Sin justicia ni confianza

Expertos internacionales vienen advirtiendo desde hace tiempo que el avance de la inseguridad ciudadana y de las economías ilegales puede tener consecuencias funestas sobre el sistema democrático. No solo por la violencia que imponen y su penetración en el aparato político, sino porque le roban al ciudadano la confianza en que las instituciones están para servirlo y protegerlo. De pronto, la opinión prevalente es que el sistema en general ya no funciona.

Algo de ello aparece reflejado ya en la última encuesta de Datum Internacional preparada para El Comercio, sobre todo lo que respecta al sistema de justicia. Según el sondeo, el porcentaje de la población que desconfía del Ministerio Público y de los jueces llega al 86% en el primer caso, y al 87% en el segundo. Las cifras son marcadamente inferiores a las que registra incluso la policía, con un 66% de desconfianza. El mismo estudio encuentra que cerca de uno de cada tres peruanos opina que son los jueces quienes peor trabajo están haciendo en la lucha contra el crimen. Una proporción similar tiene la misma idea sobre los fiscales.

El deterioro en la imagen del sistema de justicia no es gratuito. El Ministerio Público y el Poder Judicial han protagonizado más de un episodio en los que permitieron que peligrosos criminales aprehendidos por la PNP salieran libres al corto tiempo. Sin duda, la politización y el afán de figuración de algunos fiscales en los últimos años ha contribuido también al daño en la reputación de su institución. Sea por falta de competencia, de recursos, de herramientas legales o por corrupción, lo cierto es que la tarea que les corresponde está incompleta.

Por cierto, lejos pretende estar este Diario de avalar la narrativa del ministro del Interior, Juan José Santivánez, quien para pasar por agua tibia la falta de resultados de sus medidas ha intentado colocar toda la responsabilidad en la siguiente parte de la cadena. “Probablemente […] lo que tenga que hacerse es intervenir el Ministerio Público, declararlo en emergencia y formar una junta para que lo reestructure”, dijo el mes pasado. Los yerros de fiscales y jueces, relevantes como son, no explican ni pueden explicar por sí solos la escalada en la criminalidad.

Las consecuencias prácticas de esta desconfianza son obvias. Una ciudadanía escéptica del trabajo de las autoridades estará menos dispuesta a colaborar con ellas. La falta de apoyo popular al sistema, a su vez, empodera aún más a los criminales. En buena medida, el sistema se basa en la confianza de la población en su funcionamiento. Y, cuando esta se rompe, no hay manera fácil de recomponerla.