El futuro otorgamiento de rutas para colectivos por parte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, podría presentar un riesgo para la población. No solo por el hecho de que la mayoría de autos que ejercen este servicio no son el modelo adecuado ni el más seguro, como las minivanes, Tico o sedán, sino también por los vínculos que este servicio ha tenido con bandas que los protegen y que lucran con el control territorial por medio de las extorsiones y el cobro de cupos.
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Un informe publicado como parte de la campaña No Te Pases de El Comercio puso al descubierto que el MTC busca autorizar 190 rutas para el paso de colectivos y vehículos de categoría M2 y M1 en el norte del país. Estas se extenderían desde Tumbes hasta la Libertad por la carretera Panamericana Norte hasta Cajamarca y San Martín. El transporte informal, precisamente en estas regiones, ha estado dominado por redes de cobro de cupos, que también verían incrementado su rango de operaciones porque fomentará el aumento de vehículos que hagan este servicio.
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Martín Ojeda, gerente general del gremio de transporte interprovincial (Cotrap Apoip), denunció que las empresas de transporte formal podrían verse sumamente afectadas y vulnerables ante bandas organizadas de extorsionadores que podrían penetrar las nuevas vías. Estos podrían operar en conjunto con gremios colectivos, puesto que, según denunció el vocero, actualmente existen mafias criminales que exigen pagos de cupos a empresarios que cuentan con grandes flotas de buses interprovinciales.
“Los colectiveros no respetan frecuencias de viajes, horarios, horas de descanso, categorías de licencia de conducir, límites de velocidad, entre otros”, dijo. Además, refirió que son varios los paraderos autorizados que están tomados por matones que no permiten el ingreso de los buses para que los autos colectivos, que ofrecen sus servicios informales, se vean favorecidos generando una competencia violenta y desleal.
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Este Diario ha informado en diversas entregas que los extorsionadores, donde ven oportunidad de negocio ilícito, buscan penetrar para imponer sus reglas delictivas. En este caso, la informalidad de los colectivos más el poco control que podría haber en las rutas, crearía un espacio perfecto para que grupos organizados inicien maniobras extorsivas y control territorial.
Cabe resaltar que, según datos de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri, de enero a agosto de este año, el 71% de incidencia de denuncias por extorsión se concentró en Lima (6591 casos), La Libertad (1714) y Piura (749).
Una realidad delictiva
Si bien los colectiveros representan un peligro por su vinculación fuerte con la informalidad y la cadena delictiva que acarrea detrás, ellos también pueden ser víctimas de estas mismas bandas criminales que extorsionan. Muestra de ello, hace unas semanas, un hombre fue asesinado en el distrito de Surco luego de que se negara a pagar un cupo de cinco soles en un paradero.
Esa lamentable acción de los hampones fue solo una muestra de lo que pueden hacer si, como dicen en su modus vivendi criminal, no se ajustan las personas a su línea delictiva. Es decir, si los choferes no pagan, no obedecen ni aceptan sus términos y condiciones para circular en las vías que controlan o estacionarse en los paraderos que prácticamente poseen.
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El coronel PNP Luis Carpio, jefe de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri, afirmó que el cobro de cupos al sector transporte es una modalidad extorsiva que se ha diseminado a nivel nacional.
“Existen bandas criminales que se dedican a ello. Usan diversos métodos intimidatorios como son las llamadas telefónicas, los mensajes de texto, audios, colocación de artefactos explosivos en las empresas y también el envío de manuscritos. Con esto buscan que las víctimas paguen un cupo diario que puede variar hasta ser mensual”, declaró el oficial.
Asimismo, detalló que en la capital estos casos se registran con mayor incidencia en los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Villa El Salvador y el Cercado de Lima. “Los extorsionadores siempre se enfocan en los paraderos. Ellos van directamente a esos puntos, identifican a las personas a cargo, a los dirigentes, porque son ellos quienes representan a las asociaciones de mototaxistas, transporte público y de otra naturaleza”, dijo.
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Por su parte, el coronel PNP Víctor Revoredo Farfán, jefe de la División de Investigación de Homicidios, informó que los espacios informales son de gran interés de grupos criminales que creen que se tratan de zonas liberadas como en otros países.
“Tenemos que hacer un esfuerzo para tratar de buscar la formalidad. El día que nosotros busquemos eso, vamos a encontrar una convivencia pacífica. Mientras continuemos en la informalidad, seremos penetrados porque es ahí donde están las mentes criminales que quieren, a su manera, someter esos espacios”, comentó el coronel con respecto a los casos de sicariato por la lucha del control territorial en paraderos informales.
En tanto, el coronel Carpio aseguró que si bien existe una desventaja en la investigación de casos de extorsión a nivel nacional por la falta de capacitación de personal, desde su división se están duplicando los esfuerzos para realizar viajes para capacitar a los agentes.
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“Como operadores de justicia estamos innovando nuestras estrategias para combatir este tipo de modalidad delictiva que cada vez se va perfeccionando. Una denuncia oportuna es valiosa para nosotros porque desde un inicio vamos a tomar conocimiento de la modalidad que ellos emplean para atemorizar a las víctimas. Esa información primigenia sirve para concatenarla con las diligencias y también poder crear hipótesis de trabajo que nos llevarán a la identificación de las personas, el móvil “, concluyó.
Las víctimas de extorsión pueden denunciar en una comisaría cercana, Depincri o en la misma Divise. También llamando a la línea 1818 del Ministerio del Interior o al número 942841978 donde hay un servicio permanente que atiende todo tipo de llamadas que estén vinculadas a la extorsión.
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