Como se mencionó en estas páginas hace algunos días, Lima es una ciudad ahogada por el caos vehicular y la proliferación de transportistas informales no ha hecho más que agravar este problema. Se ha reiterado hasta el cansancio que la informalidad en el transporte público mata: accidentes fatales, vehículos sin inspección técnica o SOAT y conductores sin licencia o con un largo historial de multas impagas son algunas de las consecuencias de un sistema sin control ni fiscalización. Sin embargo, esta situación enfrenta un posible punto de inflexión si se implementa correctamente la, corredores complementarios y el metro.

La tarjeta única de pago, prevista para implementarse en el tercer trimestre del 2025 según la ATU, integra no solo al Metropolitano, el metro y los corredores complementarios, sino que establece un modelo de compensación financiera que obliga a los operadores a regularizarse para acceder a este sistema.

Esta tarjeta única permitiría una integración tarifaria en la que todos los usuarios pagarán lo mismo por transbordos entre el metro, los corredores y el Metropolitano. De igual forma, la integración de tecnologías de billeteras digitales para poder recargar las tarjetas no solo moderniza el servicio, sino que también sienta las bases para una transformación estructural y tecnológica que favorece aún más a la formalidad. Este modelo, probado en otras capitales del continente como Bogotá y Santiago de Chile, facilitará que los ciudadanos se decidan por este servicio formal y no continúen usando el taxi colectivo.

No obstante, la correcta puesta en marcha de este sistema enfrenta amenazas estructurales, puesto que la integración tarifaria data del 8 de marzo del 2019, cuando se planteó en el reglamento de la ley que creó la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y el Callao. Más de seis años han transcurrido y el sistema aún no se ha implementado. Es oportuno, en ese sentido, recordar que la ATU ha tenido a cuatro presidentes –María Jara, José Aguilar, Marybel Vidal y David Hernández (aún en funciones)– en solo cinco años y tres se sostuvieron menos de un año en el cargo. Dicha inestabilidad ha impedido aplicar sostenidamente políticas a favor del transporte en la capital e implementar nuevas tecnologías como la tarjeta de pago única. Por ello, es necesario que la ciudadanía esté vigilante para que, ahora sí, la ATU pueda cumplir lo ofrecido.

La ciudad de Lima no puede permitirse otro fracaso en su lucha por la formalización. La tarjeta única de pago es un avance tangible hacia un transporte seguro, eficiente y regulado. Su implementación total requerirá tiempo y paciencia de todos los usuarios que deberán acostumbrarse al nuevo método de pago, pero cada recarga de una tarjeta única es un paso firme en la dirección correcta.

Editorial de El Comercio

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