Editorial: La suerte de Salaverry

El excandidato presidencial de Somos Perú, Daniel Salaverry, parece compensar la suerte que no tuvo en las últimas elecciones (llegó duodécimo y cosechó el 1,67% de los votos válidos) en el campo laboral. Sin mayores destellos en su formación universitaria y con una experiencia de trabajo acumulada sobre todo en empresas de su propiedad, ha sido designado presidente del directorio de la entidad estatal Perú-Petro, un puesto para el que cualquiera asumiría que se requiere un mínimo conocimiento del sector petrolero. Como el exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi ha recordado, la referida entidad es responsable de la eventual entrega de lotes petroleros a las empresas que soliciten realizar acciones de exploración y explotación de yacimientos. Y, por esa razón, no es de extrañar, por ejemplo, que quien antecedía a Salaverry en el puesto, el señor Seferino Yesquén Léon, fuese un ingeniero de petróleo de la UNI, con estudios en una maestría en Ingeniería de Petróleo y Gas, y con una experiencia de casi 40 años en el rubro.

De hecho, la Ley 26625 establece en su artículo 13 que los miembros del directorio de Perú-Petro “deberán ser personas con reconocida capacidad técnica y profesional en la materia a desempeñar”.

Nada de esto, por cierto, se cumple en el caso que nos ocupa, lo que obliga a buscar los méritos del nombramiento en otro lugar. Y la verdad es que no hace falta especular demasiado, pues, como se recuerda, tras un periplo político que lo llevó del Partido Aprista al fujimorismo y de ahí a Somos Perú, el ahora presidente de Perú-Petro terminó ofreciéndole su respaldo al profesor Pedro Castillo durante la segunda vuelta del año pasado. La designación, en consecuencia, tiene todo el aspecto de ser un premio o una retribución por ese apoyo; sobre todo, si se tiene presente la cantidad de nombramientos de amigos y aliados del Gobierno en cargos para los que estos no reunían los requisitos que se han dado desde el 28 de julio.

Ministros y funcionarios de primera línea en sectores como Interior, Trabajo o Transportes y Comunicaciones que debieron abandonar pronto sus puestos porque la prensa puso en evidencia lo poco adecuados que resultaban para el mismo han sido, en efecto, una constante en esta administración en los pocos meses que tiene de iniciada. El relevo de Mario Carhuapoma en la presidencia de Essalud, ocurrido dos días atrás, es un hecho recordatorio de esa circunstancia. Como lo son también los seis casos que nos hizo conocer la semana pasada el programa “Punto final” sobre personas allegadas a Perú Libre que buscaron –y, en más de oportunidad, consiguieron– ser nombradas en el Ministerio del Ambiente, a pesar de no reunir las características que la designación en cuestión exigía.

En lo que concierne a la situación de Daniel Salaverry, tanto en el Congreso como en la Contraloría se han iniciado procesos destinados a revisar la legalidad de lo sucedido y, eventualmente, él podría ser retirado de la posición que ocupa. Pero eso, en el fondo, es solo una anécdota. Lo que cabe destacar aquí es la persistencia del Gobierno en usar los puestos del Estado como una forma de recompensar a quienes forman parte de su entorno o le ofrecieron apoyo político en algún momento.

En un editorial de agosto del año pasado, a propósito de la bandera de la lucha contra la corrupción en la que esta administración suele envolverse, anotábamos que “habría que recordarle al mandatario que una de las formas en las que este flagelo se manifiesta es en el nombramiento de personas en el Estado que no cumplen con los requisitos para los cargos que se les asignan”, pues no existe otra manera de entender el hecho de que “el dinero de los contribuyentes se destine a pagar los honorarios de una persona que no ha llegado al puesto por sus credenciales, sino por su cercanía a un partido político”. Y ahora, no podemos sino ratificarnos en lo dicho.