La ciudad de Puerto Maldonado lleva bloqueada exactamente un mes y las consecuencias están sacudiendo a miles de familias. Hay desabastecimiento total: por los ingresos a la ciudad no pasan alimentos, ni combustible ni gas doméstico. A solo cien kilómetros de allí, mientras los ciudadanos tratan de subsistir a esta crisis, los campamentos y zonas de minería ilegal, como La Pampa, continúan operando y ganando terreno mientras obtienen suministros sin problemas.
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Duro contraste
En la capital de Madre de Dios, el combustible para vehículos y cocinas escasea por completo: desde hace dos semanas los ciudadanos no lo consiguen en ningún lado. A esto se suma una gran demanda de alimentos como frutas, verduras y tubérculos que también están agotados o cuyo precio se ha incrementado exponencialmente. Un tipo de fruta como la manzana verde puede costar hasta 20 soles el kilo y el de tomate 15 soles, cuatro veces su precio normal.
En las calles, todos los negocios y comercios se mantienen cerrados por obligación y amenaza de sujetos que rondan gritando amenazas contra quienes se oponen a su protesta.
“El 90% de la población vive del día a día y gana aproximadamente 40 a 50 soles al día. Al que sale en el mototaxi, le pegan; el que quiere abrir su puesto, lo obligan a poner carteles del paro, si no, les rompen el puesto”, comenta Fred Ruperto Inti Bocángel, presidente de la Cámara de Comercio de Madre de Dios.
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Sin embargo, lo que se vive en otros puntos de Madre de Dios, como La Pampa, territorio devastado por la minería ilegal en plena zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, es completamente diferente. Este tipo de economía ilegal opera sin ningún problema.
Guimo Loayza, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo de Madre de Dios, dice que no queda un solo galón de combustible. “La semana pasada llegó un cisterna con solo 4.100 galones, pero no ha sido suficiente. La gente ha dormido en las proximidades del grifo para conseguir”, relata. Por el contrario, fuentes de El Comercio indicaron que en zonas de minería ilegal se trabaja con combustible sin problema.
Los bloqueos en diversos puntos de la carretera Interoceánica también impiden que las autoridades ingresen a la zona. Todo ello ocurre a pesar de que desde el 15 de enero hasta el 15 de febrero las provincias de Tambopata y Tahuamanu, del departamento de Madre de Dios, están en estado de emergencia. El exministro del Interior, Rubén Vargas, opinó que la actual crisis política y social distrae la atención de las fuerzas del orden sobre este problema, al tratar de controlar el orden ciudadano, pero desatendiendo problemas como los que generan las economías ilegales.
El ministro de Defensa, Jorge Chávez, advirtió que la minería ilegal estaría controlando el ingreso de alimentos y suministros en Puerto Maldonado. La exfiscal de Madre de Dios, Karina Garay, coincidió: “se está aprovechando las manifestaciones para que la minería ilegal continúe sin que haya ningún control”.
Además, Garay dijo: “se tiene conocimiento que ayer han ingresado vehículos de combustible, pero estos nunca llegaron a Puerto Maldonado. Desde Laberinto se cerró el paso. La pregunta es: ¿a dónde se fueron esos camiones? Pues a La Pampa y zona minera”.
Como se grafica en el siguiente mapa, los bloqueos en diversos puntos de la carretera Interoceánica -como puente Cigarra, puente Aguas Frías, Santa Rosa, Santo Domingo, y en Mavila, por la entrada a la ciudad de Puerto Maldonado- impiden que autoridades ingresen a la zona y esto privilegia a las economías que trabajan al margen de la ley.
El financiamiento
Hace unas semanas, este Diario informó que el líder del comité de lucha de Madre de Dios, Brussi Elwis Apaza Vilcapaza, estaría vinculado con la minería ilegal de La Pampa y algunos actos vandálicos en la región durante las manifestaciones.
Asimismo, su resguardo serían los miembros de seguridad de los mineros ilegales, un grupo violento que protege la zona de minería ilegal.
Estos mismos serían quienes cobrarían los cupos a los mineros ilegales y comerciantes de la zona para financiar parte de los bloqueos y viajes a Lima. Asimismo, los que amedrentarían a los negocios en Puerto Maldonado.
Según fuentes de La Pampa, Apaza Vilcapaza se habría autodenominado presidente del frente de defensa de las diversas actividades económicas de La Pampa. Además, su resguardo serían los miembros de seguridad de los mineros ilegales, denominados ‘Los Guardianes de la Trocha’, un grupo paramilitar que controla y protege la minería ilegal con el cobro de cupos.
Este grupo sería quienes cobran cupos en las zonas de minería ilegal para luego financiar los bloqueos y viajes a Lima. Estos solicitaban financiamiento de 500 soles a cada motor que ingresa a trabajar a la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata con el objetivo de recaudar dinero para poder viajar a Lima o continuar con el paro.
Otra forma de recaudar dinero sería pidiendo financiamiento a las tiendas o negocios de La Pampa. A cada uno les solicitaban 300 soles. Si los comerciantes se negaban, los amenazaban con pistola.
Apaza, en una entrevista para este medio, negó las acusaciones pese a los testimonios de los mismos dirigentes de las comunidades de La Pampa. Asimismo, el presidente de la Coordinadora Minera de Madre de Dios, Erasmo Sumalave, sostuvo a la prensa local que la minería no financiaba las protestas.
Amenazas a periodista
El 27 de enero, Manuel Calloquispe, colaborador de El Comercio y quien publicó en este Diario la relación entre los mineros ilegales de La Pampa y ciertos bloqueos, fue amenazado. Instantáneamente tuvo que dejar Puerto Maldonado, acompañado por la Policía, para que su vida no corra riesgo.
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“Más de 200 personas rodearon mi casa”: el testimonio de Calloquispe
“Tu cabeza estaba en la mira, que bien que te hayas salido de la ciudad”, me escribió una fuente al día siguiente de mi escape de la ciudad de Puerto Maldonado. Me dijo, además, que “la cabeza del gobernador también estaba en la mira”. Eso les decían a los huelguistas que bloqueaban la vía Interoceánica en el sector Santo Domingo un grupo de la seguridad de los mineros ilegales de La Pampa.
Esos mensajes confirmaban lo sucedido los días 26 y 27 de enero: mientras realizaba mis transmisiones en vivo para Latina, me llegaban capturas de pantalla de conversaciones del grupo de WhatsApp de los huelguistas con amenazas. Los mensajes decían: “A Calloquispe lo quieren matar por traidor”, “al corresponsal que está hablando puras mentiras hay que hacerlo correr”.
Yo llamé al canal y este coordinó con el Ministerio del Interior mi salida. Al mismo momento en que atacaban la casa del gobernador (27 de enero), un grupo de 200 personas rodeaba mi casa. Llevaban un parlante donde se escuchaba: “Esta es la casa de Calloquispe, aquí vive Calloquispe”. En paralelo, un jefe policial me llama y me dice que salga con lo que tenga y suba al patrullero que me esperaba en la esquina. Mi hijo y yo salimos con lo que podíamos llevar y así logramos salvar nuestras vidas.