Editorial: Los pensionistas sin pensión

Huelga decir que el Congreso actual nunca fue un entusiasta defensor del sistema de pensiones. Sea porque en un contexto de crisis los ahorros ahí acumulados se hacían más valiosos, o sea porque identificaron el descontento popular que suscitaban las AFP y ONP, desde la primera oportunidad los parlamentarios se lanzaron a erosionar el ya débil sistema con argumentos demagógicos e irresponsables. El único esfuerzo medianamente serio que se emprendió fue la conformación de la Comisión de Reforma de Pensiones, pero cuyos resultados fueron poco satisfactorios.

El capítulo más reciente de esta historia fue escrito esta semana con la aprobación de un dictamen de parte de la Comisión de Economía del Congreso que autoriza un nuevo retiro de los fondos de las AFP. De acuerdo con la propuesta, todos los afiliados al sistema privado de pensiones (con excepción de quienes califiquen al Régimen de Jubilación Anticipada por Desempleo) podrán retirar hasta 4 UIT, equivalente a S/17.600, de sus ahorros previsionales. Más aún, los mayores de 40 años podrían retirar hasta el 95,5% de sus fondos siempre que no hayan aportado en cinco años.

Si bien esto puede ser un alivio para familias en situación vulnerable, conviene recordar que este no es el primer retiro extraordinario que se permite desde el año pasado. Entre los desembolsos avalados por el Congreso y el Ejecutivo, casi la mitad de los afiliados a las AFP ya tendrían cuentas previsionales con saldo cero. Muchos de estos ya no dispondrán de tiempo suficiente para reconstruir sus ahorros, de modo que tendrán que depender de su familia, del Estado, o de continuar trabajando cuando lleguen a una edad avanzada para mantenerse. Es en este sentido que la SBS calificó la norma de innecesaria y dañina, y advirtió que, hasta el 25 de febrero, unos S/32.861 millones ya han sido entregados a los afiliados como parte de los retiros especiales para enfrentar la crisis económica. El desembolso de la nueva ley podría implicar casi S/38.000 millones adicionales.

Al igual que en ocasiones anteriores, la manera en que se trabajó la pieza legislativa estuvo lejos de los estándares a los que debería aspirar el Congreso. La improvisación fue patente. En este punto debería bastar con señalar que, para determinar el monto del retiro, el presidente de la comisión, Anthony Novoa, puso al voto cuatro opciones: 10 UIT, 5 UIT, 2 UIT y 4 UIT, como si se tratase de una subasta y no de un asunto técnico delicado. El proyecto de ley incluye también el retiro de hasta 30% para el pago de pensión de alimentos aun si el afiliado decide no cobrar los fondos, lo cual viola abiertamente el derecho de propiedad de los afiliados sin que medie una orden judicial.

La iniciativa todavía tiene que pasar por el pleno del Congreso, pero –en vista de la votación unánime que recibió en comisión– es posible que el dictamen se convierta en autógrafa relativamente pronto. Como hemos mencionado anteriormente, la jubilación de los trabajadores no puede dejarse a decisiones improvisadas y hechas para el aplauso del momento. No se trata solo del futuro de los pensionistas sin pensión, sino también del costo de las políticas públicas que harán falta en el futuro para subsanar los errores de política de hoy. Estos costos los asumiremos todos, afiliados a las AFP o no. A falta de un proyecto de ley integral que reforme de manera responsable el sistema privado de pensiones, el Congreso ha decidido desangrarlo lentamente.