencia, la iniciativa del Ejecutivo. En ese contexto, se suscitó un intercambio acalorado al pronunciar el legislador Alberto de Belaunde la frase: “Lamento que el pacto de impunidad del fujimorismo con el fiscal de la Nación se mantenga”.

Los aludidos se sintieron ofendidos y demandaron el retiro de las palabras, circunstancia a la que De Belaunde no accedió ni Salaverry exigió. Tras los dimes y diretes de costumbre, el resultado fue que el fujimorismo abandonó el hemiciclo y también la sesión del pleno acabó siendo levantada, sin que el medular debate pudiera producirse.

¿Estaba FP buscando un pretexto para evitarlo? Claramente. Más aun tomando en cuenta lo nimio que resulta que un debate tan importante para la coyuntura nacional se frustre por la práctica de exigir retiros de palabras cada vez que alguna frase cause cierta urticaria en algún representante del Congreso.

La consecuencia, por supuesto, ha sido una vez más la de un descrédito que alcanza a toda la representación nacional y también la de un ladrillo más colocado en la pared tras la que tan empeñosamente están aislándose sus integrantes.

Harían bien nuestros legisladores, entonces, en actuar con mayor madurez. Habida cuenta de que todavía les queda dos años y medio de gestión, y de que no pueden desligar el éxito de sus labores de la percepción que la ciudadanía se forme sobre ellos.

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