Existen 95.000 presos en las cárceles, pese a que se tiene capacidad para 41.000 según cifras del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Por si fuera poco, cada año ingresan 5.500 reclusos adicionales. Con el objetivo de reducir la cantidad de presos, el Ejecutivo promulgó el decreto legislativo N° 1585 que plantea modificaciones al Código Penal. Entre ellas, permite que los presos con una condena no mayor de 12 años y que no fueron condenados por delitos graves apliquen a una vigilancia electrónica en lugar de ir a prisión o que sean liberados bajo este tipo de condena en caso de que ya estén en una cárcel, de acuerdo a lo que disponga un juez.
“La norma sobre deshacinamiento no es un cheque en blanco, ni una puerta abierta a la impunidad. Por ello, no es aplicable para los presos con condenas mayores a 12 años o que hayan cometido delitos graves, como corrupción, extorsión, robo agravado, sicariato, terrorismo, violencia contra la mujer, entre otros”, sostuvo Eduardo Arana, ministro de Justicia y Derechos Humanos. En esa línea, el INPE informó a El Comercio que, actualmente, 4 mil presos podrían acceder a la vigilancia electrónica a través de grilletes.
Javier Llaque, presidente del INPE, expresó a este Diario que existen 41 sentenciados con vigilancia electrónica y 80 grilletes disponibles. Sobre la poca cantidad disponible de estos dispositivos en comparación la alta cifra de presos, Llaque explica que esto se debe a la poca cantidad de sentencias de vigilancia electrónica que determinan los jueces.
“El 2010 se promulgó el decreto legislativo N° 1322, que regulaba la vigilancia electrónica para que las personas condenadas a no más de 8 años puedan solicitarla. Esta cifra aumentó hasta 10 años con el decreto legislativo (N° 1514). Sin embargo, la primera decisión de un juez para colocarle grilletes a un sentenciado se dio en 2017 y hasta el 2023 hemos tenido en total solo 174 personas con vigilancia electrónica. Solicitamos una pequeña cantidad anual de grilletes debido a esta poca demanda”, explica Llaque.
En ese sentido, el funcionario señaló a El Comercio que el Ministerio de Justicia (Minjus) y el INPE implementarán un estrategia para la aplicación progresiva de la vigilancia electrónica a partir de la publicación del decreto legislativo N° 1585. Llaque explicó que este plan permitirá que en tres años más de 4.900 reclusos tengan una sentencia de vigilancia electrónica, lo que, según su punto de vista, contribuirá significativamente a reducir el hacinamiento en las cárceles.
Javier Llaque, presidente del INPE. Foto: INPE
“Publicaremos el reglamento del decreto N° 1585 en menos de 60 días. De inmediato, se convocará a un concurso público para obtener 600 grilletes para la vigilancia electrónica de sentenciados en Lima. Esto se empezará a aplicar en 6 meses, de tal forma que en noviembre del 2024 tengamos a 589 sentenciados en Lima con grilletes. Un año después, la cifra ascendería a 1.500 a nivel nacional. Nuestra meta es que en noviembre del 2026 existan 4.976 sentenciados con vigilancia electrónica”, detalló Llaque.
Por otro lado, cabe resaltar que los sentenciados por hurto simple, hurto agravado y la estafa, tres de los delitos más comunes en el país, podrán acceder a una vigilancia electrónica.
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Al respecto, el presidente del INPE descarta que el decreto legislativo agrave la inseguridad ciudadana en el país, pese a que permite que un grupo de reclusos vuelva a circular por las calles. “Los sentenciados por delitos graves no accederán a la vigilancia electrónica. No habrá violadores, secuestradores, ni sicarios fuera de las cárceles”, subrayó.
Así también, el decreto legislativo ha motivado críticas por el aumento de la carga procesal que ocasionaría, debido a que también obliga a los jueces a revisar los casos de prisión preventiva cada seis meses. Sin embargo, Llaque descarta que la medida genere un incremento excesivo de expedientes a revisar por los jueces. Por el contrario, el funcionario invitó a que los jueces concedan la vigilancia electrónica a los presos que realicen el pedido de conversión de su pena privativa.
Abogados penalistas opinan sobre el nuevo decreto
Ronny Santillán, abogado penalista, sostuvo que el decreto legislativo 1585 es una “medida favorable para disminuir el hacinamiento en las cárceles, porque ha escapado del control del INPE”. Por su parte, Romy Chang, abogada penalista y socia del estudio Padilla & Chang Abogados, señala que la norma carece de una revisión técnica pertinente.
“Por un lado, el gobierno y el Congreso aumentan las penas de los delitos, como el incremento de hasta 30 años de cárcel para los sentenciados por robos de celulares. Entonces, esta medida resulta contradictoria. El robo y hurto agravado son dos de los delitos más frecuentes. Sin embargo, el decreto permite que los sentenciados por hurto agravado salgan de las cárceles y reciban la vigilancia electrónica”, argumentó. Según la Policía, de enero a agosto del 2023 se registraron 13 mil 469 denuncias por robo y hurto agravado.
Ambos abogados coinciden en que el decreto ocasionará una sobrecarga procesal a los jueces que revisen la situación penal de los sentenciados que soliciten la conversión de su pena privativa a una vigilancia con grilletes. Finalmente, Chang sostiene que el Congreso debe reformular el decreto 1585.
