Editorial: El Estado no está en campaña

En los últimos días, ha vuelto a cobrar fuerza en el discurso y la acción política del oficialismo el empeño de recolectar firmas para convocar un referéndum que conduzca a la elección de una asamblea constituyente. Sobre el fondo de esa pretensión, nos hemos pronunciado ya en numerosas oportunidades en este Diario. Nuestros lectores saben que, en sintonía con lo que indica una mayoría de los expertos en la materia, opinamos que no hay manera de convocar una asamblea constituyente sin violar lo que establece el artículo 206 de la Constitución y que lo máximo que se podría conseguir a través de un recojo de firmas como el emprendido es presentar ante el Congreso una iniciativa para que este modifique el artículo constitucional en cuestión. El tipo de referéndum al que Perú Libre quiere llegar mediante el mecanismo que ha puesto en marcha es aplicable a las leyes ordinarias, no a las contenidas en la Carta Magna. Pero, como decíamos, sobre ese particular hemos hecho ya hincapié en múltiples ocasiones.

En esta oportunidad, en cambio, queremos llamar la atención sobre un problema distinto: el de la financiación de esa campaña y la legalidad de la participación de las autoridades del gobierno en ella.

Como es obvio, los esfuerzos de esta naturaleza corresponden a los partidos políticos o a las organizaciones ciudadanas que pudieran respaldarlos (de hecho, en las últimas semanas, un grupo de ciudadanos se ha venido movilizando en el sentido contrario, el de rechazar una potencial asamblea constituyente, con sus propios medios), y no a las personas que ocupan cargos en el Estado. Y esto es así por la sencilla razón de que lo segundo abriría la posibilidad de que se utilizasen recursos públicos –que son de todos los peruanos– en la promoción de intereses de un sector específico, aprovechando que sus representantes tienen en ese momento las riendas del poder. Lo que cabe preguntarse, en consecuencia, es si acaso ello está sucediendo a propósito de la campaña que nos ocupa.

Pues la verdad es que hay indicios más que inquietantes que así lo sugieren.

Dos días atrás, por ejemplo, en coincidencia con el inicio de la entrega del bono Yanapay en Cañete, la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, declaró: “Estamos trabajando y recolectando firmas para ese referéndum”. Una aseveración que no solo pone en entredicho la neutralidad de quienes presuntamente representan a la totalidad de la ciudadanía desde la posición que ocupan, sino que supone el aprovechamiento de una situación que previsiblemente predispone a la ciudadanía de manera favorable hacia el gobierno –como la entrega de bonos– para promover un proyecto político partidista: todo lo contrario a lo que dicta el artículo 31 de la Constitución sobre el principio de neutralidad que deben respetar los funcionarios.

Mueve a preocupación también la nutrida agenda de viajes al interior que el parlamentario oficialista Guillermo Bermejo ha iniciado desde el 26 de agosto con fines proselitistas asociados a esta campaña. ¿La ha solventado con recursos propios o se ha valido de los traslados a regiones que el Congreso les cubre a los legisladores? La demanda parece pertinente, sobre todo, a la luz de las investigaciones de las que es objeto Perú Libre –partido al que pertenecen las dos personas mencionadas y, en general, la gente involucrada en el recojo de firmas– por, precisamente, haber financiado sus campañas electorales del 2020 y de este año con fondos presuntamente provenientes del Gobierno Regional de Junín.

La ligereza con la que frecuentemente se dispone de los recursos del Estado para cubrir propósitos particulares es más que una mala costumbre de los gobiernos que llegan en nuestro país al poder; es un delito. Y si los actuales responsables de la administración de tales recursos pretenden ignorar en esta oportunidad que quien está en campaña para la recolección de firmas es el partido en el que militan y no el Estado, corresponde a las instituciones de fiscalización de ese mismo Estado, a la prensa y a la ciudadanía en general hacerlos retroceder y hacerlos responsables de sus actos.