Ayer, con 78 votos a favor, 29 en contra y ocho abstenciones, el Congreso aprobó la censura del titular del Interior, Dimitri Senmache. Se trata del quinto ministro del sector nombrado por el gobierno de Pedro Castillo en menos de un año y su efímera gestión, de poco más de un mes en el cargo, quedará manchada por una situación en particular: la fuga del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva a principios de junio.
Precisamente, ese fue uno de los motivos que se expuso en la moción aprobada ayer en el pleno (el otro eran las 14 muertes registradas en la provincia arequipeña de Caravelí el pasado 2 de junio tras un enfrentamiento entre mineros artesanales e informales por una disputa de terrenos). Ambos, dicho sea de paso, eventos por los que el hoy censurado ministro nunca asumió responsabilidad alguna y, más bien, siempre trató de defenderse alegando que había hecho todo lo que pudo.
El caso de la huida de Silva, como hemos mencionado anteriormente, es por demás escandaloso. Días antes de que el Poder Judicial dictara su detención preliminar por 15 días, las evidencias que iban apareciendo en su contra permitían presagiar que era solo cuestión de tiempo para que las autoridades solicitasen su captura. Más aún luego de que Willax TV difundiera la transcripción de un audio entre el prófugo exministro y el empresario actualmente recluido en el penal Ancón I Zamir Villaverde, en el que este último le entrega “cien grandes” al primero de parte de “los amigos de Tapusa”, una de las empresas que integran el consorcio Puente Tarata III.
La fiscalía ha contado que el 27 de mayo solicitó una videovigilancia para Silva –que en ese momento se encontraba rindiendo su declaración en un local del Ministerio Público– a la División de Investigación de Delitos de Corrupción vinculados a Crimen Organizado (Dircocor) de la policía. Esto con la finalidad de conocer el paradero del extitular de Transportes y poder capturarlo una vez que se tramitase la orden de detención en su contra. El ministro Senmache, por su parte, ha argumentado que los equipos que debían monitorear a Silva acudieron a algunos inmuebles vinculados al exfuncionario, pero a los que este nunca se apersonó.
El 1 de junio Silva acudió a radio Exitosa para brindar una entrevista, por lo que su ubicación era públicamente conocida en ese momento. ¿Qué pasó luego? En palabras de Senmache, tras la entrevista, Silva “sale en un auto privado y se da a la fuga”. Así de fácil, al que en ese momento era el exfuncionario de más alto rango de este Gobierno señalado por corrupción se le perdió el rastro. En el mejor de los casos, su fuga fue posible por una pasividad insólita de las fuerzas policiales; en el peor, por la complicidad de personas dentro del Gobierno que lo ayudaron a escabullirse sin mayores vicisitudes.
Lejos de asumir un gramo de responsabilidad por lo sucedido, el ministro Senmache prefirió echarle la culpa al Ministerio Público y hasta respondió de forma destemplada a la prensa un par de veces cuando esta lo cuestionó por la fuga. “No soy el que va a permanecer en la puerta de un domicilio esperando si sale o no sale”, dijo, por ejemplo, el mismo día en que se conoció que Silva estaba inubicable.
Por supuesto, lo que se le pedía a Senmache no era que estuviera en la puerta de Silva, sino que asumiera la responsabilidad política por una fuga que dejaba en entredicho el compromiso de su sector por hacer cumplir los requerimientos judiciales cuando estos iban dirigidos a personajes cercanos al Gobierno. Y el silencio del presidente Pedro Castillo por la situación de su colega y amigo Silva solo reforzaba las suspicacias.
Si para Senmache la fuga de uno de los hasta hace poco colaboradores más cercanos del mandatario no era algo tan grave como para poner en entredicho su continuidad, el Congreso debía hacerle saber lo contrario. Su censura era, pues, el único desenlace posible.