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Editorial: Fugó

La huida del ex juez César Hinostroza evidencia, en el mejor de los casos, una negligencia vergonzosa de las autoridades.

Editorial

César Hinostroza

El ex juez supremo César Hinostroza durante el debate en el Congreso para su destitución, inhabilitación y acusación ante el Ministerio Público, el pasado 27 de setiembre. (Foto: Congreso).

Foto: Congreso de la República.

Ayer se confirmó que el ex juez supremo César Hinostroza, sobre el que regía un impedimento de salida del país, había fugado hacia España. Y decimos ‘confirmó’ porque en los dos últimos días los rumores sobre su partida habían ido ganando tal grado de probabilidad que el propio abogado del ex magistrado, el señor Manuel Humberto Asmat, tuvo que salir a aclarar en un medio periodístico que Hinostroza se encontraba en el Perú. Hoy, sin embargo, sabemos que nos mintió.

Resulta difícil exagerar lo vergonzosa que es esta situación para nuestras autoridades, toda vez que César Hinostroza, como sabe cualquier ciudadano mínimamente informado, no es un personaje cualquiera. Es el mismo al que el informe de la fiscal provincial Sandra Castro señala como una de las cabezas de la banda Los Cuellos Blancos del Puerto, la organización criminal que, según la tesis fiscal, pervirtió parte de la judicatura, mercantilizando varios procedimientos judiciales –como nombramientos de fiscales y jueces–, y cuya influencia hizo metástasis en distintas capas del cuerpo estatal.

El mismo al que, además, los peruanos escuchamos pasmados, por ejemplo, coordinando con miembros del hoy extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para lograr la ratificación de un polémico juez de la Corte del Santa en Áncash o conversando en un escenario aún no esclarecido sobre un caso de violación de una menor de edad, en el tinglado de los ya célebres audios difundidos por la prensa.

Y es el mismo al que, vale recordar, hace más de diez días el pleno del Congreso decidió levantar el antejuicio y permitir que sea investigado por un rosario de presuntos delitos, como patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y organización criminal. Aparte de la cadena de artículos de la Constitución que quebró en su calidad de magistrado supremo. Solo cabe pensar que si una persona con tantos reflectores encima consiguió burlar fácilmente los controles migratorios, las fronteras en nuestro país no tienen capacidad de atajar la huida de otros investigados menos renombrados.

En el mejor de los casos, una fuga así solo puede explicarse como el colofón de una cadena de negligencias que se alinearon para que el ex juez saliera del territorio nacional sin hacer sonar ninguna alarma. Ayer, no obstante, todos los posibles implicados –esto es, aquellos que, por acción u omisión, tienen una dosis de responsabilidad en la partida– intentaron descargarse de la culpa y trasladarla al otro. Un ejercicio que, sin embargo, no resulta tan fácil.

Hay responsabilidad, en primer término, en el Ejecutivo, y particularmente en el Ministerio del Interior, que debió garantizar la permanencia en el país de un personaje con tanta influencia dentro del Estado (según se evidencia en los audios, el señor Hinostroza fungía como un operario de favores al más alto nivel), y que, por lo demás, contaba con los contactos y el sustento económico suficiente como para salir al extranjero en cualquier momento. Es inaudito, a su vez, que ni la Superintendencia Nacional de Migraciones ni la Policía Nacional del Perú se hayan percatado del momento en el que el ex juez se escabulló por la frontera. Por ello, es saludable que anoche el presidente Martín Vizcarra haya aceptado la dimisión del titular del Interior, Mauro Medina, cuya permanencia en el cargo era insostenible.

Hay responsabilidad, asimismo, en el Congreso de la República, que tardó 12 días en enviarle a la fiscalía la acusación para que se viabilizaran las pesquisas contra Hinostroza, que el pleno había aprobado el 4 de octubre. ¿Por qué era importante que este trámite completara su recorrido? Porque ello le hubiese permitido a la fiscalía solicitar medidas mucho más drásticas para asegurar la permanencia en el país del magistrado.

Llama la atención, a su vez, la poca preocupación que exhibió el Ministerio Público, que no protestó por el retraso del Congreso en remitirle las acusaciones.

La fuga del país de César Hinostroza es un escándalo y demuestra el poco cuidado que tuvieron nuestras autoridades para garantizar su arraigo. Si de verdad tienen empeño en contrarrestar la corrupción y erradicar la impunidad, como han venido proclamando entusiastamente en el último tiempo, esta no es la mejor credencial.

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