¿Quién es Orlando Sánchez Iparraguirre? el minero ilegal que impide el paso en la vía por donde se controlará a los camiones que sacan el oro de Pataz

Víctor Orlando Sánchez Iparraguirre es un minero de Pataz con mucho poder económico y conexiones e influencia sobre lo que ocurre en la convulsionada provincia del oro de La Libertad.

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Como El Comercio reveló en informes publicados en los últimos meses, es parte de un clan familiar de la minería informal con inscripciones en el polémico Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Aunque Orlando Sánchez ya ha sido retirado del registro, por lo que hoy tiene condición de minero ilegal, al menos tres hermanos suyos continúan con inscripciones vigentes en Pataz.

Los Sánchez Iparraguirre también poseen propiedades en distintas regiones y varios negocios. Algunos están relacionados con la minería: extracción de oro, polvorines para comercializar explosivos (esenciales en la minería de socavón que se desarrolla en Pataz) y empresas de transportes; otros negocios están ligados con el esparcimiento: un night club y el imponente Orlando’s, un moderno hotel de varios pisos con centro comercial y grifo.

Además de su poder económico, Orlando Sánchez, a quien la fiscalía abrió tres investigaciones por delitos ambientales, ahora ha generado un gran problema en las labores del Estado para fiscalizar los materiales y minerales que entran y salen de Pataz.

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Entre las propiedades que afirma poseer en la zona, hay una que bloquea la rehabilitación de la vía de Calquiche, donde se implementa uno de los tres nuevos puestos de control de la provincia de La Libertad. ¿Cómo se llegó a esta situación?

En mayo de este año, el gobierno de Dina Boluarte emitió el Decreto de Urgencia 006-2025, que dispuso varias medidas ante la violencia por las disputas entre las organizaciones criminales para controlar el negocio de la minería ilegal en Pataz.

Una de las disposiciones era la implementación de tres puestos de control para la “fiscalización, control y trazabilidad del transporte y comercialización de insumos químicos, explosivos y materiales relacionados, equipos y maquinarias que puedan ser utilizados en el ámbito de la pequeña minería y minería artesanal, así como productos obtenidos en dicha actividad”.

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Los puestos son Pamparacra, Shicun y Calquiche, ubicados en distintos puntos de Pataz. Estos se suman a Chagualito, que hasta ahora era el único lugar que fiscalizaba a los cientos de camiones que a diario salen de Pataz con toneladas de mineral aurífero, en muchos casos de procedencia ilegal.

Como El Comercio reveló el año pasado, Chagualito funcionaba en un container con equipamiento mínimo y solo dos policías de guardia por cada turno de ocho horas (con una mesa pequeña, dos sillas y una laptop).

De los tres nuevos puestos de control, Calquiche está en una zona estratégica: cerca del río Marañón y de la ruta por la que los camiones transitan con rumbo a Trujillo y otras ciudades de la costa peruana donde el mineral aurífero se procesa para luego convertirse en oro.

En Calquiche, como en los otros puestos de control, la fiscalización sería más estricta. Además de militares y policías, habrá funcionarios de distintas entidades: Sunat (incluido Aduanas), Sucamec (armas y explosivos), Sutrán (transporte), Migraciones y del Ministerio de Energía y Minas (Reinfo). También habrá balanzas para pesar el cargamento de minerales que circula por la zona y oficinas.

Pero en Calquiche ha habido problemas para implementar un tramo de 150 metros de la vía donde está el puesto de control. Se trata de la conexión entre las vías LI 125 y la LI 124, parte de la red vial departamental de La Libertad.

En el sector está Pampa de Calquiche, predio de Estanislao Ruiz Acosta, miembro de la comunidad campesina Leoncio Prado - Vista Florida y quien desde hace décadas vive en el lugar.

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El problema surgió porque Orlando Sánchez asegura que es posesionario de un terreno que abarca parte la vía, el cual está en un predio que, asegura, Estanislao Ruiz.

Como considera que parte de la vía es su propiedad, el minero ha puesto trabas para que la ruta no se rehabilite. Incluso cercó parte de la carretera, donde ahora hay cerros de arena, lo que dificulta más las labores en el lugar, algo que un equipo de El Comercio verificó en un recorrido por la zona.

Sánchez y otras personas llegaron a paralizar los trabajos de rehabilitación que se hacían en la vía con amenazas de muerte a los trabajadores, indicaron fuentes consultadas, las mismas que comentaron que existiría una alianza entre el minero y dirigentes de la comunidad. También comentaron que la intención de Sánchez es evitar la fiscalización de sus camiones que transportan el mineral.

En el sitio, El Comercio abordó a Ruiz, quien en un muy breve diálogo dijo que él le vendió a Sánchez el terreno hasta la falda del cerro, pero no la carretera porque eso le pertenece al Estado. “No he vendido eso señorita, por favor, déjenme tranquilo”, comentó.

No es la primera vez que se evidencia la influencia de Orlando Sánchez en Pataz. A fines de mayo, el minero ilegal estuvo en las inmediaciones de una mesa de trabajo multisectorial realizada en Pataz, que presidió el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero. En el evento, a Sánchez, quien estaba con su casco de seguridad y chaleco, se le vio regulando el ingreso de los asistentes a la mesa.

Consultada por El Comercio, Mirella Urrelo Seijas, gerente de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de La Libertad, señaló que en la vía del puesto de control de Calquiche hay una interferencia en los trabajos de rehabilitación.

“Ya deberíamos haber culminado las obras en julio; sin embargo, solo hemos avanzado un 70% debido a que el señor Orlando Sánchez ha hecho una denuncia [al GORE de La Libertad] aduciendo ser el propietario de la vía”.

[Los hermanos Sánchez Iparraguirre] han cercado con alambre y depositado desmonte de arena en una parte de la carretera a la que él llama su propiedad, que la adquirió al comunero de Leoncio Prado - Vista Florida, Estanislao Ruiz, hace algunos años”, recalcó Urrelo.

“Han puesto un montículo de arena. Sí, realmente están interfiriendo el trabajo, incluso se están haciendo vías alternativas para poder continuar la ruta”, acotó.

La funcionaria recordó que incluso su hermana Teonila Maura Sánchez Iparraguirre fue a la sede del GORE de La Libertad, en Trujillo, para amenazarlos con denunciarlos si las obras no se detenían.

“Definitivamente, esa es una vía regional y, por lo tanto, el señor no puede aducir que es suyo algo que es del Estado”.

Urrelo explicó que, apenas tomaron conocimiento de los hechos, se le comunicó al procurador público del GORE sobre las acciones legales que se iniciarán contra Orlando Sánchez.

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Este Diario buscó la versión de Orlando Sánchez, pero no lo ubicó hasta el cierre de este informe.

Pese a la situación descrita, en la zona ya laboran los funcionarios de fiscalización de distintas instituciones. Dyland Canto, inspector de Sucamec en Calquiche, explicó a El Comercio lo qué hacen para combatir la minería ilegal y el sicariato en Pataz.

“[En el caso de Sucamec], lo que hacemos es un trabajo de supervisión, control y fiscalización de armas, municiones y explosivos a todos los vehículos y camiones que transportan minerales de Pataz hacia Trujillo y otras partes del país”.

 “Tenemos al personal de la Sunat, que ve insumos químicos y bienes fiscalizados; al personal de Sutrán, que ve que se cumpla el reglamento del tema vehicular; el Minem, que ve que los mineros cuenten con su Reinfo vigente. Migraciones supervisa la condición migratoria de los extranjeros que ingresan sin papeles a esta zona del país y tenemos personal de la aduana que ve temas de delitos aduaneros”.

Según conoció este Diario, en los 15 días que el equipo multisectorial, liderado por el Ejército en coordinación con la Policía, está en la zona, se han decomisado explosivos, insumos químicos y detenido a extranjeros indocumentados.

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