Mercedes Aráoz
Mercedes Aráoz
Iván Alonso

Quizás lo más importante del discurso de la primera ministra Mercedes Aráoz ante el Congreso, el día del voto de confianza, fue la promesa de revisar –y reducir, suponemos– las exoneraciones tributarias. “Hay demasiadas perforaciones y eso es peligroso para la recaudación”, dijo. En efecto, el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima que las exoneraciones le costarán 15,800 millones de soles al fisco el próximo año.

No le va a ser fácil cumplir esa promesa. Tendrá que convencer primero al presidente Kuczynski, que hace apenas un año, mientras su ministro de comercio exterior declaraba a la prensa que la tasa del drawback no iba a subir, decidió aumentarla del 3% al 4%. Al menos, ya no está el ex ministro Thorne, que se dedicó a perforar como un cowboy el régimen del impuesto a la renta personal, reintroduciendo deducciones por gastos médicos y otras por el estilo, que benefician más a la gente de mayores ingresos.

El efecto en la caja fiscal no es la única razón ni la más importante para eliminar exoneraciones. Las exoneraciones crean distorsiones en la economía. Desvían los recursos de sus usos más valiosos a otros menos valiosos. El drawback, por ejemplo, incentiva a ciertas empresas a utilizar su capacidad productiva y su fuerza de trabajo para producir cosas que no pueden venderse a un precio competitivo en los mercados de exportación, en lugar de ocuparlas en producir algo para el mercado interno. Se gana más exportando con el drawback, por supuesto; pero no porque sea más rentable, sino porque todos contribuimos con nuestros impuestos a hacer esa exportación más rentable.

Cualquier avance sustancial en la eliminación de exoneraciones va a requerir una gran determinación del Gobierno y una enorme dosis de cooperación del Congreso. Basta ver cuáles son las más grandes para darse cuenta de la voluntad política que hará falta: la exoneración del IGV a los productos agrícolas, que cuesta 3,300 millones de soles, según el Marco Macroeconómico Multianual; la exoneración del IGV en la Amazonía, 2,270 millones; la inafectación al IGV de las importaciones y servicios prestados a instituciones educativas, 1,920 millones; la inafectación al impuesto a la renta de la compensación por tiempo de servicios (CTS), 1,190 millones; y el ya mencionado drawback, más de 850 millones. Juntas son el 60% del costo fiscal de las exoneraciones. Pero ¿quién se atreve a eliminarlas, especialmente las cuatro primeras?

Fuera de eso están los intereses bancarios, las pólizas de seguros de vida y los juegos de azar, como las loterías, el bingo y los caballos. Allí hay más de 1,800 millones de soles.

El resto es menudencia, pero de menudencia también se puede hacer sopa. Podría empezar el Gobierno por la devolución del IGV a la exploración minera y de hidrocarburos, que, contra los mejores consejos de esta columna, creó hace unos meses y que va a costar 235 millones de soles. Los distintos regímenes de recuperación anticipada del IGV cuestan 350 millones de soles. El “IGV justo”, que también criticamos en su momento, cuesta 180 millones de soles.

Nuestra impresión es que, si algo quiere lograr la señora Aráoz, debería anunciar lo antes posible una lista de prioridades: qué exoneraciones propone eliminar, cuánto aumentaría la recaudación si se eliminaran y qué usos se le podría dar a esa plata.