Más burla que razones

Sobre lo absurdo de la medida del Ministerio de Educación (Minedu) que dispone la prohibición de clases presenciales en colegios de Lima, el Callao y Huaral entre el lunes 11 y el miércoles 13 nos pronunciamos ya en este espacio el viernes pasado. La decisión es desproporcionada, discriminatoria y perjudicial para 2,4 millones de estudiantes sin beneficio aparente que lo pueda justificar.

Sin embargo, lejos de aclarar las razones que llevaron al Gobierno a tomar la medida, el titular del Minedu, Morgan Quero, ha preferido no tomar en serio la situación. En entrevistas recientes, Quero indicó que “no estamos perdiendo nada, sino estamos creciendo juntos en una actividad que hoy nos compromete a todos los peruanos, unidos todos por el desarrollo de nuestra patria”. El tono grandilocuente, aunque esforzado, no llega a ocultar del todo lo vacío de la expresión.

Posteriormente, dijo que las clases virtuales “serán una oportunidad para estar más cerca de nuestros hijos” porque “todos vamos a estar en teletrabajo la próxima semana en Lima Metropolitana y el Callao”. Es difícil encontrar una expresión reciente más fuera de lugar de un ministro de Estado (aunque, a decir verdad, Quero acumula ya algunas frases candidatas). El empleo informal en Lima Metropolitana alcanza a cerca del 60% de trabajadores. Cientos de miles de padres no tienen el lujo de dejar de trabajar tres días, pero tampoco cuentan con alguien que supervise a los menores en su ausencia. Dentro de la minoría formal, una proporción aún menor realiza o puede realizar sus actividades laborales remotamente. La pandemia por lo menos debió dejar todo esto bastante claro. Y queda también la duda de cómo este pequeño grupo de trabajadores que sí puede laborar desde casa hará compatible sus tareas con las de sus hijos al mismo tiempo y quizás en los mismos dispositivos electrónicos.

Casi dos docenas de gremios e instituciones privadas se pronunciaron en contra de la medida. Lo mismo hicieron diversos exministros de Educación, especialistas del sector y padres de familia que ven que al Gobierno le interesa poco la asistencia de alumnos a clases, y las puede cancelar con cualquier excusa. Si el ministro va a tomar una decisión de este tipo, lo menos que podría hacer es reconocer el daño que causa, y no inventar realidades que no alcanzan a la gran mayoría para barnizarlas como “tiempo en familia” y “deber patriótico”. Más que justificación, suena a burla.