Una intromisión inaceptable

En nuestro país, intervenir en los medios privados es un viejo sueño de quienes han ostentado el poder durante las últimas décadas. El caso del gobierno militar encabezado por el dictador Juan Velasco Alvarado fue seguramente el más claro, porque privó directamente de la propiedad de canales de televisión, estaciones de radio y diarios a quienes eran sus legítimos dueños. Pero la verdad es que con frecuencia se puede conseguir lo mismo usurpando solo alguno de los atributos de la propiedad, como, por ejemplo, en el caso de los medios, imponiéndoles contenidos. Y eso es exactamente lo que el Congreso ha aprobado recientemente con 80 votos a favor –es decir, con un respaldo transversal de las bancadas presentes en el hemiciclo– y solo tres abstenciones.

El atropello, ya oficializado con su publicación en “El Peruano”, viene disfrazado, como siempre, de nobles propósitos. Lo que se ordena es que las televisoras, radios y periódicos cedan de manera gratuita el 10% de su programación a ministerios e instituciones del Estado para difundir mensajes de prevención de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Un tipo de mensajes que, dicho sea de paso, muchos medios difunden ya ‘motu proprio’ por coincidir con la línea informativa que –libremente y en uso del derecho que los asiste– han elegido.

Las buenas intenciones declaradas, sin embargo, no cambian la naturaleza expoliadora de la ley que nos ocupa. No por gusto suele decir que de ellas está empedrado el camino al infierno… En el fondo, esta “franja gratuita” no es distinta que la que quiso imponer hace poco el Ejecutivo con respecto de sus acciones contra el crimen o las que periódicamente se buscan aprobar en el Legislativo para forzar programas de contenido patriótico o nacionalista en estaciones de radio y televisión independientes.

Se trata, desde luego, de una iniciativa groseramente inconstitucional, y por eso no nos cabe duda de que, cuando sea llevada a la atención del Tribunal Constitucional (TC), este la dejará sin efecto. Pero hasta que eso suceda, la norma gozará de presunción de constitucionalidad y estará vigente, por lo que sería importante que los propios parlamentarios corrigiesen su error. Empezando por los miembros de la bancada de Fuerza Popular, pues fue una de sus integrantes –la legisladora Mery Infantes– la que tuvo la luminosa idea de ensayar esta intromisión inaceptable. Si no lo hacen, el oprobio caerá sobre ellos cuando el TC proceda como corresponde.