Editorial El Comercio

José Luis Untiveros López conducía su combi por la avenida Túpac Amaru, en Comas, como de costumbre, cuando fue interceptado por una moto. Desde allí, dispararon contra el vehículo, matándolo a él e hiriendo en la oreja al cobrador Luis Calle Vargas. A los gatilleros no les importó que la unidad llevara 15 pasajeros. Horas antes del ataque, la empresa para la que Untiveros y Calle trabajaban, La Uvita, había recibido amenazas. No fueron las únicas.

Un día antes, Rutman Berríos Pajuelo fue asesinado en el mismo distrito mientras manejaba una combi de la empresa El Mandarino. Sus asesinos dejaron una nota sobre su cuerpo bastante elocuente: “Hoy mato a un chofer, mañana a otro y a otro, si le siguen pagando al Monstruo Chonguito. Desde hoy no le pagan”. Fuera de Comas, esta semana se registraron dos ataques contra la empresa ‘El Chino’: en Los Olivos, uno de sus buses, que se encontraba operando, recibió varios disparos, mientras que en Villa El Salvador delincuentes dejaron una granada en sus instalaciones. La semana pasada 100 unidades de la empresa dejaron de operar por miedo.

Todos estos actos evidencian que la extorsión en el de la capital se ha salido de control. Según cálculos de un representante del sector, alrededor del 40% de las empresas que prestan este servicio en estarían siendo extorsionadas. El hecho de que muchas de estas operen en la informalidad las vuelve presas fáciles de los criminales. Si la ciudad contase con un sistema de transporte moderno, formal e integrado, la extorsión no podría penetrarla con facilidad. Pero esto último no les interesa a nuestras autoridades.

Tampoco al ministro del Interior, que parece más ocupado en confrontar a quienes lo critican que en atender el desborde de la criminalidad. Recientemente, por ejemplo, ha entrado en una pugna con el fiscal de la Nación, quien le abrió investigación por el delito de abuso de autoridad tras la difusión de unos audios, y contra la prensa que no “informa” sobre sus logros “porque no resulta interesante para un titular”.

Las víctimas de las extorsiones, sin embargo, necesitan un ministro del Interior ocupado en tratar de hacerle frente a este flagelo y no perdiendo el tiempo en discusiones con otros funcionarios. Y si la situación que los transportistas han vivido esta semana en las calles de la capital no es suficiente para convencerlo de que estamos en emergencia, no sabemos qué lo hará.

Editorial de El Comercio