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El próximo domingo 2 de octubre, más de 11 mil candidatos competirán en las urnas por los más altos cargos de autoridad a nivel subnacional. Entre estos, no son pocos los que tienen algún tipo de antecede, ya sea penal o civil, consignado en sus hojas de vida.
La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio revisó la información dada por los postulantes a los gobiernos regionales (GORE), alcaldías provinciales y distritales al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y comprobó que 1403 candidatos (12% del total) consigna haber tenido sentencias judiciales.
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De estos, 627 señaló contar con antecedentes penales. Por su parte, 972 registraron antecedentes de tipo civil. 196 informaron tener antecedentes tanto penales como civiles.
La organización política que tiene más candidatos a los GORE y alcaldías con antecedentes judiciales es Somos Perú: 77 consignaron sentencias penales y 116 civiles. Le siguen Alianza para el Progreso (74 penales y 104 civiles) y Perú Libre (44 penales y 66 civiles).
Para el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, contrariamente a lo que podría pensarse, las cifras no son un síntoma de la falta de filtros de las organizaciones políticas. Según explica, las agrupaciones suelen priorizar a los candidatos que tienen recursos y contactos que facilitan la captación de votos, independientemente de sus antecedentes con la justicia.
“Durante mucho tiempo hemos dicho que los partidos tienen malos filtros. Pero la verdad es que no hacen ningún filtro porque su preocupación no es tener candidatos idóneos, sino tener a esas personas que tienen recursos para poder ganar la elección”, sostiene.
El politólogo Mauricio Zavaleta coincide. “Los filtros son prácitamente inexistentes, más aún a nivel subnacional, porque lo que le interesa al movimiento o partido político es tener candidatos competitivos. Si el candidato tiene algún tipo de activos, tiene una empresa, es conocido, etc., va a entrar en la lista sin importar que tenga procesos. Lo que importa es que traiga votos”, asegura.
Por territorio y tipo de gobierno
A nivel territorial, la región del país que más candidatos a los GORE y alcaldías con sentencias penales presenta es Lima, con 65. Le siguen Cusco (44), Cajamarca (42), Arequipa (40) y Apurímac (35). Por su parte, las regiones con más postulantes con antecedentes de tipo civil son Áncash (109), Lima (96), Cajamarca (79), Arequipa (63) y Ayacucho (62).
Por otro lado, un total de 1403 postulantes al cargo de gobernado regional (12%) registraron sentencias. De estas, 627 corresponden a casos penales y 972 a civiles. 196 candidatos consignaron tener sentencias tanto penales como civiles.
A nivel provincial, por su parte, 267 candidatos a las alcaldías (17%) declararon tener antecedentes, de los cuales 127 son penales y 181 civiles. 41 postulantes declararon tener antecedentes penales y civiles.
Entre los postulantes a las alcaldías distritales, 1113 (11%) cuentan con sentencias. De estos, 491 tienen antecedentes penales, 774 civiles y 153 presentan ambos tipos de antecedentes.
La “información adicional”
A pesar de que el formato de hoja de vida del JNE tiene un apartado específico para declarar las sentencias judiciales, hay candidatos que las consignaron en la sección de “información adicional”. De ese modo, si uno revisa únicamente el apartado de sentencias y no encuentra información declarada, podría pensar erróneamente que el postulante está libre de antecedentes.
Para Lanegra, ello “puede ser una combinación entre impericia y, a veces, el intento de que (la sentencia) pase desapercibida”. Según el especialista, si bien no debería ser causal para excluir al candidato, el JNE sí debería solicitar que se corrija la información para que se coloque en el apartado correcto.
Por otro lado, un total de 89 candidatos declaró tener investigaciones o procesos en curso. Entre ellos, inclusive, hay un postulante que se encuentra cumpliendo una orden de prisión preventiva de nueve meses desde el pasado mayo. Se trata de Dani César Vásquez Saldaña, candidato a la alcaldía distrital de Tingo de Saposoa (provincia de Huallaga, región San Martín) por Alianza para el Progreso, quien está siendo investigado por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.
Al respecto, Zavaleta considera que debe evaluarse caso por caso. Ello porque es común que entre los candidatos haya exfuncionarios públicos que, por la naturaleza del cargo que ejercieron, tengan investigaciones en su contra.
“Así seas un buen funcionario, si tienes una trayectoria pública y has sido alcalde o gobernador regional, vas a tener procesos, es casi imposible que no los tengas”, indica.
Por su parte, Lanegra considera que, si bien no puede limitarse la participación política de las personas con procesos en curso –es decir, sin sentencia– debido al principio de presunción de inocencia, sí debería ser mandatorio que los candidatos declaren si es que están inmersos en algún proceso. Actualmente, no es obligatorio declarar investigaciones o procesos en curso en las hojas de vida del JNE. “Es una situación que amerita transparencia”, señala.
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