Nueve meses en la clandestinidad, nueve operaciones para capturarlo y nada. Sobre el ex gobernador regional de Junín y secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, pesa desde octubre del año pasado una orden de captura para que cumpla la sentencia confirmada de tres años y seis meses de prisión efectiva que le dictó en ese momento el Poder Judicial por el delito de corrupción, en conexión con el Caso Aeródromo Wanka. De esas nueve operaciones, cinco se llevaron a cabo mientras Jorge Angulo Tejada era comandante general de la PNP y se frustraron porque Cerrón habría recibido soplos que le permitieron ponerse a buen recaudo antes de que se ejecutaran. Luego consiguió darles el esquinazo cuatro veces más.
Entrevistado al respecto recientemente por este Diario, Angulo ha aseverado que sospecha que “altas esferas del Gobierno están protegiendo” al prófugo, y ha relatado también que había mucho interés de la presidenta Dina Boluarte de que se le comunicara cada acción que apuntara a su captura. Según él, además, es posible que su remoción final del cargo (alegando una falta grave que nunca le demostraron) haya obedecido a que estaba muy cerca “del objetivo” y eso constituía “una amenaza para los intereses de quienes lo están escudando”.
Se trata, por supuesto, de una hipótesis a la que hace falta añadirle pruebas, pero tratándose de un sujeto que ha dejado huellas frescas en los distintos lugares donde la PNP ha caído tantas veces de modo tardío, la teoría no resulta descabellada. Simultáneamente, son muy llamativos la forma en la que el mandamás de Perú Libre hace constante mofa de sus frustrados perseguidores en las redes sociales y los “homenajes” que con descaro le rinden sus subordinados en las instalaciones del Congreso de la República. Tanto el prófugo como sus adláteres, se diría, se sienten demasiado seguros de que la captura de la que hablan cada cierto tiempo las autoridades no habrá de materializarse y de que, en cualquier caso, no los afectará políticamente esa devoción por un delincuente. Porque hay que recordar que Cerrón no solo carga sobre sus espaldas la sentencia por el Caso Aeródromo Wanka: ya antes estuvo en prisión por el Caso Saneamiento de La Oroya y está comprendido, como presunto cabecilla, en las investigaciones del Caso Los Dinámicos del Centro. Y cabe recordar, asimismo, que, amén de todos esos problemas con la justicia, fue un pésimo gobernador regional.
Por otra parte, el actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez, no daría la impresión de estar encabezando tampoco una gestión que las tiene todas consigo en el supuesto afán de capturar a Cerrón. No solo se irrita con los medios que dan tribuna a los extitulares del sector que lo critican por eso, sino que ha tratado –en vano– de desplazarle la responsabilidad del fracaso de algunas de las operaciones al Poder Judicial. Una pretensión en la que quedó mal parado tras la respuesta de Javier Arévalo, presidente de ese poder del Estado. “La incompetencia de otro sector no puede atribuirse a nosotros”, sentenció él y Santiváñez guardó silencio.
Conocido también como “el portero de Castillo”, a raíz de una expresión que usó alguna vez el expresidente hoy recluido en el penal de Barbadillo para aludir a él, Vladimir Cerrón aspira evidentemente a volver a tener un peso específico en el próximo proceso electoral, desentendiéndose del desastre que produjo su apadrinado cuando llegó a Palacio de Gobierno. El aprovechamiento que hace del panfleto que su partido edita con dinero público así lo indica. A la espera, entonces, de que el Ejecutivo cumpla su compromiso de echarle el guante, habrá que guardar en la memoria los nombres de quienes prácticamente celebran que hasta ahora eso no haya sucedido.
Es decir, a esos sectores de izquierda que lo cobijaron y que, llegado el caso, podrían tratar de hacerlo nuevamente en la próxima coyuntura electoral.