Castillo sin corona

Esta semana, el juez Juan Carlos Checkley, magistrado de investigación preparatoria de la Corte Suprema, rechazó la tutela de derechos planteada por la defensa del presidente Pedro Castillo que buscaba anular la investigación que se le sigue por supuestamente integrar (en condición de líder) una presunta organización criminal que habría beneficiado a algunos privados en licitaciones con el Estado a través de ministerios como el de Transportes y Comunicaciones.

Así, en menos de un mes, el actual jefe del Estado vuelve a protagonizar una decisión histórica de nuestro sistema de justicia. La primera, ocurrida el 27 de mayo, fue la apertura de una investigación en su contra ordenada por el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que interpretó que el artículo 117 de la Constitución solo proscribe la posibilidad de acusar a un jefe del Estado en funciones (salvo por determinados delitos contemplados en la Carta Magna), mas no de investigarlo. La de este jueves, la segunda, señala que esperar a que culmine su mandato podría “acarrear impunidad”.

En su fallo, el juez Checkley ha concluido que el fiscal de la Nación “ha procedido en el marco de las competencias que le brinda nuestro ordenamiento jurídico y sin afectar las limitaciones impuestas por el artículo 117 de la Constitución”. En el desarrollo de sus argumentos, además, el magistrado ha sostenido que la Carta Magna impide que se presente una acusación contra el presidente y, por ende, que se inicie una investigación preparatoria en su contra, pero que nada impide que el Ministerio Público le abra una investigación preliminar. Ello tomando en cuenta que “no existe una simple sindicación” contra el presidente Castillo, “sino que se presentan suficientes elementos indiciarios respecto a los delitos graves a los que se le vincula”. Además, sostuvo el juez que esperar a la culminación del mandato presidencial sería peligroso, sobre todo por la presunta existencia de una organización criminal denunciada por la fiscalía, pues sus miembros seguirían ejerciendo cargos públicos.

Con respecto a esto último, es importante recordar que a Castillo no se le imputa cualquier cargo, sino uno especialmente grave: el de liderar una organización delictiva y, por lo mismo, lo que está en riesgo aquí no es solo la probable infección de una parcela del organismo estatal, sino la supervivencia misma de nuestra institucionalidad y del sistema democrático peruano.

En pocas palabras, lo que ha hecho el Poder Judicial esta semana es determinar que la interpretación realizada en su momento por la Fiscalía de la Nación para abrir una investigación a Castillo por cargos de colusión, tráfico de influencias y organización criminal es correcta. O, de otro modo, que el presidente no tiene corona y que tendrá que allanarse a las investigaciones que el Ministerio Público le ha iniciado, le guste o no. Una reacción atinada –hay que decirlo– de nuestras autoridades judiciales frente a los indicios, cada vez más abundantes, que vienen apareciendo alrededor de Castillo y varios de los que hasta hace no mucho eran sus colaboradores más cercanos.

El fallo, además, desmonta el argumento esgrimido por Castillo y sus adláteres sobre una supuesta persecución política en su contra, toda vez que con el pronunciamiento del juez son ya dos instituciones autónomas las que se han pronunciado sobre la pertinencia de investigar al mandatario.

Finalmente, con esta decisión, el mandatario se anota una derrota más en sus denodados intentos por evadir los avances de las pesquisas en su contra. Sería saludable, en ese sentido, que el presidente y su defensa legal dejen de urdir operaciones legalistas para rehuir al accionar de la justicia. A estas alturas, hay demasiadas razones como para que la fiscalía continúe con su investigación contra el mandatario. Y el fallo del Poder Judicial de esta semana no ha hecho más que confirmar ello.