Editorial: Los tentáculos de Perú Libre

Decir que el presidente Pedro Castillo empezó su gestión con el pie izquierdo con la conformación de su primer Gabinete, liderado por un radical indulgente con Sendero Luminoso y compuesto por una retahíla de personajes poco preparados –pero igual de radicales–, sería una evaluación tibia. Con este equipo de trabajo el Gobierno confirmó que ni la moderación ni el consenso serán sus objetivos y que, más bien, se buscará que Perú Libre tenga un papel protagónico en el Estado. Y lo harán sin importar la idoneidad de las personas a las que se les asignan cargos importantes. La lealtad al partido o a su ideología parece ser el único requisito indispensable.

Así, en el Consejo de Ministros, no solo hay un primer ministro que insulta con su presencia a las víctimas del terrorismo en nuestro país y cuya catadura machista y homofóbica ha quedado comprobada. También tenemos a un ministro de Trabajo vinculado a facciones radicales del Conare –brazo del Movadef–, un ministro de Defensa con un pasado de amonestaciones en la Policía Nacional (fue sancionado en los noventa con seis días de arresto de rigor tras determinarse que “incurrió en faltas graves contra la moral policial y contra la disciplina”), un ministro del Interior que aún era fiscal cuando asumió el puesto (circunstancia que convertiría en nulo su nombramiento, según expertos), un canciller complaciente con las dictaduras y el uso de la violencia para fines políticos, un ministro de Cultura que buscó defenderse a balazos de ser retirado de un bus en estado de ebriedad en el 2001, una ministra de Desarrollo e Inclusión Social denunciada por discriminación contra una ciudadana transexual, un ministro de Transportes con papeletas por transportar pasajeros de manera informal (y denunciado ante la policía por agredir a su pareja) y, en general, una serie de miembros que por tolerar la compañía de individuos con estas características, se han convertido en sus cómplices.

Pero el Gabinete es apenas la punta del iceberg. De cada cartera, pues, se desprenden diversos puestos que los encargados pueden llenar con quienes se les antoje y eso es precisamente lo que está ocurriendo. Braulio Grajeda Bellido, por ejemplo, ha sido nombrado viceministro de Gobernanza Territorial en la Presidencia del Consejo de Ministros. Se trata de un excandidato al Parlamento con Perú Libre que, además, fue uno de los encargados de recaudar fondos que luego fueron transferidos a Vladimir Cerrón para el pago de su reparación civil. Como se sabe, esta se le impuso tras ser sentenciado por delitos cometidos mientras fue gobernador regional de Junín.

Por otro lado, el flamante titular de Transportes no solo destaca por sus infracciones, sino también por lo desatinado de sus nombramientos recientes. Mario Domingo Rubio Uriarte, designado secretario general del MTC, tiene una sentencia por daños y perjuicios por haber causado un atropello el 29 de junio del año 2003. Asimismo, tiene una papeleta por manejar en estado de ebriedad. Otra clara muestra de que ni las capacidades ni la ética han pesado a la hora de elegirlo.

En líneas generales, está claro que el Gobierno está empeñado en otorgar cargos a dedo para asegurar que tendrá la lealtad de funcionarios claves en diversos puestos del sector público. Y el nombramiento de personas poco preparadas o embarradas en cuestionamientos es una prueba de que lo único que importa es la influencia que se espera tener a través de ellas. Y este es apenas el comienzo.

Así las cosas, la vigilancia de la ciudadanía y el Congreso se hace especialmente importante. La actuación de los nuevos servidores públicos tiene que ser cuidadosamente evaluada y todo lo posible tendrá que hacerse para que el daño que puedan hacer no sea irreparable. No está de más, por otro lado, recordarle al presidente que él prometió que colocaría a personas “idóneas” en el poder. Por el momento, está mintiendo.