Ni impunidad ni violencia

Un disparo en el tórax acabó con la vida de Eduardo Ruiz Sáenz, de 32 años, en la noche del último miércoles, mientras se encontraba en las inmediaciones de la plaza Francia, en el Centro de Lima, junto con un grupo de manifestantes. Las cámaras del lugar captaron el momento en el que un policía vestido de civil abre fuego contra él, lo que deja poco espacio –por no decir ninguno– para explicaciones de defensa propia. Al momento de recibir el proyectil, Ruiz no significaba amenaza alguna para el tirador.

Horas después, el director general de la PNP, Óscar Arriola, confirmó la identidad del victimario: el suboficial Luis Magallanes, quien ha sido detenido, separado de su cargo y será investigado por una fiscalía común. Aquí cabe destacar la rápida reacción de la policía y la decisión de poner a disposición de las autoridades al implicado, a quien se espera que se aplique todo el peso de la ley. Y lo mismo cabe decir sobre quienes atacaron y dejaron heridos en la jornada del miércoles a más de un centenar de personas, incluyendo a manifestantes que se encuentran graves y a más de 80 policías. Esa ha sido la posición que este Diario ha sostenido en los últimos años –que se investigue y se sancione a los responsables de las muertes y heridos en las protestas, desde las del 2020 hasta las del 2023–, pues nadie debería ver su vida en peligro por salir a marchar.

Las movilizaciones de hace dos días fueron numerosas y, en buena cuenta, tranquilas. Sin embargo, a partir de cierta hora, un grupo de individuos, presumiblemente infiltrados, trató de avanzar hacia el Congreso con intenciones violentas, como quedó registrado en las cámaras de los medios de prensa que se encontraban en el lugar. No es la primera vez que esto ocurre; ya hemos visto ese ‘modus operandi’ en protestas anteriores, que empiezan siendo mayoritariamente pacíficas, pero que, debido al accionar de pequeños grupos que buscan azuzar la violencia, desembocan en algunos enfrentamientos con manifestantes, policías y periodistas afectados, como ocurrió también esta vez. A estos promotores de la violencia, por cierto, también les corresponde responder ante la ley.

Es lamentable que el país haya vuelto al terreno de la polarización entre quienes creen, de un lado, que las movilizaciones deben ser desoídas y reprimidas con ferocidad, y quienes buscan, del otro, que dicho escenario fabrique las condiciones apropiadas para impulsar sus propias agendas. Basta ver la sesión del pleno de ayer, donde más de un congresista habló de la convocatoria a una asamblea constituyente, para darse cuenta de los intereses de ciertos sectores políticos.

Sin embargo, como hemos dicho antes, es la ciudadanía en última instancia la que debe arreglar la crisis política con su voto. Por ello, es crucial que las autoridades protejan el proceso electoral del próximo año. El cronograma no debe ser alterado, de ninguna manera y bajo ninguna justificación.

En estos momentos, el país necesita estabilidad. Azuzar al caos a menos de seis meses de las elecciones no solo es una ligereza; es una irresponsabilidad. La impunidad no es una opción; la violencia tampoco.