“Nos sentimos más indignados y más burlados”: cómo el caso Solsiret resume todo lo que está mal para encontrar justicia en el país

El 18 de febrero del 2020, después de 3 años y 6 meses de búsqueda, Solsiret Rodríguez fue encontrada. Su cuerpo, partes de él, estaba enterrado en distintos ambientes de la casa que Andrea Aguirre compartía con Kevin Villanueva. La activista feminista había sido descuartizada y ocultada en el mismo lugar donde ahora Andrea volverá a vivir luego de que se ejecute la excarcelación ordenada por el Poder Judicial.

Fue el juez Roberto Sucno Jara, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente del Callao, quien el último martes dispuso que los acusados de feminicido sean puestos en libertad al cumplirse el plazo máximo de prisión preventiva. Estuvieron presos 26 meses y cambio de su salida tendrán que pagar S/ 60.000 de caución y cumplir reglas de conducta.

Pero ¿quién garantiza que no se fuguen? Rosario Aybar, madre de la joven, se hace esta pregunta porque lleva seis años buscando justicia. Desde el año pasado, pedía que el proceso se acelere porque temía que los acusados dejen la prisión y pongan en riesgo lo avanzado. De hecho, al inicio de la pandemia, Kevin había presentado un hábeas corpus para ser liberado alegando riesgo de contagio.

“Les han dado restricciones, pero ¿en este país quién las cumple? Nos costó encontrar a nuestra hija y solo hallamos una parte de ella. Ahora salen libres, no es justo tanta impunidad desde el día en que desapareció mi hija. Nos sentimos más indignados y más burlados por la justicia”, dice El Comercio.

Su hartazgo no es gratuito. La desaparición de Solsiret el 23 de agosto de 2016 puso en evidencia todas las trabas institucionales para la búsqueda de mujeres. Además de soportar policías que no querían aceptar la denuncia porque “seguro estaba con otro”, Rosario Aybar y su esposo, Carlos Rodríguez, padecieron una investigación fiscal que por dos años avanzó poco o nada.

Edith Aiquipa, abogada del CMP Flora Tristán que representa a los padres, explica recién en el 2019, con el ingreso del fiscal Jimmy Mansilla al caso, se pudo determinar por medio de geolocalización que el chip del celular de Solsiret estaba en el equipo de Andrea Aguirre. Esto permitió la detención y posterior hallazgo de los restos.

Para la familia, además, Bryan Villanueva, expareja de Solsiret, así como el padre de ambos hermanos son cómplices del crimen y encubrieron lo que ocurrió por varios años.

Tras la decisión del juez Sucno ya no es posible solicitar ampliación de prisión preventiva o interponer recursos para evitar la excarcelación, indica Aiquipa. Solo queda esperar el fin del proceso, que ahora se encuentra en etapa de juicio oral con audiencias programadas hasta junio. “No solo hay riesgo de fuga, también que perturben la investigación porque pueden comunicarse con otros testigos o partes intervinientes”, dice la abogada.

Pese al hallazgo del cuerpo y la confesión del descuartizamiento, Andrea y Kevin aseguran que la muerte de la joven ocurrió por una caída accidental. Sin embargo, la abogada sostiene que las pruebas indican lo contrario. Que no revelen dónde está el resto de la joven también demuestra la intención de los procesados de evitar la pena por feminicidio. “No dan la ubicación de los restos porque se estarían inculpando. Los dos se mantienen en su posición de fue un accidente. Andrea dice que Kevin se los llevó una parte, pero él lo niega”, indica.

Ayer, en conferencia de prensa, el fiscal Mansilla denunció que demoras en el Poder Judicial alargaron el proceso. Dijo, por ejemplo, que tuvo que pasar un mes y 17 días para que el PJ fije una audiencia de control de acusación y luego se tardó un mes para dar la fecha del juicio oral.

Muchas Solsiret

Solo en el año pasado, 5.904 mujeres -adultas, niñas o adolescentes- fueron reportadas como desaparecidas en el Perú. El cálculo de la Defensoría del Pueblo, con cifras del Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Interior, es que en promedio se reportan 16 desapariciones por día. Si se toma en cuenta esa cantidad, desde que la última vez que Solsiret fue vista con vida, el 23 de agosto de 2016, aproximadamente 33.504 mujeres han desaparecido en el país.

En lo que va del año, solo de enero a abril, se han reportado 1.824 notas de alerta y 4.060 denuncias por desaparición de mujeres, de acuerdo con cifras de la PNP. De estas últimas, menos de la mitad (46 %) han sido encontradas.

Diana Portal, representante de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría, explica que la desaparición de mujeres es una forma de violencia vinculada en muchos casos con feminicidios, como el caso Solsiret. De hecho, 25% de las víctimas de feminicidio del 2020 fueron reportadas previamente como desaparecidas.

“El año pasado, de 142 casos de feminicidio, el 13% de víctimas había sido reportada como desparecida. De enero a abril de este año, el 17% de los 42 feminicidios fue de mujeres reportadas previamente como desaparecidas”, explica a El Comercio.

Eso sin contar aquellos casos vinculados con trata de personas y explotación sexual. Por ello, asegurar una diligente búsqueda desde el primer instante del reporte se vuelve una tarea de vida o muerte. “Mientras más se demore la respuesta para ubicar y proteger a las mujeres desaparecidas, las exponemos a más violencia”, dice.

Aunque Portal reconoce que el país cuenta con un marco normativo importante en temas de búsqueda de personas desaparecidas – como el Decreto Legislativo N°1428 que faculta a la PNP a hacer uso de los procedimientos de localización o geolocalización en los procesos de investigación en los casos de mujeres víctimas de violencia desaparecidas–advierte que en la práctica permanecen los nudos que impiden una búsqueda diligente. “Todavía negligencias para aceptar denuncias, se pierden pruebas con las demoras. Es un tipo de violencia institucional desde el Estado que expone a los familiares a revivir el dolor que supone haber perdido a una hija”, dice.

Una forma de atender este problema, por ejemplo, es evaluar si las capacitaciones que realiza la PNP son las adecuada.

Melissa Guillén, abogada responsable de incidencia del Movimiento Manuela Ramos, añade que en este contexto es necesaria la implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ), actualmente solo disponible ocho distritos judiciales. “Es un proyecto que necesita mayor presupuesto porque hará que los procesos sean efectivos”, dice. De acuerdo con la especialista, la tarea de prevención también es educativa para erradicar los prejuicios y estereotipos de género, como los que evitaron que los policías atiendan la desaparición de Solsiret con prontitud.

“El caso de Solsiret demuestra que una mala actuación de la policía impacta en lo que pueda recoger el Ministerio Público y el retraso en la fiscalía ata un poco de manos al Poder Judicial. El cúmulo de malas acciones que expone a los familiares a la impunidad”, resume Portal. Es precisamente esa sensación de impunidad que incrementa el dolor que Rosario Aybar y Carlos Rodríguez vienen soportando desde la última vez que escucharon a la voz de su hija, el 22 de agosto de 2016, un día antes de que su cuerpo terminara enterrado a manos de Andrea y Kevin.