Elecciones 2022: El 90% de las iniciativas anticorrupción más repetidas de los candidatos a los GORE no son ejecutables

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Según el máximo órgano de control, las diez regiones con más hechos irregulares son Áncash, Puno, Ayacucho, Huánuco, Cajamarca, La Libertad, Amazonas, Loreto, Lambayeque y Piura.

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La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio revisó los planes de trabajo de sus 79 candidatos a gobernador regional. Junto a los tres expertos Javier Albán, exasesor del gabinete de asesores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE); Eduardo Herrera, director de Kuskachay; y José Tello, director del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal (INICAM), analizó la viabilidad de sus propuestas en materia de corrupción y transparencia.

El análisis revela que solo una de las nueve iniciativas revisadas por los expertos es parcialmente factible. La mayoría de las propuestas depende de factores externos para concretarse o es inviable.

La propuesta más repetida es implementar un gobierno digital y la simplificación administrativa. Esta promesa que se llevaría a cabo mediante la digitalización de los procedimientos administrativos, la transparencia de cuentas fiscales, y la eliminación de la burocracia en los trámites se encuentra en 28 de los 79 documentos analizados. Además, es la única iniciativa que la mayoría de especialistas calificó como viable.

Javier Albán explica que esta propuesta se ha hecho a medias en varias gestionas municipales y regionales. “Los canales de transparencia normalmente están desactualizados y no contienen toda la información que deberían. Esos canales tendrían que multiplicarse, hacerse más fácilmente accesibles y navegables y aumentar la información que contienen”, recomienda.

En la misma línea, José Tello menciona que si bien la propuesta es viable, no es novedosa. “Debe adecuarse a la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública”, señala.

Por su lado, para Eduardo Herrera llevar a cabo la promesa depende de otros factores. “Habría que examinar qué se entiende por eliminar la burocracia. Digitalizar los procedimientos administrativos es un buen paso, pero considero que la corrupción está más focalizada en contratación de servicios, compra de bienes e infraestructura”, sostiene y enfatiza en que si bien la propuesta puede ser buena, no ayuda frontalmente en la materia de lucha contra la corrupción.

La segunda propuesta más común es promover la meritocracia para contratar funcionarios y servidores idóneos, y capacitados. Estos no deben contar con antecedentes de corrupción y sus procesos de contratación deberían ser transparentes.

Tanto Tello como Herrera señalan que esta iniciativa depende de actores externos para concretarse. “Esta propuesta podría ser viable si se aplica a los cargos de confianza seleccionados por meritocracia. De no ser así no podría llevarse a cabo por los regímenes laborales dentro del sector público con sus propias modalidades de selección, contratación y nombramiento”, asegura Tello.

Además, Herrera menciona que la contratación de personal sin antecedentes ayuda, pero no es garantía de nada. “Más importante es tener un órgano independiente que los controle en su función”, dice el experto.

Para Albán, esta iniciativa que se repite en 26 planes de gestión, es viable, ya que las contrataciones en el estado deben seguir ciertas reglas. “Hay cierta flexibilidad para algunos cargos de confianza, pero la mayoría de contrataciones de personal deberían ser por concurso”, asegura. No obstante, menciona que en la práctica, esos concursos muchas veces son solo aparentes y el organismo público ya tiene a alguien en la mira para contratar, o se contrata a personas para puestos que deberían ser estables con CAS o locaciones de servicio (contratos no laborales) de pocos meses.

“Se requiere de mucha voluntad política y ayuda de abogados laboralistas para asegurarse de respetar todas las normas, pero no es imposible cambiar esta cultura si alguna gestión se lo propone en serio”, afirma Albán.

Las otras tres iniciativas más repetidas son implementar plan contra la corrupción, mejorar los mecanismos de participación ciudadana, y realizar y fortalecer mecanismos de rendición de cuentas claras. Para los especialistas estas propuestas, en su mayoría, dependen de factores externos para llevarse a cabo.

En el primer caso, Herrera explica que la iniciativa no tiene un explicación detallada de cómo se llevará a cabo. “Es un enunciado muy genérico. En todo caso, la autoridad política simplemente tiene que limitarse a trabajar con honestidad y transparencia y dejar que otros independiente los controle”, señala.

En el segundo caso, Albán menciona que similar a lo que sucede con los planes anticorrupción, esta promesa solo será viable en tanto el candidato o candidata demuestre que realmente comprende de qué se tratan y cómo funcionan hoy estos mecanismos de participación, qué problemas identifica actualmente, qué espacios de mejora encuentra dentro de lo que permite la ley, qué mecanismos específicos de participación piensa implementar, y qué respalda que esos mecanismos vayan a funcionar.

Por último, para Tello proponer fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas no es una propuesta innovadora, porque ya es un mandato de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano (Ley 26300). “Sin embargo, de haber acciones concretas de mejora de rendición de cuentas a ejecutarse, estas se deben realizar en base al esquema existente en la entidad sería algo muy positivo y no simple retórica”, advierte.

El candidato Luis Gonzales, aspirante al GORE del Áncash por el Movimiento Acción Nacionalista Peruano promete implementar un sello de calidad de transparencia que identifique a los servicios brindados con eficiencia. José Tello menciona que esta propuesta es inviable. “Confude lo que es transparencia con eficiencia. La Organización Internacional para la Estandarización es quien, por ejemplo, otorga los ISO en transparencia en la gestión y eficiencia en la prestación de servicios a nivel global”, explica el especialista.

Por su lado, Fernando Salas, candidato al GORE de Puno por el Partido Político Frente de la Esperanza, propone exigir la transferencia inmediata de recursos de la ODPs al gobierno regional para el reordenamiento de acciones y logro de objetivos. Javier Albán explica que el candidato puede proponer que va a ‘exigirlo’, pero solo sería un pedido pues no podría decidirlo. “El presopuesto público se aprueba por ley en el Congreso a propuesta del Ejecutivo. Y cualquier transferencia especial seimpre debe contar con la aprobación del MEF”, recalca Albán.

Fernando Melendez, candidato al GORE de Loreto por APP, menciona que contará con 30 proyectos de inversión pública con QR. Eduardo Herrera señala que esta propuesta no ayuda en lo absoluto a la lucha contra la corrupción.

Por último, Jorge Chávez, candidato al GORE de Loreto por Somos Perú, propone mejorar el contenido de las declaraciones juradas de los funcionarios y servidores de oficinas críticas de corrupción. Albán califica a esta iniciativa como inviable ya que el contenido y todo lo relativo a las declaraciones juradas de intereses de los funcionarios públicos que deben entregar esas declaraciones, se regula en la ley 31227. “No es competencia del Gobierno Regional modificar esas reglas”, remarca el experto.