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“Nunca más la minería que no sea amigable con las comunidades y con la naturaleza”, dijo el martes Eduardo González, ministro de Energía y Minas, en su presentación ante el Congreso para sustentar el presupuesto de su sector para el 2022. “Tenemos la necesidad de conservar el bosque, la naturaleza, la Amazonía”, dijo también.
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González se refería a la gran minería, en un contexto de desentendimientos entre el sector privado, el Parlamento y el Consejo de Ministros. En cambio, no dijo nada del problema de la minería informal. Alrededor de esta actividad sí hay consensos, aunque esto no sea necesariamente una buena noticia.
Unos días antes, el 13 de noviembre, el viceministro de Minas, Jorge Chávez, y el director general de Formalización Minera, Alberto Rojas, firmaron un acta que establece que “el Ministerio de Energía y Minas se compromete a realizar las gestiones que resulten necesarias con el Congreso para impulsar la aprobación del proyecto de ley que aprueba la ampliación del plazo del proceso de formalización minera”.
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La región Madre de Dios es una de las mayores zonas de minería informal, pero hay apenas 156 mineros formalizados. (Foto referencial: El Comercio / Archivo)
/ A través de la formalización, se busca que los mineros cumplan determinados requisitos laborales, tributarios, técnicos y ambientales. Este proceso ha sido lento y burocrático. Según el propio ministerio, en Madre de Dios, una de las mayores zonas de minería informal, hay apenas 156 mineros formalizados, y otros 40 en Puno, donde también abunda esta actividad económica. En cambio, hay miles que se mantienen en situación de informalidad.
El proceso culminaba el 31 de diciembre de este año, luego de que ya había sido ampliado en años anteriores, la última de ellas durante el gobierno de Martín Vizcarra.
En el Congreso, el principal promotor de esta ampliación es el parlamentario Eduardo Salhuana. Vocero actual de Alianza para el Progreso, años atrás fue asesor legal de la Federación de Mineros de Madre de Dios (Fedemin) y está muy vinculado al sector.
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En estas últimas semanas, las gestiones entre los mineros, los parlamentarios y el ministerio surtieron efecto. Ayer, la Comisión de Energía y Minas aprobó por unanimidad el predictamen del proyecto de ley que establece ampliar ese plazo por tres años más, hasta el 31 de diciembre del 2024.
“Es un plazo razonable, prudente”, dijo Salhuana desde Madre de Dios, donde se encontraba (participó en la sesión del Congreso de manera virtual). Inicialmente se había propuesto que fuera hasta el 2023, pero él insistió en que extendiera hasta el 2024.
“No es una ampliación más. Este plazo permitirá construir una nueva normativa que nos permita reestructurar el proceso”, dijo por su parte el director de Formalización Minera del ministerio, Alberto Rojas.
Los especialistas en la materia coinciden en señalar que las constantes ampliaciones de plazos no funcionan como un incentivo para quienes desean formalizarse, y que por el contrario permiten que nuevos mineros se sumen a la extracción no fiscalizada de oro en la Amazonía, lo cual agrava el problema.
Opinión
César Ipenza, abogado especialista en materia ambiental
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En el 2002, hace 19 años, se promulgó la Ley de Formalización Minera para que aquellos que venían operando y no conocían las normas pudieran formalizarse y adecuarse. Sin embargo, quienes nos gobiernan pretenden llevar esta situación extraordinaria a un proceso permanente y ordinario.
No es posible que se siga explotando y destruyendo nuestro patrimonio común en beneficio de un grupo, que facilita actividades ilícitas, controla espacios de decisión, emite normas a interés de quien los financia y, sobre todo, con impunidad, pues de acuerdo a las normas actuales, no hay responsabilidad penal para mineros informales que estén dentro del proceso de la formalización minera.
Esta casi eterna formalización nos lleva a una inoperancia permanente por parte de las autoridades del Ministerio de Energía y Minas y los gobiernos regionales. Si las criticas van hacia el fracaso del proceso, este se debe en gran medida a que no existen incentivos reales para formalizar cuando, cada cierto tiempo, se extiende la formalización y se abren las puertas para que ingresen nuevos mineros.
El Estado ha sido tomado por intereses de la minería informal que en la práctica, por impactos e incumplimientos, es la misma que la minería ilegal.
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