Editorial: Hora cero

A pesar de que el número oficial de casos confirmados con COVID-19 está, hasta el cierre de esta edición, por debajo de la centena, el Gobierno Peruano reaccionó ayer con rapidez y dureza para retrasar el avance del virus. En horas de la noche, el presidente Martín Vizcarra anunció la publicación de un decreto supremo que declara estado de emergencia nacional por 15 días.

Las medidas señaladas han sido particularmente severas incluso en el actual contexto global de pánico y restricciones. La disposición incluye el cierre total de las fronteras, la limitación del libre tránsito, el cierre de negocios (a excepción de los considerados esenciales) y el apoyo de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad. Las personas solo podrán circular por la vía pública para actividades básicas como comprar medicinas y alimentos, o asistir a personas en necesidad.

En su alocución, el propio mandatario reconoció que el aislamiento social obligatorio impuesto se trata de una medida extrema. Debido a la rareza de la situación y a la prisa que demandaba, queda todavía mucha incertidumbre sobre varios detalles de su aplicación. Sin embargo, sus consecuencias para la vida regular de los ciudadanos peruanos sin duda serán enormes, con costos sociales y económicos incalculables.

No obstante, en vista del enorme riesgo que la expansión del virus puede suponer para el sistema de salud público y las vidas de cientos de miles de personas, la reacción del Gobierno ha sido adecuada. El Perú estaría por el momento en etapas tempranas de contagio comunitario. Acciones oportunas, antes de que sea demasiado tarde, han demostrado ser la mejor manera de combatir epidemias de este tipo. La historia demuestra que, en situaciones como las que el país vive hoy, pecar de exceso de cautela es significativamente mejor que pecar de negligencia.

En estas semanas difíciles que tenemos por delante, conviene recordar que el Perú –a diferencia de otros países en los que el virus avanza inexorablemente– carece de un sistema de salud inclusivo y eficiente, capaz de atender la enorme demanda por servicios médicos que una epidemia local desataría. No se trata únicamente de consideración y empatía con la población en riesgo (adultos mayores y personas con complicaciones previas de salud), sino de mantener a los servicios médicos operativos para todos.

Lo que viene no será fácil. Por un lado, el Gobierno debe delinear de manera muy fina los alcances del estado de emergencia para hacer el menor daño posible a los negocios y trabajadores que sin duda serán afectados. Así como con la rápida reacción a la pandemia, los programas de ayuda económica y alivio financiero de emergencia tampoco pueden esperar a que sea demasiado tarde. La extendida informalidad de la economía peruana y la vulnerabilidad económica de millones de peruanos hoy ponen un reto adicional a la aplicación de estas medidas extremas.

Por otro lado, la población debe hacer todo lo posible por respetar los lineamientos establecidos ayer y asumir la seriedad del asunto. Lo cierto es que, para el Gobierno, será imposible vigilar el cumplimiento del aislamiento obligatorio de más de 30 millones de personas. La única manera de enfrentar decisivamente la amenaza que ha llegado al Perú es con la participación voluntaria de su gente. Los anuncios del presidente Vizcarra y de representantes del sector privado garantizando el abastecimiento de alimentos y productos básicos sin duda serán claves para ayudar a mantener la calma en estos momentos de incertidumbre y angustia.

Hoy se pone a prueba, como pocas veces en la historia nacional, el compromiso ciudadano de los peruanos. Demostremos juntos que estamos a la altura y que podemos ser un ejemplo para el mundo de cómo luchar contra este mal.