Aislado

El dramático incremento de la inseguridad ciudadana y la insostenible situación de hacinamiento en nuestros penales (de más del 100%, según un informe del GDA de julio pasado) ha hecho que nuestros congresistas vuelvan a juguetear con la idea de reabrir un penal en la isla de El Frontón, donde, como sabemos, funcionó un establecimiento penitenciario entre 1917 y 1986, cuando el debelamiento de un motín que terminó con la muerte de más de un centenar de presos obligó a cerrarlo.

En junio pasado, por ejemplo, el legislador Wilson Soto (Acción Popular) presentó un proyecto de ley para “declarar de necesidad pública la reconstrucción e implementación del establecimiento penitenciario de alta seguridad El Frontón”, que se encuentra desde entonces en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento. Previamente, la congresista Isabel Cortez (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) había declarado ante la prensa que debía reabrirse El Frontón para albergar “a todos aquellos que violan, que asesinan; a todos ellos mandarlos ahí, a que cumplan cadena perpetua, sin ningún beneficio”.

Pero no son los únicos. En setiembre y diciembre últimos, respectivamente, los parlamentarios Alejandro Muñante (Renovación Popular) y José Arriola (no agrupado) presentaron sendos proyectos de ley para hacer lo propio que todavía no tienen dictamen. Y el último en sumarse a esta fila ha sido nada menos que el presidente del Congreso, Alejandro Soto, que esta semana visitó las instalaciones del abandonado establecimiento penitenciario para “evaluar una iniciativa legislativa para su reactivación”. “Esto fue un penal en el pasado”, se le escucha decir en un video grabado a pocos metros de la isla, “hoy en día le puede servir a los peruanos, en esa tarea está el Congreso de la República”.

La verdad, sin embargo, es que el Legislativo tiene poco que decir respecto de un tema que, como se ha recordado en las últimas horas, es competencia expresa del Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Es cierto que nuestro país necesita aliviar la calamitosa sobrepoblación en las cárceles y que, para ello, la construcción de nuevos penales o la ampliación de los ya existentes podría ser una solución, pero esta debería inscribirse dentro de una política de Estado más grande que se complemente con otras disposiciones –como la posibilidad de que muchos recluidos en prisión preventiva puedan pasar a prisión domiciliaria– y donde se ataque el problema de que nuestras cárceles hoy sigan siendo el escenario donde se cometen delitos como la extorsión o se forman nuevos criminales.

Añadido a ello, algunos expertos ya han explicado los problemas logísticos de mantener un establecimiento penitenciario en una isla, que van desde la dificultad del Estado para controlar el orden (recordemos que en sus casi 70 años de funcionamiento El Frontón fue el escenario de fugas y revueltas) hasta los problemas para la visita de los familiares, y el abastecimiento y la gestión de residuos del lugar. Por lo que reabrir un penal allí –o instar al Gobierno a que lo haga– parecería más un gesto para las cámaras que una política penitenciaria atinada.

Más aún viniendo del titular del Parlamento, quien, al parecer, es pródigo para los anuncios efectistas, pero ajeno a los serios cuestionamientos en su contra o en contra de la institución que preside. Como ha recordado este Diario, Soto ha pasado ya los 150 días sin dar conferencias de prensa y las entrevistas que ha dado a los medios de comunicación en ese lapso de tiempo han sido muy escasas considerando que se trata de nada menos que del titular del poder del Estado más reprobado por la ciudadanía según todas las encuestas.

El aislamiento que al parecer le gustaría aplicar a ciertos reclusos en El Frontón es el mismo que, metafóricamente hablando, él se ha impuesto respecto de la prensa; todo ello en momentos en los que existen muchísimos temas pendientes que implican al Parlamento por los que él debería dar la cara. Si hay una emergencia que el presidente del Congreso debe atender, esa es la de responder ante la ciudadanía.