Trujillo bajo asedio

En la noche del jueves, una explosión en la urbanización trujillana de Las Quintanas dejó once heridos y daños materiales en 30 viviendas. Según las primeras informaciones, el objetivo del ataque habría sido María Sánchez Iparraguirre, una persona vinculada a la minería ilegal, una actividad que, como sabemos, ha convertido a esta región del norte del país (especialmente a la provincia de Pataz) en el escenario de espantosas muestras de fuerza por parte de grupos criminales.

Se trata del tercer atentado de este tipo en la capital liberteña en lo que va del año. El primero, en enero, tuvo como objetivo una sede del Ministerio Público, lo que se interpretó como un mensaje hacia los fiscales. Pero los otros dos, ocurridos con apenas tres semanas de distancia, parecerían haber tenido en la mira a sospechosos de actividades criminales, lo que sugeriría que las bandas han decidido llevar sus disputas hacia las calles y urbanizaciones trujillanas con total desparpajo. Todo esto en una provincia que se encuentra en estado de emergencia desde el 14 de febrero del 2024, una medida que claramente no ha dado resultados, pero que el Ejecutivo ha vuelto a prorrogar hasta noviembre.

En los próximos días, el gobierno puede desplegar sus habituales acciones (visita de ministros al lugar de los hechos y promesas estridentes de que se dará con los responsables), pero a estas alturas nada de eso les quitará a los trujillanos la preocupación de saber que en cualquier momento otro explosivo puede detonar cerca de sus hogares o sus negocios. Porque, como ha dicho el alcalde provincial, Mario Reyna, “tenemos un Estado endeble y permisivo” con los criminales. Y ellos lo saben.

La responsabilidad principal por lo que viene ocurriendo en Trujillo, por supuesto, es del gobierno y de su fracasada política contra el crimen. Pero no puede dejarse fuera de la ecuación al gobernador César Acuña, quien ayer, en un comunicado, lamentó “los escasos resultados de la PNP, pese a la inversión logística del gobierno regional”, y pidió que se declare la ciudad en “estado de sitio”, como si las cosas se fueran a arreglar así de fácil. Lo que le correspondería al señor Acuña, más bien, es entender la responsabilidad del cargo por el que pidió el voto cuatro años atrás, dejar de abandonar la región con cualquier excusa y, mucho menos, pensar en renunciar al puesto para presentarse en las elecciones generales del 2026.

La situación no está para tibiezas. Trujillo se halla bajo asedio de los criminales y, si las autoridades competentes no hacen nada, las consecuencias para la ciudad pueden ser dramáticas.