Editorial: Zona liberada

El reciente homicidio de Ezequiel Nolasco, quien se alistaba a ser candidato a la presidencia regional de Áncash, es el último de una cadena de asesinatos de autoridades en esa región. Crímenes que, de hecho, en su mayor parte no han sido esclarecidos y que parecen confirmar que en Áncash prevalecen mafias que habrían logrado controlar a la policía y a la administración de justicia para convertirla en una zona liberada para la corrupción.

Nolasco ya había sufrido un atentado en julio del 2010, ocho días después de que fuera asesinado el vicepresidente regional José Sánchez Milla. Tanto Sánchez Milla como Nolasco habían planteado anular un paquete de inversiones por S/. 840 millones del gobierno regional, percibidas como notoriamente sobrevaluadas. Nolasco sobrevivió luego de recibir cuatro balazos, pero su hijo político fue abatido de una bala en la cabeza por intentar defenderlo. Las investigaciones llevaron a identificar a Luis Arroyo, alcalde de Santa y hombre cercano al presidente regional, César Álvarez, como autor intelectual del crimen, pero la investigación se habría frustrado, pues una testigo clave en el proceso, Hilda Saldarriaga, fue asesinada antes de que pudiera declarar en el juicio oral. 

En Áncash han sido asesinados, además de los mencionados, Luis Sánchez Colona, fiscal provincial de Casma; el delincuente Danny Huamancondor de La Cruz, quien venía siendo investigado precisamente por el asesinato del fiscal Sánchez Colona; Jorge Boyascki Paredes, quien había denunciado la sobrevaloración de la carretera de Motocachi-Jimbe; el periodista Pedro Flores Silva en Casma; el ex alcalde Pedro Tapia Marcelo en Huarmey; y el alcalde provincial de Casma, Lito Montalván Macedo.

Ni siquiera se puede saber si estos casos tienen relación entre sí por la sencilla razón de que el aparato judicial aparentemente también estaría amendrentado. A mediados del año pasado, la fiscal anticorrupción del distrito judicial del Santa, Nancy Moreno, recibió un sobre con una bala de 9 milímetros y una carta advirtiéndole que debían cuidarse ella y su familia. Antes había recibido un arreglo floral fúnebre. Paralelamente, César Álvarez la denunció en diciembre por acoso judicial, pues ella venía investigando algunos casos relacionados al presidente regional (de hecho, según la fiscal, de las 688 denuncias presentadas ante la fiscalía anticorrupción, la mayoría era contra Álvarez). 

El periodista Ricardo Uceda ha señalado que una investigación fiscal a la llamada “Centralita” (local donde el gobierno regional supuestamente realizaba chuponeos y llevaba la relación de periodistas y magistrados sobornados) terminó en el cese o el retiro de ocho fiscales, por disposición del fiscal de la Nación, José Peláez. Uceda infiere que las relaciones de protección a los poderes regionales podrían llegar al más alto nivel. El fiscal provisional provincial de Áncash, José Luis Checa, fue suspendido por Carlos Ramos Heredia, titular de la Fiscalía Suprema de Control Interno, luego de que César Álvarez se quejara de que inspeccionaran su vehículo ante la sospecha de que llevaba dinero para entregarlo a manifestantes con fines políticos. En marzo del año pasado, el fiscal anticorrupción Segundo López Sotelo fue cambiado luego de que reabriera el caso “La Centralita”. Según Uceda, existe una relación especial entre el presidente regional César Álvarez, el fiscal de la Nación José Peláez y el fiscal Ramos Heredia. 

Lo cierto, sin embargo, es que en todo esto las responsabilidades aún no están claras, pero la necesidad de determinarlas es imperante.

José Peláez ha reaccionado y ha nombrado la semana pasada a un nuevo jefe de fiscales en Áncash y la policía ha enviado un equipo especial. Pero ¿cuántos asesinatos han tenido que pasar para que se pase de la connivencia a la acción? 

La solución a estos problemas, por otro lado, no pasa solo por hacer algo con la fiscalía y la policía. Debe, además, reformarse la estructura descentralizada del Estado (diseñada de forma demasiado apresurada e improvisada) para que las mafias no puedan convertir a algunos gobiernos regionales que hoy manejan importantes recursos en jugosos botines. Lo que la descentralización necesita es, finalmente, lo mismo que requiere el gobierno central: mejores mecanismos de control de sus funcionarios.