El 29 de mayo se llevó a cabo en el Tribunal Constitucional un panel moderado por el magistrado César Ochoa Cardich en el marco del proyecto de ley 6816/2023-CR, de creación de la escuela nacional de la magistratura, presentado por la congresista Gladys Echaíz.
Dicho proyecto propone una carrera judicial enclaustrada y dirigida a crear mejores filtros para el no tan atractivo trabajo de ser juez, que, de acuerdo con información recogida por Luis Pásara, tanto el investigar en calidad de fiscal y el dictar justicia son las profesiones con menor atractivo para un graduado en Derecho, y por ende, con poco recambio generacional e intelectual. Sin embargo, este proyecto plantea al mismo tiempo acabar con la institucionalidad del sistema electoral, otorgando al Senado la atribución de designar a los titulares del Reniec y ONPE, claves para el sistema electoral.
No cabe duda de que si la década pasada fue la del ‘lawfare’, esta es la de los embates contra los sistemas de justicia y electorales, situación que no es de exclusivo entender para abogados y estudiantes, sino también para la sociedad, pues son jueces los que resuelven sus conflictos, manifestándose, por ejemplo, en aquellos jueces que corrigen las políticas del presidente Trump y al mismo tiempo no cesan antes sus plañideras.
Como se puede apreciar, en la actualidad, la palabra ‘reforma’ está en boga del poder constituido para apaciguar a la población; por consiguiente, debemos prestar atención a esta y demás propuestas. La idea no es censurar el proyecto; en torno a él se debe debatir, pues este es nuestro derrotero, mas construir a partir de la realidad para realizar el cambio social es lo que determina la esencia del jurista.
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