Variaciones nocturnas

Los cambios al caer la noche parecen estársele haciendo costumbre al Gobierno.

Tres noches atrás, trató de remover al coronel PNP Harvey Colchado de la jefatura de la División de Búsqueda de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior y luego, ante el escándalo que la medida provocó (por su evidente intención de entorpecer la acción de la justicia), retrocedió y removió más bien al director de Inteligencia, Whitman Ríos, quien según fuentes de este Diario había aprobado la publicación del irregular documento con el que se quiso consagrar el atropello. Un clamoroso caso de aquello que habitualmente se expresa con el dicho: “La pita se rompe por el lado más débil”… Sin que eso quiera decir que Ríos no tuvo responsabilidad en lo ocurrido. Cabe notar, además, que él llevaba apenas nueve días en el cargo y que ya antes, en agosto pasado, lo había ocupado por solo 18 días.

Hace dos noches, por otro lado, se reemplazó al ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, por César Landa Arroyo, y al titular de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, por Jenny Ocampo Escalante. Rodríguez Mackay había estado al frente de Torre Tagle por solo un mes y algunos días, y había renunciado a fines de la semana pasada a raíz de varios desacuerdos con el presidente Pedro Castillo. Lo desconcertante es que había sido colocado allí para tomar la posta de Landa. Y si este último había sido retirado de la cancillería por algún problema relacionado con su gestión, no se entiende cómo así, cinco semanas después, se lo ha repuesto.

Alencastre, por su parte, había estado en el Gabinete por algo más de tres meses (todo un récord en este gobierno) y enfrentaba cuestionamientos por la tercera compra frustrada de urea atribuible a su sector. A decir verdad, era bastante probable que el Congreso estuviera por censurarlo, por lo que su sustitución podría ser entendida como una forma de ahorrar tiempo… De no ser porque había otros dos cambios que, siguiendo la misma lógica, tendrían que haberse producido en la fecha y, sin embargo, no fueron acometidos.

Nos referimos a las rumoreadas sustituciones de los ministros Geiner Alvarado y Willy Huerta, titulares de Transportes y Comunicaciones, y del Interior, respectivamente. El primero, como se recuerda, está envuelto en una investigación del Ministerio Público por su presunta participación en una organización criminal dedicada a la licitación amañada de obras en diferentes localidades del país, un caso por el que ya se ha dictado la prisión preventiva de la cuñada del mandatario, Yenifer Paredes, y del alcalde de Anguía, José Nenil Medina, y que salpica al propio jefe del Estado. Y el segundo, en un sinfín de sospechas por los cambios dispuestos o consentidos por él en la PNP que apuntan a sacar de en medio a quienes apoyaban o apoyan todavía las distintas investigaciones fiscales que se le siguen al presidente Castillo. Ellos dos ya fueron interpelados por el Parlamento y están también en previsible camino a la censura, pero el Gobierno decidió no aprovechar la ocasión de los cambios ya mencionados para retirarlos y los dejó en su sitio.

Lo distinto de la actitud del Ejecutivo en estos dos casos y en el de Alencastre podría parecer un absurdo, pero no lo es. Entraña, en realidad, un mensaje sobre las prioridades de la presente administración que no es tan difícil de interpretar.

Se diría que lo que nos quieren notificar desde Palacio de Gobierno es que no existe allí preocupación alguna por los cuestionamientos que pesan sobre Alvarado y Huerta, sino una determinación de ir hasta las últimas consecuencias en las, digamos, tareas que les han sido encomendadas. No estamos, pues, ante auténticos cambios en el manejo de los hilos del poder por parte del gobernante. En el mejor de los casos, apenas ante variaciones nocturnas de un tema planteado desde el 28 de julio del año pasado.

Por todo eso, como decíamos ayer en esta misma página, pensamos que el Congreso debe asumir su responsabilidad y ponerle coto a esta situación.