Pataz: minero ilegal Orlando Sánchez controló el ingreso a mesa de trabajo convocada por el Minem

Unidad de Investigación

El 29 de mayo, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, presidió en la provincia de Pataz (La Libertad) la instalación de la “Mesa de Trabajo Multisectorial para el Desarrollo Sostenible”, ​​un espacio impulsado por el Ejecutivo para abordar la crisis de seguridad, informalidad y violencia en esta convulsionada zona minera.

Sin embargo, el evento no solo recibió a ministros, altos funcionarios, autoridades locales y representantes de organizaciones sociales. Fuera del recinto estaba Orlando Sánchez Iparraguirre, un personaje conocido en la zona que es investigado por delitos ambientales y cuya actividad minera ha sido formalmente revocada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), que había convocado al evento.

A pesar de su condición de minero ilegal, su presencia fue notoria: con casco de seguridad y chaleco de rondero, Sánchez fue grabado y fotografiado en la entrada del recinto, donde –según constató este Diario– reguló el ingreso de asistentes, bloqueando el paso a algunos y permitiendo el de otros.

Actualmente excluido del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), Sánchez tiene la condición de minero ilegal. Aunque no ingresó al evento, se desplazó con libertad por la entrada principal, donde los ronderos controlaron el ingreso de participantes, entre ellos, de la Compañía Minera Poderosa, como evidencia un video al que accedió este Diario.

La presencia de Sánchez no es menor ni fortuita. Como reveló la Unidad de Investigación de El Comercio, tanto él como su hermana Teonila Sánchez Iparraguirre han acumulado poder económico en Pataz a través de actividades vinculadas a la minería informal.

Ambos cuentan con múltiples propiedades, centros de esparcimiento, night-clubs, empresas de transporte de minerales, entre otros. Además, Orlando Sánchez es dueño del hotel Orlando’s, un imponente edificio entre los cerros de Pataz donde se firman los contratos de alquiler de polvorines.

Entre los representantes de las organizaciones sociales que sí participaron en el evento estuvo José Torrealva Yparraguire, presidente de la Asociación de Mineros Artesanales de Pataz (AMA Pataz).

​​Torrealva, investigado por el presunto delito de minería ilegal, es dueño de la empresa Inversiones Daymart, una de las que más mineral aurífero movilizó en el 2024 desde Pataz. Además, tiene otras tres empresas dedicadas al comercio y minería.

Según información de este Diario, registra 28 visitas en el Congreso, la mayoría entre setiembre y noviembre del 2024, cuando se debatía la ampliación del Reinfo en el Legislativo

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Horas después de culminada la actividad, el alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariño, quien participó del evento, suscribió un pronunciamiento conjunto con dirigentes de organizaciones sociales y el alcalde distrital de Pataz, Segundo Armas, para expresar su rechazo a la instalación de la Mesa de Trabajo.

Según el documento, hubo “una conducta impositiva” de parte de las autoridades, por lo que exigieron al Ejecutivo instalar una mesa de diálogo “formal y democrática” en un plazo máximo de 72 horas; de lo contrario, advirtieron que se podría dar un “acto de desborde social”.

También exhortaron que, en el mismo plazo, se levante la medida de suspensión de actividades mineras, que dispuso el Gobierno tras el asesinato de 13 trabajadores en esta zona convulsionada por la violencia, criminalidad y minería ilegal.

Consultado por El Comercio, el director de la Dirección General de Formalización Minera, Máximo Gallo, afirmó que la Mesa de Trabajo se instaló sin problemas y con la conformidad de los presentes, además de desarrollarse de manera “pacífica”.

“Es absurdo [lo que señalan en el comunicado], en ningún momento en la reunión lo dijeron. Al contrario, terminando [el evento] se aplaudió y salimos de la reunión”, sostuvo.

No obstante, reconoció que hubo un debate respecto al levantamiento de la suspensión de actividades mineras. “Lo que ellos quieren inmediatamente es que se restituya. Ese es el punto central de discusión. Lo que se les dijo fue que eso depende de que se consigan los objetivos de lo que es seguridad pública en la zona”, indicó.

Gallo indicó que, pese a lo manifestado por las autoridades locales, la mesa quedó instalada y quedarán a la espera de que, en un plazo de 5 días, las organizaciones acrediten a sus miembros titulares y alternos.

Sobre la participación de actores vinculados a investigaciones por minería ilegal, como Orlando Sánchez, Gallo aseguró que “el ingreso estuvo custodiado por la Policía”. Además, dijo que Sánchez no participó en la mesa.

Respecto a José Torrealva, presidente de AMA Pataz, manifestó que lidera “una organización que está reconocida”.