El otro contrabando

Un proyecto de ley que busca sanear los límites de nueve distritos y dos provincias de Huancavelica no concita ciertamente muchos reflectores. Por eso, a tres congresistas se les ocurrió –con la venia de la presidenta de la comisión que elaboró el dictamen– que era un perfecto prototipo de caballo de Troya para colar cambios legislativos que nada tenían que ver con la naturaleza de la iniciativa. Más aún cuando esta iba a votarse por la noche, después de siete horas de pleno y mientras la mayoría de los escaños lucían vacíos.

Pasadas las 10 de la noche del miércoles, en efecto, la congresista Ana Zegarra (Somos Perú) sustentó el dictamen del proyecto 10317, presentado por el Ejecutivo. Inmediatamente después, los parlamentarios Carlos Alva (Acción Popular), Elizabeth Medina (Somos Perú) y Edwin Martínez (no agrupado) pidieron la palabra para solicitar que se incluyeran disposiciones para hacer cambios en las transmisiones de TV Perú, en la Autoridad Nacional de Infraestructura e incluso en el presupuesto de Pasco, temas que nada tenían que ver con la propuesta que iba a votarse.

Tras ser cuestionados por las legisladoras Patricia Juárez y Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) por tratar de ‘contrabandear’ modificaciones legales, el legislador Martínez retrucó: “¿No se quiere transferir dinero para un proyecto de agua y alcantarillado?”, y se explayó en el drama que muchos peruanos todavía padecen por falta de estos servicios. Nadie, sin embargo, estaba objetando el fondo de su propuesta, sino más bien la forma en la que buscaba impulsarla. Si el señor Martínez –o cualquier colega suyo– quiere hacer cambios normativos, bien puede presentar un proyecto para que siga el trámite que siguen todos los demás: estudio, debate y votación. ¿Acaso no lo sabe?

El ‘contrabando congresal’, es cierto, no es una invención reciente. De hecho, forma parte de ese álbum de malas prácticas legislativas, como deliberar y votar hasta altas horas de la noche o ausentarse de las sesiones aprovechando la virtualidad (que ahora se busca extender al funcionamiento del próximo Congreso bicameral). Ya es momento de que se les pongan límites a este tipo de actitudes, que solo contribuyen a crear dudas sobre el trabajo congresal (¿cuántos proyectos habrán sido aprobados de esta manera sin que nadie lo notara?) y, en última instancia, a agravar el descrédito parlamentario.

Introducir disposiciones en un dictamen sobre temas de otra naturaleza es actuar de mala fe. Los ciudadanos no deberíamos consentir que existan legisladores que busquen sacarle la vuelta a su labor; no deberíamos consentir contrabandistas con curul.