Editorial: Terreno minado

El Perú es un país minero. En promedio, en los últimos diez años, el sector ha representado el 9% de nuestro producto bruto interno y su desarrollo ha supuesto la creación de miles de puestos de trabajo y el pago de millones de dólares en tributos para el Estado. Se trata, en fin, de una actividad fundamental para nuestra economía y su éxito, como es evidente, nos beneficia a todos.

Frente a esta realidad, los últimos resultados de la Encuesta Anual de Compañías Mineras del Instituto Fraser sobre competitividad minera –que recoge las percepciones de 263 compañías mineras de 76 jurisdicciones en el mundo– pintan un panorama desalentador. Como informó ayer este Diario, el Perú ha caído diez posiciones en lo que concierne a cuán atractivo es para los inversionistas, pasando de ocupar el puesto 14 en el 2018 a alcanzar el 24 (de 76) en el 2019, un tropiezo considerable si se toma en cuenta que, desde el 2015, el país solo había registrado mejorías en esta medición.

El informe, sin embargo, deja meridianamente claro que nuestra actual posición en el escalafón de competitividad minera no tiene nada que ver con nuestro potencial en este sector (ahí alcanzamos el puesto 12), sino con factores políticos. En efecto, en el rubro de ‘percepción política’, por ejemplo, estamos en la ubicación 45, en el de ‘acuerdos con comunidades’ en la 58 y en ‘huelgas’ llegamos a la 60. En suma, ingredientes que ayudan a explicar que, con respecto al 2018, en el 2019 se haya registrado una baja de 13% en la inversión en exploración minera.

Si bien el estudio que nos ocupa no hace referencia a eventos específicos para explicar este cambio en la percepción de los inversionistas, no se necesita mucho esfuerzo para identificarlos. El 2019 ha sido un año en el que el control de los conflictos sociales ha dejado muchísimo que desear, con los casos de Las Bambas (Apurímac) y Tía María (Arequipa) resaltando como los mejores ejemplos de ello.

Como se recuerda, el corredor minero a Las Bambas fue bloqueado desde el 4 de febrero del año pasado por aproximadamente 60 días a la altura del fundo Yavi Yavi, de propiedad de Fuerabamba. En esa ocasión la medida tomada por la comunidad procuraba, entre otras cosas, que se revirtiese la calificación como vía nacional de la porción de carretera que atravesaba el fundo. Durante el conflicto incluso se atacó un helicóptero en el que viajaban miembros del Gabinete y la imposibilidad de transportar el mineral supuso pérdidas que, según los cálculos del titular de Energía y Minas de la época, alcanzaban los S/30 millones al mes.

El caso de Tía María, empero, fue más grave, por el papel bochornoso que el Ejecutivo jugó en él. Si bien el presidente Martín Vizcarra recién le dio el tiro de gracia a la ejecución del proyecto durante su gobierno en enero de este año (“No hay forma [de que el proyecto vaya]”), ya venía dando señales de que esa era su intención desde el 2019.

Como se recuerda, en julio pasado el Gobierno le dio a la minera la licencia de construcción del proyecto, luego de que esta cumpliese con todos los requisitos que la ley planteaba. Un mes después, sin embargo, el panorama cambió con el escalamiento de las protestas en Arequipa: el Consejo Nacional de Minería suspendió el permiso y un audio de una reunión del mandatario con autoridades de la región, filtrado a la prensa, reveló que aquel buscaba “preparar el argumento” para cancelar el consentimiento que su propia gestión había tramitado. Un torpedo a la predictibilidad y al Estado de derecho que hoy, como revela la encuesta del Instituto Fraser, nos está pasando factura.

Así las cosas, es claro que el Gobierno tiene que tomar medidas para que resultados como los aquí descritos no vuelvan a repetirse en el 2020. La minería es uno de los pilares de la economía peruana y no nos podemos dar el lujo de que quienes invierten en ella vean al país como un terreno minado. Ser transparentes y hacer cumplir las leyes sería un buen comienzo.