El hermano inubicable

El domingo fue la última vez que se vio al hermano de la presidenta. Hacia las 4:30 p.m. de ese día, él se conectó a la audiencia en la que el juez Richard Concepción Carhuancho empezaba la lectura de su resolución sobre el pedido realizado por el Ministerio Público en agosto para que los investigados en el Caso ‘Waykis en la Sombra’ recibieran 36 meses de prisión preventiva. Pero incluso en ese momento era difícil determinar el paradero de Nicanor Boluarte, quien parecía encontrarse en un vehículo en movimiento con destino a quién sabe dónde. El lunes, cuando el magistrado les pidió a los investigados que dieran su ubicación exacta, él fue el único que no contestó. Sí lo hizo, en cambio, su abogado, quien señaló que “lamentablemente” no podía contactar con su patrocinado.

La posibilidad de que el hermano de la presidenta de la República haya fugado anticipándose al desenlace judicial que finalmente se conoció ayer, cuando se dictaron 36 meses de prisión preventiva en su contra, no debe ser pasada por alto. No, en especial, tomando en cuenta dos cosas. La primera es la defensa férrea que de él ha hecho la jefa del Estado, quien ha llegado a calificar de “difamación” los destapes de los medios de comunicación –incluido este Diario– que ayudaron a dar forma a este caso.

La segunda, y más preocupante, es la incapacidad que ha mostrado este gobierno para capturar a prófugos cercanos a la presidenta. Hace más de un año, en efecto, Vladimir Cerrón pasó a la clandestinidad y lo único que tenemos son más dudas que certezas sobre la seriedad con la que está siendo buscado el excompañero de fórmula de la presidenta. Especialmente cuando lo vemos utilizar sus redes sociales para burlarse de sus captores o aparecer en eventos partidarios sin visos de preocupación.

A Nicanor Boluarte, además, no se lo investiga por un delito cualquiera o ajeno a las funciones de su hermana. A él se lo acusa de dirigir una presunta organización criminal que habría copado la Dirección General de Gobierno Interior con el objetivo de designar a dedo a prefectos y subprefectos a cambio de que recabasen firmas para la inscripción de su partido –Ciudadanos por el Perú– o aportasen económicamente para la conformación de este (en otras palabras, vender los puestos). Una operación que, según la fiscalía, habría sido posible gracias a su cercanía con la mandataria.

Es por ello que su ubicación debería preocupar no solo a la justicia, sino también a un gobierno que ya tiene sobre sus hombros la sombra pesada de Cerrón.