Trece trabajadores asesinados de una manera cruel y sanguinaria en un socavón de la zona de Pataz, ha planteado una nueva reconfiguración del crimen en la zona minera de La Libertad. El execrable ataque pone sobre la mesa una verdad irrefutable: los criminales siguen mutando y cada vez plantean dinámicas más violentas, todo ante la pasiva mirada de la policía y la fuerzas militares.
Expertos consultados por El Comercio han planteado que las motivaciones de los secuestradores no fueron necesariamente el cobro de un supuesto rescate, sino que buscaban dar un mensaje firme a las mineras y las fuerzas del orden: ‘Acá mandamos nosotros’
Están cambiando su forma de actuar
Pedro Yaranga, experto en temas de seguridad y minería artesanal, detalló que en el sector de Pueblo Nuevo, donde ha ocurrido este nuevo ataque, abunda el desarrollo de la minería y la existencia de varios socavones. En el caso de Poderosa, precisó que la empresa contrata a terceros (artesanales dentro de la formalidad) para la extracción de minerales en dicho sitio.
Lo que ha pasado es que un grupo de delincuentes armados les ha hecho seguimiento a estos mineros de la empresa R&R y luego los han sorprendido en plena faena de trabajo. Es ahí que los han llevado a una bocamina contigua.
“Esa es la nueva modalidad que utilizan en la zona. Inicialmente eran pues los ‘parqueros’, especialistas en robar minerales a los artesanales y empresas medianas, pero ya no, ahora hablamos netamente de delincuentes. Están cambiando su forma de actuar", precisó Yaranga.
El experto explicó que la mayoría de los actuales delincuentes en Pataz pertenecen a la misma región y no son de nacionalidad extranjera como lo eran inicialmente los ‘parqueros’. Dijo que han aprendido del Tren de Aragua y actúan con la misma ferocidad.
“Todos son delincuentes de la misma región, o sea ya no se trata de una delincuencia transnacional, sino de una delincuencia local. Ellos incluso ya están variando su modus operandi (secuestro)”, indicó.
En tanto, sobre las ganancias de estos grupos criminales, Yaranga comentó que estas provendrían del cobro exigido por la liberación de los secuestrados, que ascienden a montos millonarios. Anteriormente, el principal interés de las bandas criminales en Pataz era el material minero.
“Era raro exigir dinero, lo que querían era material minero. Ahora están cambiando y exigen pues cuatro millones por el rescate, ya no tanto el oro. Para ellos es igual, porque robar un material minero equivale mucho dinero, millones. Pero esa es la modalidad ahora, ha mutado un poco”, sostuvo.
Sobre el número de captores, Yaranga no cree que sean muchos. Por lo general, precisó que actúan entre ocho a nueve, todos armados. “Son clanes familiares o clanes de amistad. Esa es la modalidad“, acotó.
Por otro lado, el especialista destacó que los socavones en dicha zona de Pataz son muy arriesgados, lo que dificulta el ingreso de la policía. Cuando sucede esto, desde el interior los delincuentes empiezan a quemar llantas, saturando el oxígeno. Esto puede generar que los efectivos desmayen o incluso mueran.
Nuevas medidas, viejos problemas
Tras la masacre de los mineros, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte anunció este lunes la suspensión de la actividad minera por 30 días en esta provincia de La Libertad. Además, indicó que se ha procedido a la exclusión del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) de todo aquel que figuren como suspendidos.
Anunció también el toque de queda, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, inmovilizando cualquier actividad en la zona durante este horario.
Dentro de las medidas para luchar contra criminalidad y las organizaciones delictivas que atacan la zona de Pataz, la mandataria anunció además la creación de la base permanente tipo Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) en Pataz para combatir la minería ilegal y al crimen organizado que opera en la zona. Esto último precisamente era un pedido de larga data, que pese a los ataques no se concretaba.
Boluarte detalló que este puesto tendrá una dotación especial de personal militar y policial. Ante ello, muchas voces se han alzado para solicitar al Gobierno un compromiso real con la promesa, pues sin esa cantidad de recursos, tanto de agentes como logísticos, será imposible tener resultados.
En declaraciones a RPP, Pablo de la Flor, gerente de asuntos corporativos de minera Poderosa, dijo que la propia Policía Nacional había indicado en reiteradas ocasiones que no contaban con el equipamiento ni la capacidad operativa hacer hacer frente a los mineros ilegales en galerías subterráneas.
“Es una zona en la que hay una presencia de mineros informales e ilegales, muchos de ellos protegidos por el Reinfo. Hay una enorme responsabilidad de aquellos que apoyaron una ampliación del Reinfo, que finalmente ha sido utilizada como una suerte de biombo para proteger la actuación de estos elementos ilegales. Sucede que hay un asedio hacia las operaciones formales con el propósito de tomar el control de la misma“, dijo.
Sin estrategia
El gobernador regional de Áncash, Koki Noriega, presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR), criticó en RPP la “falta de estrategia” del Ministerio del Interior (Mininter) para hacerle frente a las organizaciones criminales
“Tenemos un Mininter que no tiene estrategias, no sabe a dónde va y queremos nosotros, como regiones, decir: ‘señores, ustedes que son ente rector del Ministerio del Interior, díganos cuál es la pauta y estrategia para nosotros poder contribuir y apoyar en recuperar la tranquilidad de nuestros ciudadanos’. Y eso solicitamos al nuevo ministro del Interior, que nos convoque a los gobernadores y, de la mano, podamos trabajar también con los gobiernos locales“, sostuvo.
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