Retiro de cableado de postes: ¿quiénes son responsables de las marañas de cables en las ciudades?

“Esto se puede convertir en una tragedia en cualquier momento. Nosotros avisamos siempre que estos cables están muy pegados y como si fuera una teleraña. Hasta que no se ha generado un cortorcircuito no se ha parado”, señaló Carlos Souza, vecino de esta zona de San Miguel. Bresia Navarro indicó que “los cables son un peligro por el cortocircuito, pero también son un problema de contaminación y suciedad”

El caso de San Miguel no es aislado. No son pocas las veces que vecinos y autoridades han elevado quejas por el paupérrimo estado del cableado aéreo en las diferentes ciudades del país. En octubre pasado, el Congreso de la República aprobó la ley 31595, buscando subsanar esta situación que, por largo tiempo, se han consolidado bajo el aval de las entidades fiscalizadoras y responsables. Este domingo se publicó el proyecto de reglamento.

A través de la ley ‘que promueve la descontaminación ambiental y establece el retiro del cableado aéreo en desuso o en mal estado en las zonas urbanas del país’, el Congreso instó a “las empresas concesionarias de servicios de electricidad y de telecomunicaciones, así como las empresas proveedoras de infraestructura” a retirar en un plazo no mayor a veinticuatro meses el cableado en mal estado o en desuso.

Si bien la ley estableció una agenda de 90 días calendario para presentar el reglamento, no fue hasta este 9 de julio, más de 250 días luego, que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó el proyecto del reglamento. Ciudadanos, empresas y entidades pueden enviar observaciones al MTC dentro de un plazo de diez días hábiles, contados a partir de este 10 de julio.

Este reglamento señala que tanto empresas como proveedores tendrán un plazo máximo de seis meses, desde que se oficialice el reglamento, para identificar y comunicar sobre el cableado aéreo, aquel que recorre a la altura a través de postes, en desuso que debe ser retirado. Deberán realizar lo mismo para los cables en mal estado, pero dentro de un plazo de doce meses. Las entidades de fiscalización ambiental también podrán indicar a las empresas el cableado a ser retirado.

Dos años de ejecución

Una vez se identifique el cableado, las empresas y proveedores de infraestructura “están obligadas a retirar el cableado en mal estado o en desuso de su titularidad, una vez que este haya sido identificado”. El plazo para la identificación y el retiro de todo el “cableado en mal estado o en desuso en zonas urbanas es de 24 meses, contado desde la entrada en vigor del presente Reglamento”.

Para esto, el proyecto señala que las empresas y proveedores deberán notificar a las municipalidades correspondientes sobre las fechas de ejecución y los planes de acción. Cabe mencionar que no será necesaria la emisión de una autorización o acto administrativo por parte del municipio y serán las empresas las encargadas de la limpieza pública del área de trabajo.

Kilómetros de cable

Avenidas enteras son acompañadas por cables, muchos de los cuales no están operativos o no están en estados óptimos. Foto: Anthony Niño de Guzmán

1/3

Riesgo inminente

Además de la contaminación visual que representa el paupérrimo estado del cableado en el país, existen riesgo para los técnicos operadores y la continuidad de servicios de telecomunicación en caso de incidentes. Foto: Anthony Niño de Guzmán

2/3

Sobrepeso

La inmensa carga de cables también afecta el estado de los postes, los cuales se debilitan y se inclinan al no soportar el peso. Esto ya ha causado daños e, incluso, la muerte. Foto: Anthony Niño de Guzmán.

3/3

Una vez finalizado el plazo, las municipalidades competentes podrán “realizar las acciones de fiscalización que le permita constatar que el cableado en mal estado o en desuso ha sido debidamente retirado”. La propuesta del reglamento también menciona que los municipios deberán “comunicar con la debida anticipación a los propietarios de los inmuebles circunscritos al área de ejecución”, así como los horarios y vías afectadas.

Fraccionamiento de responsabilidades

Entre la maraña de cables recorren dos tipos de redes principales: aquellos que transportan energía eléctrica y los que conectan los servicios de telecomunicaciones. Cada tipo no solo representa a un conjunto de empresas por separado, sino que son regulados por entidades diferentes, las cuales tienen comportamientos heterogéneos.

El caso de los cables de energía es supervisado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). El reglamento propone, además, que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa), supervise el retiro del cableado del servicio de electricidad en mal estado o en desuso.

Para los servicios de telecomunicaciones, la entidad reguladora es el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). Asimismo, el MTC tiene capacidad supervisora. El reglamento menciona que el Ministerio no transferirá sus funciones al OEFA. En tal sentido, al nivel más alto de gobierno también existe una división.

Finalmente, las municipalidades supervisarán la correcta ejecución del retiro del cableado en mal estado o en desuso en el marco de sus competencias como autoridad local. Tanto estas como el OEFA y el MTC deberán coordinar con Osinergmin y Osiptel en el proceso de retiro de cableado. En la ley 31595, publicada en octubre pasado, se dispone el Oefa puede imponer multas entre cinco y veinte Unidades Impositivas Tributarias.

Critican inacción por parte de Osiptel

El Comercio conversó con Luz del Sur, empresa que opera más de once mil kilómetros de cableado de media y baja tensión, quienes se mostraron a favor del proyecto de reglamento. Explicaron que toda la red administraba por ellos se encuentra operativa y que la problemática estaría vinculada a las instalaciones por parte del sector de telecomunicaciones. La empresa Enel se pronunció de manera similar.

La razón detrás del buen estado y el constante mantenimiento de la red de Luz del Sur se debe, según mencionó la empresa, a la constante fiscalización por parte de Osinergmin, la cual impone multas en caso de incumplimiento. Esto, añadió Luz del Sur, no se estaría realizando por parte de Osiptel, el cual atribuye dicha labor fiscalizadora a las municipalidades.

Osiptel mencionó a El Comercio que sus funciones se “centran en la supervisión y regulación de la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones por parte de las empresas operadoras”, aludiendo que carecen de competencia para pronunciarse respecto de casos relacionados a infraestructura tales como cableado.

Según el reglamento general del Osiptel, la institución “tiene por objetivo general, regular, normar, supervisar y fiscalizar, dentro del ámbito de su competencia, el desenvolvimiento del mercado de servicios públicos de telecomunicaciones y el comportamiento de las empresas operadoras, las relaciones de dichas empresas entre sí, y las de éstas con los usuarios”.

La empresa Movistar informó a El Comercio que en los últimos cuatro años han logrado retirar más de 208 toneladas de cable en más de 14 mil cuadras a nivel nacional. “Es importante destacar que este logro ha sido posible gracias a la estrecha colaboración que hemos mantenido con diversas municipalidades en todo el país”, señaló la empresa.

Por su lado, Osinergmin expresó que se “ha verificado a través de la supervisión que realiza continuamente, que los cables en desuso y en mal estado corresponden a instalaciones de telecomunicaciones”. “La fiscalización a las instalaciones eléctricas, por seguridad pública, es permanente a nivel nacional y en caso que las Empresas Distribuidoras de Electricidad incumplan la normativa sobre seguridad pública se Inicia el correspondiente proceso sancionador”, agregó la entidad ante este Diario.

Luz del Sur advirtió que las empresas de telecomunicaciones han instalado sus redes sin mantener las distancias normadas con los cables de energía, generando un riesgo para la salud de los operarios y para la continuidad de los servicios en caso se generen cortos circuitos u otros incidentes.

En comunicación con este Diario, el ingeniero Darwin León, presidente del capítulo de Ingeniería eléctrica del Colegio de Ingenieros del Perú – CD LIMA, reafirmó que las redes de telecomunicaciones no estarían cumpliendo la normativa. A su vez, arguyó que la sobrecarga de los postes por el peso de las conexiones los debilita, cosa que se ha registrado con la caída de estos de manera repentina o ante impactos vehiculares.

El vocero también refirió que mientras Osinergmin sí mantiene una conducta fiscalizadora, Osiptel “no lo hace”, pese a tener las facultades. Por su parte, Osiptel informó a El Comercio que sus funciones “se centran en la supervisión y regulación de la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones por parte de las empresas operadoras”, agregando que “carece de competencia para pronunciarse respecto de casos relacionados a infraestructura tales como cableado”.

En el escrito enviado a este Diario, Osiptel expresa que “la competencia para fiscalizar y sancionar el retiro de infraestructura, incluyendo cableado aéreo, corresponde a las municipalidades”. “La competencia del Osiptel se centra en verificar que los trabajos del retiro no afecten la prestación del servicio de telecomunicaciones”, añadieron.

“Podríamos decir que Osiptel no cumple [con sus funciones] y es más una mesa de partes para las empresas de telecomunicaciones”, argumentó el ingeniero León. Adicionalmente, expresó que la entidad tiene como una de sus funciones la fiscalización “pero vemos que no lo hacen. Tampoco desarrollan normativa”, cosa que también está tipificado por ley como una de sus actividades.

Esta inacción por parte de Osiptel y de la de las municipalidades son, de acuerdo con el especialista, la razón por la cual el gobierno se ha visto obligado a promulgar una ley específica para esta situación.