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El 2 de agosto se vence el plazo para formalizar ante el Jurado Nacional de las alianzas de ya inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas para participar en las elecciones generales del próximo año. Como se sabe, tales partidos son más de 40 y la estadística sugiere que, si todos ellos fueran solos a los comicios, no más de seis o siete pasarían la valla establecida por ley. El resto perdería su inscripción. Es decir, desaparecería. La conveniencia de formar alianzas sobre la base de afinidades ideológicas y programáticas entre ellos salta, pues, a la vista. Y, sin embargo, a menos de tres semanas de que la oportunidad de hacerlo se desvanezca, los esfuerzos orientados en ese sentido son escasos.

En los últimos días, el PPC y el partido Unidad y Paz, que lidera el congresista Roberto Chiabra, han anunciado un acuerdo para ir juntos al próximo proceso electoral, un hecho que hay que saludar, pero eso es todo. Se sabe que también en la izquierda existen conversaciones con propósitos semejantes, pero hasta ahora son solo eso: conversaciones. Y las noticias sobre aproximaciones y alejamientos entre las partes en esas negociaciones son constantes.

¿Qué es lo que bloquea la posibilidad de consolidar coaliciones como las que mencionamos? Pues, aparentemente, el mayor obstáculo son los egos de los eventuales candidatos y la poca disposición a compartir el poder si lo llegasen a obtener. Los postulantes oficiosos a la presidencia que aparecen en las encuestas con un 8% o 9% de intención de voto se sienten absurdamente dueños de una fortuna y su vocación por llegar a entendimientos con otras organizaciones políticas es retórica. Aun en el caso de la alianza que aquí recogemos, ha trascendido que otros tres partidos que participaban en el empeño de llegar a un acuerdo terminaron desistiendo porque este venía con un candidato obligado. Lo programático, se diría, no ha sido la primera prioridad a la hora de materializar la alianza y eso puede pasarles factura a los socios de esta entente más adelante.

A partir de cifras como las que registran los sondeos, por otra parte, es evidente que un triunfo electoral en segunda vuelta supondría el establecimiento de un gobierno con un respaldo muy débil en el Congreso, y ya sabemos cómo acaban esas historias…

En resumidas cuentas, estamos contra el reloj en un asunto que nos puede costar mucho en materia de institucionalidad y democracia, y quienes tiene la solución en sus manos darían la impresión de estar mirando hacia otro lado.

Editorial de El Comercio

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