Más que un nombre

Acabamos de entrar al “Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”, según decretó ayer el Gobierno. Ciertamente, se trata de un objetivo loable y existen razones para creer que el que empieza puede ser un buen año en materia económica (el BCR estima que la economía peruana crecerá 3% en el 2025, siendo la segunda de la región con mayor crecimiento, solo por detrás de Argentina, y diversos expertos afirman que la pobreza retrocedió en el 2024, gracias principalmente al control de la inflación en el precio de los alimentos). Sin embargo, también es verdad que este propósito no se logrará por el simple hecho de que sea formulado y que hará falta mucha voluntad de nuestras autoridades, además de otros factores, para lograrlo.

En primer lugar, el que empieza es un año donde comenzarán a operar grandes proyectos. El puerto de Chancay, que fue inaugurado el mes pasado, por ejemplo, dejará atrás su “marcha blanca” y comenzará a recibir sus primeras embarcaciones. Mientras que en Lima el nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez traerá consigo una serie de oportunidades en turismo que mal haríamos en desaprovechar. El BCR, además, ha detallado que existen más de US$24.000 millones en proyectos por adjudicar, como la longitudinal de la sierra tramo 4 (cuya buena pro podría darse en el primer trimestre del año, según Pro Inversión), la Vía Evitamiento del Cusco, el proyecto Chinecas en Áncash, la tercera etapa de Chavimochic en La Libertad, entre otros.

En lo que respecta a minería, por otro lado, el Ministerio de Energía y Minas ha incluido en su cartera de proyectos dos nuevas minas: Zafranal (por más de US$1.200 millones) y Pampa del Pongo (por US$1.780 millones), ambas en Arequipa. Mientras que mineras tienen previsto invertir cientos de millones durante el 2025.

Sin embargo, el hecho de que estemos en un año preelectoral puede terminar entorpeciendo estas buenas proyecciones. Con 39 partidos inscritos y otros 29 en proceso de inscripción, las movidas políticas marcarán el año y, en este escenario, el pacto de estabilidad entre la presidenta Dina Boluarte y el Congreso puede empezar a cambiar porque ningún partido querrá estar ligado a una mandataria tan impopular. La inseguridad ciudadana, asimismo, es otro pendiente que le cuesta al Perú, según el BID, entre 2% y 3% del PBI, y que, sin embargo, el Gobierno no parece querer enfrentar.

El 2025, en suma, tiene buenas razones para ser un año que honre la denominación que ha recibido. Pero sería un error creer que esto se logrará por inercia. De acá a 12 meses veremos si el objetivo se cumplió o si nos encontramos ante un nuevo capítulo de la larga historia de las oportunidades perdidas en el Perú.