salud

el regreso
del dengue

Dados los riesgos asociados a un segundo contagio de la enfermedad, es imprescindible que las autoridades tomen medidas para mitigar su propagación.

Todos tenemos en la memoria los estragos que el dengue causó en nuestro país el año pasado. Hospitales colapsados, clases suspendidas, 441 fallecidos reportados por el Ministerio de Salud (Minsa) en todo el 2023 y la mayor tasa de letalidad por la enfermedad en América Latina –junto con Venezuela– son un recordatorio sombrío de lo que puede ocurrir cuando este mal se sale de control. Por lo que cabría esperar que las autoridades hayan tomado las lecciones para evitar que una tragedia como la que cayó especialmente sobre las regiones de la costa norte del Perú se repita.

Los primeros reportes del 2024, sin embargo, son como para preocuparse. Ayer, este Diario informó que, según datos del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), en las primeras cuatro semanas epidemiológicas del año (es decir, hasta el 27 de enero) se registraron 9.353 casos de esta enfermedad en al menos 20 regiones. La cifra es un 41% mayor que la reportada en el 2023 en el mismo período, por lo que el Minsa ya ha emitido una alerta epidemiológica para advertir a los establecimientos de salud sobre la situación.

¿Quiere decir eso que nos encaminamos hacia un escenario similar al del año pasado? No necesariamente, pero no por ello deberíamos relajarnos, pues las condiciones climáticas que nos ha traído este 2024 son propicias para la proliferación del mosquito transmisor del virus. “Cuando incrementa la temperatura, el dengue se reproduce y desarrolla más rápido: la fase de huevo a larva y el paso a la fase adulta ocurre entre tres y cuatro días; regularmente, ese proceso dura una semana”, explica el médico infectólogo Leslie Soto. “El zancudo adulto es el que contagia por picaduras”, añade.

Como sabemos, en enero se han registrado temperaturas más altas de lo regular y es probable que estas sean incluso mayores durante febrero, por lo que es imprescindible que las autoridades sanitarias tomen las previsiones necesarias para evitar que la enfermedad se salga de control. El dengue, como hemos dicho antes , es fácil de tratar si se detecta a tiempo, por lo que es crucial recordarle insistentemente a la población la importancia de acudir a un centro de salud si desarrollan un cuadro grave de la enfermedad y tener especial cuidado con los mayores de 60 años, que fueron, por lejos, el grupo etario que albergó a la mayor cantidad de fallecidos por esta patología en el 2023 (más del 50%). También, como se ha dicho varias veces, no hace falta inventar la pólvora aquí, pues las medidas para prevenir la proliferación del zancudo transmisor del virus se conocen desde hace décadas y son relativamente fáciles de implementar.

La situación hoy reviste una particular importancia porque, como han advertido los expertos, la segunda vez que una persona es infectada con el dengue tiene una posibilidad mayor de desarrollar un cuadro grave. Por lo que dejar que el virus vuelva a campear a sus anchas como lo hizo el año pasado podría salirnos incluso más caro. Se supone que justamente para evitar ello el año pasado se aprobó destinar S/107 millones en la Ley de Presupuesto del 2024 para financiar los programas de prevención contra el dengue. Y que el Gobierno ya sabe (o ya debería saber) que un mal manejo del virus puede infligirle un alto daño político, pues el brote del año pasado se cobró la continuidad de la entonces ministra de Salud, Rosa Gutiérrez.

No existen, pues, excusas para que el dengue vuelva a poner en jaque al país como lo hizo el año anterior. Dados los riesgos asociados a un segundo contagio de la enfermedad, es imprescindible que las autoridades tomen medidas para mitigar su propagación. De lo contrario, en unos meses, podríamos estar lamentándonos por no haber reaccionado cuando todavía hay tiempo para hacerlo.

Crecimiento económico

Ensanchar al medio

Más allá de las cifras de pobreza, la caída de la clase media durante el 2023 es una noticia sumamente grave para un país que aspira al desarrollo.

El foco de la publicación anual de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) está siempre en la caída o crecimiento de la tasa de pobreza. No es para menos. No sería exagerado decir que buena parte del éxito de una sociedad se puede medir en la proporción de familias que pueden acceder a alimentos, vestimenta, vivienda y otros bienes materiales básicos. La pobreza priva a las personas de su libertad para ejercer una vida y ciudadanía plenas, y esta triste condición se ha expandido en el Perú en el último año. Según la Enaho del 2023, publicada esta semana luego de un bochornoso intento de suspensión de parte del gobierno, el 29% de las familias peruanas vive debajo del umbral de pobreza.

En paralelo, es el fortalecimiento de la clase media lo que brinda cada vez más dinamismo a las sociedades. A esta condición se le ha prestado históricamente mucha menos atención aquí, pero, por su tamaño y su rol como motor político, económico y cultural de las naciones modernas, tal negligencia es un error.

La ralentización de la economía, por supuesto, golpeó también a esta clase media. De acuerdo con un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) publicado hoy en este Diario, aproximadamente 1,8 millones de peruanos habrían salido de la clase media –definida en el umbral del Banco Mundial como disponibilidad de ingresos per cápita de entre S/980 y S/5.700 mensuales– en el 2023. En el 2019, la clase media englobaba al 40% de la población, lo que la convertía en la primera minoría, seguida de la población vulnerable con una incidencia del 35%. El año pasado, la proporción de familias dentro del umbral de ingresos de clase media cayó siete puntos porcentuales para ubicarse en 33%, mientras que la tasa de vulnerabilidad llegaba al 38%. En otras palabras, a diferencia de antes de la pandemia y de las sucesivas crisis políticas, hoy el peruano más representativo ya no es un integrante de la clase media, sino uno en condición de vulnerabilidad, al que cualquier evento externo, como la pérdida de empleo o el deterioro de la salud, puede ubicarlo en la pobreza. Las cifras expresan un retroceso de 12 años.

Según la OCDE, “la presencia de una clase media próspera y fuerte posibilita economías y sociedades saludables. A través de su consumo, su inversión en educación, salud y vivienda, su apoyo a servicios públicos de calidad, su intolerancia a la corrupción, y su confianza en otros y en instituciones democráticas es la misma base del crecimiento inclusivo”. En los países miembros de este grupo, al que Perú aspira a pertenecer, la clase media incluye a la gran mayoría de la población.

El mismo informe del IPE anticipa que, si el país crece menos de 3% por año, por debajo del ritmo registrado durante el 2000-2019 (5%), podría tomar más de una década volver a los niveles de clase media de prepandemia.

Hoy, en medio de este clima difícil y donde el camino de salida al entrampamiento nacional no es claro, la tasa esperada de crecimiento de largo plazo para el Perú no supera el 3%.

Si algo debería demostrar esta historia es que el crecimiento económico sí es una condición absolutamente indispensable para mejorar la calidad de vida de la población, y que soslayar su relevancia –como hicieron muchos en años anteriores– puede resultar en proyectos de vida de millones de personas seriamente perjudicados o truncados al cabo de pocos años. Nada más esa actitud irresponsable debería, por lo menos, costarle la elección a cualquier candidato que romantice un país en el que el crecimiento económico no es un componente central de su estrategia de prosperidad. Más evidencia, a estas alturas, imposible.

Transporte público

Estrellarse
contra la realidad

Tres accidentes de tránsito en Lima en menos de 24 horas nos demuestran que estamos ante un problema que nos ha superado.

Cada cierto tiempo, como si se tratase de un fenómeno meteorológico ineludible, un vehículo de gran tamaño termina colisionando con un puente o un ‘by-pass’ en la capital. No porque estos últimos no tengan la señalética adecuada que permita advertir a los usuarios sobre las alturas máximas que permite, sino porque, pese a ella, no faltan los conductores que, quizás confiando en que su pericia a cargo del volante es superior a lo que dictan las leyes de la física, tratan de pasar por donde claramente no caben.

Hace poco, por ejemplo, se tuvo que cerrar un tramo de la Costa Verde luego de que un camión –o, para ser más precisos, la carga que este llevaba a cuestas– se estrellara contra el emblemático puente de la Bajada de Baños de Barranco y se volara una parte de la estructura. Y dos días atrás, un bus panorámico de la empresa Transporte Turístico VR Tours E.I.R.L. que trasladaba a un grupo de jóvenes que participan en un concurso de belleza hizo lo propio con el puente Eduardo Villarán del ‘by-pass’ en el que convergen la avenida Arequipa con la Javier Prado; es decir, dos de las más concurridas de la capital.

El accidente dejó cuatro heridos, pero pudo terminar en una tragedia mucho mayor si consideramos que varios de los usuarios del vehículo se encontraban precisamente en la parte superior (la que colisionó con la estructura), cuyo techo quedó destruido por el impacto. A primera vista, lo ocurrido parecería una negligencia del chofer del bus y poco más. Pero, lamentablemente, no fue solo eso.

Como reveló este Diario, la unidad en cuestión no está habilitada para brindar servicios turísticos (el permiso con el que contaba para ello venció en el 2022). Además, tiene dos multas que le fueron impuestas por carecer de elementos de seguridad –¡vaya sorpresa!– y de documentación que acredite al conductor. Por su parte, el responsable de este siniestro, el señor Wildor Llicahua Lupa, registra una papeleta en su historial por cruzar en una intersección o girar estando el semáforo con luz roja.

Horas después de este accidente, en la Costa Verde una persona murió y otras dos salvaron la vida luego de que un automóvil que iba a toda velocidad impactara contra una camioneta a la altura de Magdalena del Mar. Se sabe desde hace tiempo que en esta zona suelen realizarse piques ilegales (este Diario lo ha denunciado), por lo que las autoridades asumen que este siniestro habría sido provocado por uno de ellos.

Y ayer, por último, cinco personas fueron embestidas mientras esperaban para cruzar la avenida Abancay, en el Centro de Lima, por un vehículo cuyo conductor perdió el control y terminó además chocando con otro.

Estos tres accidentes, ocurridos en menos de 24 horas, nos demuestran que estamos ante un problema que nos ha rebasado y en el que se mezclan, en un coctel fatal, la falta de fiscalización de las autoridades, por un lado, y la imprudencia –por no decir más– de conductores que creen que pueden rebasar los límites de velocidad y de altura de puentes, y terminan empotrados contra la realidad. Una mezcla que, solo entre el 2021 y el 2023, ha matado a más de 3.000 peruanos.

Mientras todo esto ocurre, nuestras autoridades parecen cada vez más empeñadas en contribuir al caos en las vías. Desde este Diario hemos sido constantes en llamar la atención sobre las reformas de transporte que necesita el país con la campaña #NoTePases y también no hemos dejado de denunciar cada ardid preparado por congresistas en búsqueda de potenciales bolsones electorales para premiar al informal del transporte, cada claudicación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a su labor de fiscalización y cada intento de algún alcalde por enredar este panorama.

Una lástima porque son ellos quienes podrían cambiar la situación actual y, sin embargo, se comportan como el conductor del bus turístico que se estrelló el jueves, pues creen que conocen mejor la realidad o que podrán pasar por debajo de ella… hasta que terminan estrellándose con todo el país a cuestas.

Congreso

Congreso
sin exoneración

El Ejecutivo es débil, pero eso no exime al Congreso de su responsabilidad por aprobar normas sin el mínimo sustento técnico.

En democracia, el equilibrio de funciones entre el Legislativo y el Ejecutivo es un acto delicado. En el campo económico, este balance tiene diversas expresiones, como la participación de ambos poderes en la aprobación del presupuesto público, la prohibición de la iniciativa de gasto del Congreso o la facultad exclusiva de los legisladores de autorizar cambios tributarios relevantes. En el fondo, la idea central es que mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) maneja la parte técnica, el Congreso encarna los intereses económicos diversos de la ciudadanía. El fruto de su trabajo conjunto debería ser una política económica responsable e inclusiva.

En los últimos años, este balance ha empezado a fallar. De acuerdo con el informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) publicado ayer en este Diario, el Congreso ha ido ganando una fuerza desproporcionada. Mientras que entre el 2001 y el 2019 apenas 7% de las leyes eran aprobadas por insistencia –es decir, sin el visto bueno del Ejecutivo y a pesar de sus observaciones–, desde la pandemia este número ha subido al 24%. El sello de aprobación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) o del MEF no garantiza idoneidad –ejemplos de malas leyes promovidas por el Ejecutivo abundan–, pero por lo general estas instituciones ofrecen una visión más técnica y ponderada que la del hemiciclo. El mismo informe resalta que, en los últimos cuatro años, el Congreso aprobó 101 normas con un costo de S/86.000 millones –equivalente a más del 8% del PBI o casi tres veces el presupuesto público para salud de este año–. De estos, más de la mitad son de leyes por insistencia, de acuerdo con la Dirección de Estudios Macrofiscales del Consejo Fiscal.

Como decíamos en estas páginas recientemente, la aprobación de leyes desde el Parlamento sin sustento técnico adecuado ha devenido en una constante, con un MEF complaciente o, cuando menos, indiferente. Es en ese contexto, por ejemplo, que se debe entender la rebaja de la calificación de deuda por parte de la agencia S&P de la semana pasada, y es en ese contexto que deben interpretarse las enmendadas de plana que viene soportando el MEF en casos como los retiros de las AFP, el endeudamiento de la Municipalidad de Lima o la permanencia del presidente del Consejo Fiscal, Carlos Oliva. Ninguna controversia la gana ya el ministerio que fuera el más poderoso del Ejecutivo; el juego político y la debilidad general del gobierno de la presidenta Dina Boluarte engulleron su protagonismo.

A fin de cuentas, no obstante, es el Congreso el que debe responder por sus excesos y populismo. Si el MEF tiene o no fuerza suficiente no exime a los parlamentarios de responsabilidad por las normas que aprueban. A pesar de no contar con iniciativa de gasto, sus leyes pueden tener un efecto importante sobre el Tesoro Público. Lejos de la reflexión, sin embargo, la carga populista continúa para la discusión de las siguientes semanas con proyectos de ley como la reducción del IGV a las peluquerías y salones de belleza (en similar espíritu, en el 2022 el Congreso aprobó la reducción del mismo tributo para restaurantes y hoteles, también, por supuesto, con la oposición del MEF).

El ritmo de deterioro de la institucionalidad fiscal no es sostenible. Pilares de responsabilidad que tomaron décadas construir se ven sobrepasados semana a semana. No se puede esperar al 2026 para tener un golpe de timón en este campo o el país que quedará para entonces será uno que en poco se parecerá fiscalmente al que se tuvo apenas siete años antes.

Reforma política

Caos avisado

Con docenas de partidos apuntando a participar en las elecciones del 2026, el Congreso tiene la urgente tarea de ordenar la cancha antes de que sea tarde.

Si las próximas elecciones generales del 2026 resultan en un completo caos debido a las docenas de partidos en competencia, la mayor responsabilidad recaerá sobre el actual Congreso y su renuencia a ordenar el tablero electoral.

Según un informe publicado ayer en este Diario, a la fecha existen 39 partidos políticos con inscripción vigente en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Otros 29 buscan la luz verde para participar también en los siguientes comicios. Para dos de cada tres de los grupos habilitados, estas serán sus primeras elecciones. La inexperiencia política –individual e institucional– será la regla. El PPC, el Apra y Acción Popular pondrán la cuota histórica.

Los escenarios que estos números posibilitan son preocupantes. La situación es tal que resulta matemáticamente posible, por ejemplo, que ningún partido pase la valla del 5% de votos válidos, o que uno o dos partidos sean los únicos que, por pocos puntos, pasen la valla, y conformen el 100% de ambas cámaras del Congreso a pesar de tener una baja votación. Estos escenarios absurdos son técnicamente posibles gracias a una cancha en extremo fragmentada. Incluso, desde un punto de vista logístico –campaña electoral masiva, ciudadanía confundida, cédula de votación barroca, conteo de votos en mesa complejo, etc.–, el panorama es terrible.

Aún hay tiempo para evitar una andanada de candidatos, pero los incentivos deben estar bien estructurados. La semana pasada, por ejemplo, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó un dictamen para elevar un punto porcentual (de 5% a 6%) cualquier alianza electoral “indistintamente del número de partidos políticos” que la integren. Podría no ser suficiente, pero la iniciativa apunta en el camino correcto de promover menor fragmentación y, con ello, quizá, mejor representación y gobernabilidad. El proyecto aún tiene que pasar por el pleno y no está claro que llegue a los votos requeridos, en parte por haberse sumado esta idea en una fórmula legal que incluye varias otras cuestiones electorales.

Los comicios generales del 2021, con 18 partidos en lid, demostraron ya las consecuencias de la atomización del voto, con dos candidatos presidenciales que pasaron a segunda vuelta a pesar de que entre los dos no sumaban ni un tercio del total de votos válidos. Esta vez la mano viene casi cuatro veces peor si no se toman medidas urgentes. Es perfectamente previsible; todos los estamos viendo venir en cámara lenta. ¿El Congreso también?

Gobierno

Los secretos
de la presidenta

Las explicaciones de la mandataria sobre su patrimonio son insuficientes y llaman a muchas más preguntas incómodas.

La noche del viernes pasado, representantes del Ministerio Público y de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) allanaron la vivienda de la presidenta en Surquillo. Horas más tarde, continuaron las diligencias en Palacio de Gobierno. El juez Juan Carlos Checkley había autorizado la intervención como parte de la investigación contra Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos. La búsqueda física de los relojes de alta gama que ella ha exhibido en público y que no se condicen con sus ingresos había empezado.

La presidenta bien podría haberse ahorrado el papelón. Si, como dice, los relojes de alta gama que motivaron la medida han sido “fruto de su esfuerzo”, no debería haber tenido mayores problemas en aclarar su procedencia a la ciudadanía y a la fiscalía. Sin embargo, a la ciudadanía, dijo, no le iba a explicar nada (“es un tema personal”, apuntó); solo declararía ante la fiscalía. Y, cuando fue el turno de presentarse al Ministerio Público, la mandataria evadió a los fiscales. A pesar de los requerimientos, se rehusó a mostrar los relojes y a presentarse para dar explicaciones. A través de su abogado, arguyó una “recargada agenda”, pero se ausentó también a los eventos que tenía programados en Cajamarca y Trujillo. Para la fiscalía, ello es un “claro indicador de rebeldía” frente a su autoridad y, si bien la forma como se llevó a cabo el allanamiento (rompiendo la puerta del domicilio de la jefa del Estado en plena noche) puede ser cuestionable, en esta apreciación no les falta razón a los magistrados.

Pero los relojes podrían ser tan solo la primera parte de una trama mucho más seria. Como destapó este Diario, la presidenta tiene todavía pendiente explicar los depósitos por S/1,1 millones hallados por la UIF en cuentas bancarias a su nombre y mancomunadas. Sobre este tema, El Comercio envió un cuestionario a la Oficina de Prensa de Palacio que Boluarte no ha querido responder hasta ahora. En lugar de eso, ayer nos acusó de dar información “tendenciosa y falsa” y señaló que se trata de cuentas del Club Departamental Apurímac (CDA), de donde ella era directiva.

Desde este espacio rechazamos estas imputaciones y la invitamos a leer la segunda parte del informe que publicamos en esta edición. Además, lo que dijo resulta, por decir lo menos, extraño. En primer lugar, porque ninguna entidad jurídica, como un club departamental, puede manejar sus finanzas a través de las cuentas personales de sus autoridades. La presidenta incluso aludió a que este arreglo financiero se hizo “por acuerdo del consejo directivo y en cumplimiento de su estatuto y reglamento interno”, lo que sería absolutamente irregular. Y, en segundo lugar, porque los ingresos declarados por el CDA ante las autoridades son órdenes de magnitud menores que los montos hallados en posesión de Boluarte. Esta ruta de pesquisas podría llevar a investigaciones por delitos como defraudación tributaria, o incluso algunos más graves como lavado de activos.

La presidenta está siguiendo una ruta peligrosa atacando a la prensa y con un absurdo discurso de victimización. Mientras más tiempo deje transcurrir en esta incertidumbre sobre sus finanzas, mayor fuerza cobrará la única explicación posible que restaría: que hay manchas en su pasado que simplemente no se pueden limpiar.

Elecciones en EE.UU.

La segunda
victoria de Trump

Pese a todos los pasivos que carga, el republicano ganó la elección de manera contundente.

El candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, ha ganado las elecciones en el país norteamericano de modo contundente. Contra lo que anunciaban los sondeos hasta horas antes de que los estadounidenses acudiesen a las urnas, la disputa entre él y la postulante del Partido Demócrata, la actual vicepresidenta Kamala Harris, no fue ajustada ni obligó a esperar algunos días antes de poder distinguir al vencedor.

El expresidente acumuló rápidamente en el Colegio Electoral los votos suficientes para saber que la suerte estaba echada. Ganó en el voto popular, se impuso en los siete estados bisagra cuyas preferencias no estaban claras, y recuperó las plazas electorales que Joe Biden le había arrebatado cuatro años atrás. Además, fue la locomotora que les permitió a los republicanos conquistar la mayoría en el Senado y no es inverosímil que pronto se confirme algo similar en la Cámara de Representantes. Se trata, en suma, de un triunfo que constituye bastante más que un reporte del ánimo político de los estadounidenses.

Desde luego, los resultados de la elección del martes expresan también descontento con la situación actual del país y llevan al Partido Demócrata no solo a un fracaso rotundo, sino también a la más completa incertidumbre ante la evidente falta de liderazgo. El tema económico superó cualquier discurso de izquierda. Harris perdió contra un candidato con una retórica ácida, promotor de la desinformación, que nunca reconoció su derrota en las elecciones del 2020, que estuvo detrás del ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021, que ha sorteado dos ‘impeachments’ y que es el primer expresidente de EE.UU. condenado en un juicio penal. Aun así, Trump superó en las urnas todas las advertencias que existían sobre él.

Empieza pues una nueva etapa política en un país polarizado. ¿Cuáles serán sus primeras medidas frente a la inmigración? ¿Qué consecuencias traerá su regreso a la Casa Blanca en la prolongada tensión con China? ¿Cuál será su política frente a los conflictos de Ucrania y Medio Oriente? ¿Cuál será el impacto de su política económica? ¿Qué otros Trump surgirán en el mundo, particularmente en nuestra región? El análisis de lo que esta victoria de Donald Trump significa recién comienza.

Venezuela

El gran fraude

El chavismo ha vuelto a burlarse de la voluntad de los venezolanos.

El último domingo, el chavismo volvió a recurrir a sus prácticas de siempre para declarar una supuesta victoria de Nicolás Maduro en las elecciones venezolanas que ningún observador serio del proceso certifica. Lo que se vio, por el contrario, fue una operación para manipular el proceso antes, durante y después de que este se celebrara. Solo que esta vez se le vio las costuras como nunca.

Antes de entrar a los sucesos del domingo en sí, cabe recordar cómo se llegó a estos. Para comenzar, el chavismo se encargó de vetar a los principales líderes de la oposición con argucias de todo tipo y especialmente a María Corina Machado, que había arrasado en las primarias de este sector político. Machado, sin embargo, no se quedó de brazos cruzados e inició una campaña francamente encomiable para transferirle su respaldo a Edmundo González Urrutia, un académico desconocido en la política y al que el chavismo subestimó erróneamente.

Durante la campaña, como no podía ser de otra manera, el régimen utilizó toda la maquinaria estatal, tanto la mediática como la destinada a las asistencias sociales, para hacer proselitismo. Mientras, con la otra mano, perseguía a los colaboradores de Machado, se negaba a permitir una observación electoral de la Unión Europea, rechazaba la entrada de un grupo de expresidentes que acudían a ver el proceso, revocaba acreditaciones a periodistas internacionales y –utilizando una mezcla de plazos acotados y requisitos extensos– limitaba el sufragio de los venezolanos en el extranjero (poco más del 1% de ellos fueron habilitados para hacerlo). Pese a esto, sin embargo, los estudios más serios daban como ganador a González Urrutia hasta la semana pasada por una diferencia de entre 20 y 30 puntos porcentuales.

En la noche del domingo, no obstante, el Consejo Nacional Electoral (CNE), encargado de contar los votos y cuyo presidente, Elvis Amoroso, es amigo personal de Maduro, dio como ganador a este último con el 51,2% de los sufragios frente al 44,2% de González Urrutia. Con ello, encendió una serie de reclamos para que se muestren las actas y se realice una revisión completa de los resultados por parte de gobiernos de países como Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, República Dominicana, Uruguay, la Unión Europea y el Perú. Incluso los dos organismos con mayor peso a los que el chavismo permitió asistir como observadores del proceso, las Naciones Unidas y el Centro Carter, han pedido lo mismo y se han negado a certificar los resultados.

Por su parte, la oposición ha denunciado que solo les permitieron acceder al 40% de las actas de votación y que sus militantes fueron desalojados de varios centros electorales por las fuerzas del orden, pese a que la ley permite que representantes de los candidatos participantes puedan tener una copia de estas. Según ha contado Machado, en el 40% de las actas que pudieron recolectar, González Urrutia ganaba con alrededor del 70% de los sufragios. La estrategia del chavismo, así, pasaría por decir que las actas se perdieron, atribuyéndolo a un supuesto hackeo del sistema del que culparon sin prueba alguna a Machado y otros opositores, de modo que nadie pueda verificar los resultados.

Por lo pronto, el CNE no esperó ni siquiera a que se resolviera este ‘impasse’ y ayer se apresuró a declarar a Maduro como vencedor, en un acto que revela más desesperación que cualquier otra cosa. Las protestas, mientras tanto, se activaron en varios puntos de Venezuela.

Una mención aparte merece el papelón de ciertos congresistas peruanos como Kelly Portalatino, Flavio Cruz, María Agüero (todos de Perú Libre), de su líder prófugo Vladimir Cerrón y del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que han salido a dar por sentado los resultados del CNE. Y el silencio de otros, como Verónika Mendoza, tan enérgicos para defender la democracia solo cuando quien la ataca se encuentra en la otra orilla ideológica.

La comunidad internacional tiene la obligación histórica de lograr que se respete la voluntad de los venezolanos, esa que el chavismo ha vuelto a burlar, y no ratificar este gran fraude. Los venezolanos no se merecen nada menos que eso.

Seguridad ciudadana

No son solo
los transportistas

El Congreso debe escuchar la voz de los ciudadanos que le piden que derogue la perniciosa ley sobre crimen organizado.

Las calles de Lima se paralizaron el último jueves, pero la delincuencia continúa imparable. Horas después de que el Gobierno anunciara el estado de excepción para 14 distritos de Lima y Ventanilla (el Callao), en uno de ellos –Independencia- se quemaron 25 vehículos en una cochera. Según los transportistas, se trató de una presunta venganza porque decidieron acatar la huelga de hace dos días.

Pero el transporte no es el único sector puesto en jaque por el crimen organizado y mal harían las autoridades en creerlo así. En realidad, es apenas uno más en una larga fila que va desde la minería hasta los comedores populares, y que afecta a grandes, medianos, pequeños y microempresarios. El crimen está afectando a todos por igual.

Por ello, ayer, en un comunicado conjunto, la Confiep, la SNI y más de 20 gremios empresariales que agrupan a diversos sectores productivos, y que van desde el Jockey Plaza hasta Mesa Redonda, le exigieron al Ejecutivo y al Congreso que tomen decisiones “firmes frente a la inseguridad que hoy gobierna en la sombra al Perú”. Y aunque es cierto que el Gobierno es el responsable de proteger la seguridad interna y velar por la integridad de los ciudadanos, el Parlamento tiene un rol insoslayable que jugar en esta crisis y hacen bien los empresarios en destacarlo. Especialmente, cuando al final del mencionado comunicado instan a los legisladores a “derogar la última modificación al Código Penal que relajó la persecución del delito de crimen organizado”.

Como sabemos, esta ley modificó la definición de crimen organizado para que esta solo pueda circunscribirse a los grupos que buscan hacerse cargo de una economía ilegal y que solo pueda aplicarse a quienes incurran en delitos sancionados con más de seis años de cárcel. Con esto, se dejó fuera de la norma a nada menos que 59 tipos penales. Además, la ley alteró la forma en que se realizan los allanamientos, condicionando el inicio del registro de estos a la presencia de los abogados de los allanados.

Cuando se advirtió de los efectos nocivos que esta tendría, los impulsores de la norma optaron por atacar a la prensa antes que por escuchar a los expertos. Pero ahora no son los medios los que piden que sea derogada, sino también los empresarios y la ciudadanía en general. Y mal haría el Legislativo en darles la espalda a ellos.

Policía Nacional del Perú

El parteaguas
de Sheyla

La manera en que la PNP respondió al espeluznante asesinato de Sheyla Cóndor debería marcar un antes y un después en la institución.

El terrible caso de Sheyla Cóndor, asesinada y descuartizada por el suboficial PNP Darwin Condori, encapsula mucho de lo que está podrido en la Policía Nacional y en el sistema de combate al feminicidio.

En primer lugar, es una afrenta intentar pasar por agua tibia el hecho de que el asesino era nada menos que un integrante de las fuerzas del orden que existen, precisamente, para proteger a la población. Es un fuerte golpe moral que no debería obviarse y, más bien, debe ser usado para reforzar los criterios de selección y controles psicológicos entre el cuerpo policial.

En segundo lugar, el sistema de denuncias funcionó exactamente como no debía hacerlo, y como se ha advertido decenas de veces que no debe más operar. Cuando la familia de la víctima fue a reportar la desaparición de Sheyla a la comisaría de Santa Anita, la denuncia fue desestimada. Los efectivos le dijeron a la madre que probablemente estaba con un chico. Incluso, cuando la familia presentó evidencia del paradero y la identificación del presunto agresor, obtenida de las conversaciones con Sheyla, la policía se negó a tomar el caso. Tuvieron que transcurrir tres días desde la desaparición para que el sistema de la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas cree la nota de alerta. Para entonces, por supuesto, ya era demasiado tarde. Esas primeras horas críticas –se ha repetido en incontables ocasiones– pudieron ser la diferencia entre la vida y la muerte.

En tercer lugar, Condori había sido acusado ya de participar en una violación sexual grupal. A pesar de ello, él y los otros dos policías involucrados se mantuvieron como parte de la PNP (la sanción efectiva fue de 15 días de detención preliminar y seis meses de suspensión). La violación habría tomado lugar, de hecho, en el mismo lugar en que Sheyla fue asesinada. Los otros dos acusados siguen en actividad y la fiscalía habría apuntado a que el caso puede archivarse a pesar de la evidencia. El nivel de negligencia institucional es pasmoso.

Por donde se le mire, todo este entramado resulta inaceptable. El caso de Sheyla es tan terrible, y las fallas institucionales, tan evidentes que debería servir como un parteaguas en la manera en que la PNP previene y atiende las denuncias de esta naturaleza, con responsabilidad desde el propio ministro. Empezar por que los casos no provengan de su misma institución es el primer paso evidente.