Y la Ética, ¿qué?

A pesar de que en cada quinquenio cambian los partidos que lo componen y, por consiguiente, muchos de sus integrantes, hay cosas que se mantienen vigentes en el Congreso de la República. Entre estas, por ejemplo, se hallan el impulso por legislar de acuerdo con la coyuntura (‘legislación reactiva’, le llaman algunos), las citaciones irrefrenables a los ministros a distintas comisiones o las controversias que siempre se desatan alrededor de la Comisión de Ética, quizá el más polémico de todos los grupos de trabajo.

Honrando la tradición parlamentaria de los últimos tiempos, la actual representación nacional no ha sido ajena a ninguna de estas prácticas. Aunque es justo decir que, en esta oportunidad, la crítica no pasa tanto por la actuación de la comisión de marras… sino más bien por la ausencia de esta.

Hoy se cumplen 85 días desde que se instaló el Parlamento 2020-2021 y todavía no existe una Comisión de Ética operativa (aunque se espera que esto se corrija en los próximos días). Ya es una cifra récord, pues el mismo trámite le tomó al Congreso anterior apenas 43 días, y al antecesor de este último, 76. Sin embargo, algunos legisladores no han esperado ni siquiera a que el grupo de trabajo se instale para empezar a recordarnos por qué es perentorio que lo haga.

De hecho, no pasaron ni diez días desde que entraron en funciones para que los flamantes legisladores comenzaran a protagonizar escándalos: el 22 de marzo se supo que tres legisladores habían usado –uno de ellos, además, en compañía de sus familiares– uno de los vuelos humanitarios facilitados por el Gobierno para que los ciudadanos pudieran trasladarse (por razones humanitarias, se entiende) en pleno estado de emergencia. Y el mismo día, el parlamentario Hipólito Chaiña fue intervenido por la policía en Lince, donde había convocado a una reunión en plena cuarentena.

Entrevistado por la Agencia Andina el domingo, el congresista designado para presidir la Comisión de Ética, César Gonzales (Somos Perú), señaló que, cuando ejerció como periodista, fue muy crítico con la actuación del grupo de trabajo que ahora encabezará. “Mi persona tiene la predisposición de ser contundente en la lucha contra la corrupción sin importar que sea de mi partido o el presidente del Congreso”, expresó.

Y da la casualidad de que tres de los casos que, a juicio de algunos legisladores o bancadas, deberían de revisarse en Ética incluyen, por un lado, a integrantes de la bancada Somos Perú (como la parlamentaria Matilde Fernández, una de las usuarias de los vuelos humanitarios; y a su colega de bancada, Norma Alencastre, que fue registrada en un video mientras supuestamente atendía en su farmacia) y al titular del Parlamento, Manuel Merino (cuyos familiares contrataron con el Estado cuando él se desempeñó como legislador entre el 2011 y el 2016). Por lo que parece que no tomará mucho tiempo constatar la consistencia de los dichos de Gonzales.

Como sabemos, el trabajo de la Comisión de Ética fue una de las razones por las que la ciudadanía le guardaba poca estima al anterior Congreso. Las denuncias de que la bancada que la presidía –Fuerza Popular– operaba de manera parcial y con sesgo político, blindando a sus miembros y persiguiendo fieramente a sus detractores, provenían incluso desde dentro del grupo de trabajo. Ello provocó que, en su momento, más de una bancada decidiese retirar de manera definitiva a su representante (o amenazara con hacerlo) y que más de un titular de la comisión tuviese que renunciar en medio de la catarata de críticas que despertó uno de los tantos blindajes o tratos tibios en los que incurrió continuamente dicho equipo.

Ojalá que este nuevo Parlamento se preocupe por fiscalizar que cada uno de sus 130 integrantes se conduzca de manera ética… aunque, para ser honestos, comenzar demorando la instalación del grupo de trabajo no es un buen inicio.