Editorial: Más vale tarde…

Ayer, el Congreso aprobó las interpelaciones de los titulares de Salud y Justicia, Hernán Condori y Ángel Yldefonso, respectivamente. Ambos deberán acudir al hemiciclo el próximo miércoles 16 de marzo.

Sobre ellos, como sabemos, pesan graves cuestionamientos que constituyeron algunas de las razones por las que muchos –incluyendo a este Diario– considerábamos que la representación nacional no debía darle la confianza que finalmente le otorgó al Consejo de Ministros encabezado por Aníbal Torres en la madrugada del último miércoles. Sin embargo, investido ya el Gabinete, lo peor que podría pasarle al país es que el Parlamento renunciase por completo a fiscalizar a los integrantes del Gobierno, es decir, a ejercer una labor de fiscalización del Ejecutivo que tantas veces en los últimos meses se ha negado a desempeñar y que la Constitución, no obstante, le demanda.

En lo que respecta al ministro Yldefonso, este Diario denunció el pasado 17 de febrero que registra 70 denuncias ante el ministerio que ahora preside por su mal desempeño como procurador adjunto del Gobierno Regional de Áncash (GRA). Según los documentos revisados por El Comercio, durante su gestión como procurador (que, curiosamente, el hoy titular de Justicia omitió consignar en su hoja de vida) Ángel Yldefonso habría actuado de manera negligente –por ejemplo, no respondiendo las demandas contra la entidad o no presentando las apelaciones correspondientes–, generándole un perjuicio al GRA. El ministro ha explicado en su cuenta de Twitter, a modo de defensa, que esto se debió a que tenían “profundas carencias de recursos materiales, humanos y presupuestarios, que dificultaron la adecuada atención de la defensa”.

En el caso del ministro Condori, su expediente es aún más grave. Hombre cercano al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, Condori arrastra una investigación en la Fiscalía Anticorrupción de La Merced por los presuntos delitos de cobro indebido y negociación incompatible en agravio del Estado mientras era funcionario del Gobierno Regional de Junín encabezado por Cerrón.

Además, sus aptitudes como médico han sido puestas en duda, pues se han difundido videos no tan antiguos de Condori, por un lado, recomendando el consumo de ciertas sustancias para usos que la ciencia no respalda (entre ellos, el del “agua arracimada” para la prevención de trastornos metabólicos o el de la ivermectina para el COVID-19) y, por el otro, promocionando un método de detección del cáncer “en un minuto” de manera irresponsable y engañosa. Su gestión, como era de esperar, ha causado ya una andanada de protestas expresadas, de un lado, en las renuncias de varios profesionales capacitados en el sector y, del otro, de pedidos expresos de que deje el cargo de parte de instituciones como el Colegio Médico del Perú, la Facultad de Medicina de San Marcos o la Asociación Peruana de Facultades de Medicina.

Hay que decir que todos estos cuestionamientos los conocían de sobra en el Ejecutivo. Y que en lugar de explicarles a los peruanos por qué les ofrecían funcionarios con tan angustiantes antecedentes, prefirieron darle largonas al tema. Sobre Condori, por ejemplo, el ministro Aníbal Torres afirmó hace un mes que el presidente Pedro Castillo estaba “evaluando” su permanencia en el cargo, mientras que sobre Yldefonso reconoció que no tenía conocimiento sobre las 70 denuncias en su contra, pero que las evaluaría. Solo resta pensar que los dos ministros superaron ambas evaluaciones y que los estándares dentro del Ejecutivo para medir la idoneidad de un funcionario están por los suelos.

Así las cosas, la responsabilidad de ahorrarle al país la vergüenza de contar con funcionarios controvertidos recae en los congresistas. Y aunque hasta hoy una mayoría de ellos no se ha mostrado a la altura en este aspecto (personas como el hoy extitular de Transportes Juan Silva no debieron haber durado más de unas pocas semanas en el cargo), hay que decir que más vale tarde que nunca, y que Condori e Yldefonso no deben de ser los únicos integrantes de este Gabinete a los que se debe llevar a responder ante el pleno.